Aldama seguirá la estela de la UCO contra Ábalos y Koldo y apuntará la responsabilidad 'in vigilando' de Sánchez

«Si Pedro Sánchez quiere pruebas que no se preocupe, las tendrá». La premonitoria frase del empresario Víctor de Aldama, a su salida de prisión provisional, en noviembre de 2021, cobra más sentido que nunca, este miércoles, en el Supremo. El comisionista declara como acusado en el ‘caso mascarillas’ dispuesto a tirar de la trama de la corrupción socialista, todavía más, con pruebas adicionales, algunas derivadas inéditas y la firme determinación de cerrar el círculo de las responsabilidades gubernamentales en los contratos de compraventa de material sanitario, durante la pandemia.

Y, para ello, según ha podido adelantar El Debate, seguirá la estela perfectamente definida por los investigadores de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, contra el «binomio» conformado por el ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García Izaguirre. Pero, también, escalará hasta las «más altas instancias» sobre las que, de acuerdo con los agentes judiciales, Ábalos tuvo influencia «cualificada», por su condición de ministro. Entre ellos, otros miembros del Ejecutivo y el propio Pedro Sánchez, como responsable in vigilando de lo que sucedía en su círculo político, pero también personal, más cercano.

Aldama está dispuesto a apuntar hasta el presidente y su papel de cooperador necesario para que la trama, que pagó comisiones irregulares a sus compañeros de banquillo, tanto Ábalos como Koldo, a cambio de favores en la Administración y de adjudicaciones públicas, previamente amañadas, lograse buena parte de sus objetivos sin intervenir para evitarlo. Una línea que ya esbozaron el teniente coronel Antonio Balas y el comandante Montes, de la UCO, este mismo lunes, en al menos dos ocasiones de su comparecencia como testigos cualificados, en el Alto Tribunal.

No en vano, ambos agentes destacaron en la Sala de Plenos donde se celebran las vistas de esta causa especial cómo, ante una de las peticiones formuladas por la «presunta organización criminal» concertada para delinquir, a través de Aldama -en relación con el viaje de Delcy Rodríguez a España- era el propio Ábalos el que certificaba a Koldo que Sánchez había sido informado y, en consecuencia, estaba al tanto. «Al menos el jefe no me ha dicho que no», explicaba el ex ministro a su ex asesor.

Precisamente, Aldama aportará nuevos datos sobre la visita de la hoy presidenta interina de Venezuela a nuestro país, pese a las sanciones de la Unión Europea que le impedían pisar territorio comunitario. En concreto, el empresario quiere explicar las razones reales que llevaron a buena parte del Gobierno a contribuir en su llegada y estancia, así como el auténtico objetivo de la misma.

Cinco nombre propios, señalados

Sin embargo, ésta no será la única novedad que el tercer acusado pondrá sobre la mesa de los siete magistrados llamados a dictar sentencia, a partir de las 10.00 horas de la mañana. Además, Víctor de Aldama señalará a la ex vicepresidenta María Jesús Montero, ex titular de Hacienda, por las gestiones que realizó, como ya había señalado el empresario en declaraciones previas, a favor de algunas de las intervenciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Pero, también, entorno a la operación inmobiliaria del Complejo Velázquez, del que era propietaria dicha entidad pública.

La SEPI, bajo sospecha de las pesquisas, todavía en curso, en otras causas paralelas que salpican de corrupción a La Moncloa, fue la responsable última del rescate concedido a Air Europa, la aerolínea de la familia Hidalgo, sobre cuya tramitación investiga un juez de Madrid. Y, precisamente en relación a esta ayuda, que ascendió a 475 millones de euros en un tiempo récord, ponía la lupa la UCO, en su comparecencia de hace dos días.

El nombre de la entonces ministra de Economía Nadia Calviño resonaba en el Salón de Plenos del Supremo, donde se celebran las vistas del juicio. Hoy, por boca de Aldama, también podrán escucharse los de Francina Armengol, presidenta del Congreso por su etapa al frente del Govern de las Islas Baleares y el de Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, como regidor de las Canarias.

El empresario cerrará el círculo con la propia Begoña Gómez, esposa de Sánchez y su talón de Aquiles, a quien atribuirá vínculos relevantes con algunos de los miembros de la trama y que, como resultado de sus actividad profesional, tras la llegada de su marido a la Presidencia, está al borde del procesamiento por un total de cuatro delitos: apropiación indebida, corrupción en los negocios, tráfico de influencias y malversación. Sin duda, Aldama es consciente de que sus aportaciones pueden inclinar, todavía más, la balanza para que Gómez responda ante la Justicia.

Sólo hay un hombre que, además del propio Aldama y de su abogado, el penalista José Antonio Choclán, conoce el contenido íntegro de la estrategia procesal de Aldama: el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón en cuya mano está aplicar al empresario la atenuante muy cualificada de colaboración con la Justicia que, en los escritos de conclusiones, podría ser la fina línea que separe su eventual condena de un ingreso en prisión o no.

Cabe recordar que el propio Luzón, en la vista preliminar del 'caso mascarillas' dejó abierta la posibilidad de reducir los 7 años de cárcel de su petición de pena inicial para el empresario.