Illa, el Gatopardo sanchista

El PSC de Salvador Illa Roca (La Roca del Vallès, Barcelona, 59 años) no quiere ni el burka ni el niqab en Lérida. Hace tres días, este partido llamaba fascista a Vox por rechazarlo en toda España, y hoy un alcalde socialista quiere eliminarlo de las calles leridanas. Por si fuera poco, en estos días de polémica por el sintagma de la prioridad nacional introducido en los pactos de Vox con el PP, va el presidente catalán y anuncia que para prorrogar su permiso de residencia los inmigrantes tendrán que acreditar que saben catalán. Es decir, si la prioridad es nacionalista catalana, bien; si es española, es propia de racistas. Estas son las cosas que tiene el Molt Honorable, que sigue escurriéndose con maestría de todas sus responsabilidades, para lo cual vive eternamente de perfil. Su peor papel lo representó durante la pandemia, con la más nefasta gestión de toda Europa, basada en el ocultamiento del número de españoles que murieron por culpa de la Covid-19 y la culposa dejación de funciones de su Ministerio, escondido tras el oportunista concepto de la cogobernanza con las comunidades autónomas. Estudiante de los escolapios y licenciado después en Filosofía, no había cumplido los 30 años y empezó a vivir del erario como alcalde de su pueblo. De ahí, hasta hoy como presidente de la Generalitat, nunca le ha faltado nómina pública.

La última vez que lo ha bordado como réplica perfecta de Poncio Pilatos ha sido con la imputación de su actual jefe de Gabinete, el exalcalde de Esparraguera, Eduard Rivas. Su mano derecha está siendo investigado por haber malversado dinero público en contratos irregulares para la limpieza y mantenimiento del municipio barcelonés. Después de nueve años como edil, en agosto 2024, tras la investidura de su hoy jefe y amigo, abandonó el Ayuntamiento para convertirse en la persona de máxima confianza de Illa. Es un caso muy feo, pero, siguiendo el magisterio de Sánchez, nada de lo humano le afecta. Mientras sea un invitado de honor en los veranos de La Mareta, tiene garantizado el sustento. En esas veladas en el atardecer atlántico Pedro y Salvador han soñado repetidamente con que el PSC pueda seguir aportando al coleto electoral de Sánchez un 15 % de votos indispensable, como ocurrió en julio de 2023, y desangrando a ERC, convertido en el pagafantas perfecto. El ibuprofeno ha hecho efecto y hoy ese territorio es un remanso de paz. ¿Gracias a quién? A Pedro y Salvador. Y ¿por qué? Pues no por la diligencia que ellos venden, sino porque han asumido todas las exigencias de los que perpetraron el golpe: indultos, amnistía, pacto fiscal, bloqueo a la operación de BBVA con el Sabadell, incumplimiento de las sentencias para el uso del castellano en las aulas… Illa es una especie protegida para Sánchez.

Con un tono monocorde que saca de quicio a sus rivales constitucionalistas, que conocen bien que detrás de sus buenas formas y su fama de negociador hay un criptonacionalista de libro, repite continuamente que hay que superar el procés y solucionar los problemas de los catalanes. Es decir, hay que venderse al separatismo y renegar de la vocación igualitaria que decía defender la izquierda, para que Pedro siga en la poltrona. Illa es de los que, para defender los privilegios de su región, avala que quien más tiene, debe recibir todavía más. Un día, Salvador Illa cogió los votos constitucionalistas que recibió en 2021 y se los dio a Junqueras para aprobar la liquidación del castellano en las aulas catalanas. Desprovisto ya de cualquier atisbo de compromiso constitucional, Illa llegó a plantear una consulta en Cataluña, camuflada de referéndum constitucional, para legalizar por la vía de los hechos el «derecho a decidir de los catalanes».

Casado y con dos niñas, este hijo del dueño de una pequeña fábrica textil y mayor de tres hermanos fue director de Infraestructuras de Justicia del Gobierno de Montilla, hasta que quedó en paro tras ser cesado por los sobrecostes en algunos de sus proyectos estrella. Así que, ante el páramo de la crisis de 2008, le contrataron en una productora de dibujos animados (labor muy conectada con sus competencias como filósofo). Dicho y hecho: la ministra de Cultura de Zapatero, Ángeles González-Sinde, inyectó a la compañía 422.000 euros en subvenciones. En cuanto el bueno de Salvador abandonó la empresa, la productora dejó de recibir dinero público.

En 2020 fue mandado a vegetar al Ministerio de Sanidad por Pedro Sánchez. Pasó del «no hacen falta» las mascarillas al «son obligatorias»; colocó al doctor Simón de coordinador de pandemias, que fue una medida terapéutica potenciadora del dolor: una calamidad, en suma; nunca dio explicaciones sobre la abultada diferencia entre el número de muertes por coronavirus reconocidas por Moncloa y las que contabilizaba el INE; nos vendió un comité de expertos fantasma; y finalmente la Justicia abrió diligencias porque compró mascarillas para los sanitarios que eran defectuosas y que no les impidieron los contagios en sus puestos de trabajo. Perdió impávido valiosas semanas hasta adoptar las medidas contra la infección y autorizó la imprudente manifestación feminista del 8 de marzo, colocando a España en el tercer puesto de los países con más fallecidos por millón de habitantes, según la OMS.

Este gatopardo lampedusiano con cara de no haber roto nunca un plato, tiene la vajilla hecha añicos. Pero curiosamente vive ajeno a la polémica. De vez en cuando viaja a China, siguiendo la particular ruta de la seda de Pedro y ZP, y vulnera la Constitución en materia lingüística. Que todo cambie para que Salvador siga siendo igual.