Sánchez ya no es capaz de gobernar ni por decreto ley y suma cuatro derogados en cuatro meses

El Gobierno ya no es capaz de gobernar ni por real decreto ley, del que lleva abusando desde la pandemia. Y con constantes advertencias de sus socios parlamentarios, además. El Pleno del Congreso tumbó este martes el cuarto real decreto ley del Ejecutivo en lo que va de año, lo que supone uno al mes. Se trata de un récord, una cifra inédita en democracia: lo que era una excepción se ha convertido casi en norma.

Desde que comenzó el año ha caído dos veces en la lona parlamentaria el escudo social del Ejecutivo: una por empeñarse en incluir en él las pensiones (para utilizar el voto en contra del PP como argumento de campaña en las elecciones aragonesas) y otra por adosarle la prórroga antidesahucios a los colectivos vulnerables, rechazada por Junts. También cayó un real decreto ley del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para topar los precios de los bienes y servicios básicos en situaciones de emergencia (como Adamuz o la dana). Y la prórroga de los alquileres, que el ministro Pablo Bustinduy defendió este martes en la tribuna con la seguridad de que estaba condenada. El resultado fue 166 votos a favor, 177 en contra y cinco abstenciones.

La coalición que preside Pedro Sánchez ha normalizado la derrota e institucionalizado la mentira, al repetir desde hace meses desde las Cortes y desde la Moncloa que cumplirán con su deber constitucional y presentarán los Presupuestos de 2026, cuando no es cierto. Pero, a pesar de sus intentos, la estampa de ayer en la Cámara Baja fue devastadora para un Gobierno empeñado en aparentar que aún le queda más de un año de vida útil; que tiene pulso, respira y se mueve. Cuando, en realidad, ya no le queda ni el recurso del decretazo y la legislatura acaba de cumplir medio año bloqueada por Junts.

A los votos en contra del PP, Vox, Junts y UPN se sumó la abstención sorpresa del PNV, anunciada por Aitor Esteban unas horas antes de la votación, y que menguó aún más la minoría parlamentaria del Gobierno. Ni siquiera fue eso lo peor para este último, sino la imagen de una coalición rota, en la que cada uno de los socios hace la guerra por su lado y se culpa mutuamente de las derrotas. A mayores, la marcha en diferido de Yolanda Díaz no ayuda.

Sumar obligó a Sánchez a aprobar esta norma en el Consejo de Ministros extraordinario del 20 de marzo, en el que sus ministros se negaron a entrar en la reunión hasta que doblaron el brazo del presidente, a cambio de apoyar el primer paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Irán. En respuesta, los socialistas no movieron un dedo para convencer a los de Carles Puigdemont ofreciéndole alguna contraprestación, que es la única manera de la que funciona Junts. Sabían de antemano que era una causa imposible. Tampoco intentaron hacer cierta escenificación en los medios y presionar al PP, que es una táctica suya muy recurrente.

Al contrario: el PSOE dejó que Sumar se fuera cociendo en su propia salsa, demostrando una vez más la incapacidad de los magenta para tejer acuerdos con lo que ellos llaman despectivamente «las derechas». Por más que a la vicepresidenta Díaz le guste presumir de lo buena negociadora que es y de que nunca se levanta de una mesa.

El real decreto ley de la reforma laboral lo salvó la pasada legislatura un voto erróneo del PP. La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sucumbió en septiembre. Después lo hizo en febrero el tope a los precios en situaciones excepcionales. Y ahora la prórroga de los alquileres, cuya derogación va a provocar un enorme desaguisado legal. Con el Ministerio de Vivienda mirando para otro lado porque, según dicen en el departamento de la socialista Isabel Rodríguez, son pleitos entre particulares. Sumar no está para ponerse medallas.

No solo es que Sánchez siempre supiera el destino de este real decreto ley. Es que lo aprobó en el Consejo de Ministros estando en contra de la medida, lo que es más grave. Como ha contado El Debate, hasta el 20 de marzo los socialistas sostenían que seguir topando al 2 % la subida de los alquileres que van venciendo a los cinco años de contrato sería inconstitucional, basándose en un informe del Consejo de Estado. Apostaban por una vía alternativa: la de eximir del pago del IRPF a los propietarios que no subieran la renta a sus inquilinos.

El presidente decidió contentar a sus socios, necesitados de una bandera a la que agarrarse. Y el resultado es éste.