El Consejo de Estado hace una severa crítica a la memoria económica de la ley de la IA del Gobierno

El Gobierno tiene listo para su aprobación en segunda vuelta en Consejo de Ministros su anteproyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la Inteligencia Artificial.

El texto, al que ha tenido acceso El Debate, busca adaptar el Reglamento de la Unión Europea a nuestro país. La norma – que aún podría sufrir cambios– se ha topado con fuertes críticas del Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, sobre todo en lo que respecta a la parte económica y presupuestaria.

En primer lugar, el dictamen evalúa la memoria del proyecto. Esta señala, según cita el órgano consultivo, que las tareas procedimentales ordinarias «no requerirán la contratación de nuevo personal, al entender que pueden ser realizadas por el personal ya existente en la AESIA [Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial] y en las demás autoridades de vigilancia».

Se destaca, asimismo, en cuanto al volumen de inspecciones necesarias, «que la mayor parte de los sistemas de IA no serán clasificados como sistemas de alto riesgo, lo que acota, en consonancia, el ámbito de actuación de las mencionadas autoridades y de su labor supervisora. Se estima, en todo caso, que será necesaria la incorporación de 10 nuevos puestos de grupo A1, nivel 28, con el objetivo de contar con las capacidades técnicas y legales necesarias en materia de IA. El coste total ascendería a 626.285,20 euros (tomando como base el régimen retributivo del personal funcionario para 2026)».

Se precisa «que las cargas administrativas para los proveedores de los sistemas de IA derivan propiamente del RIA (en cuya memoria se cifraron alrededor de 10.000 euros por proveedor). Y se destaca el efecto positivo de la creación de entornos controlados de pruebas en la reducción de las cargas administrativas, especialmente para las pymes, que «'tienen de esta forma asesoría jurídica por parte de las autoridades nacionales competentes y la posibilidad de realizar pruebas en entornos reales antes de que sus sistemas de IA sean sometidos a las obligaciones de conformidad establecidas en dicho Reglamento'», señala el dictamen citando la memoria del anteproyecto.

Dotación de recursos humanos, técnicos y financieros

En cuanto a las necesidades de recursos humanos, se calculan, como se ha señalado, en 626.285,20 euros. En este sentido, el Consejo de Estado señala que «el examen del impacto presupuestario y su reflejo en la MAIN [memoria de impacto normativo] es una exigencia que se anuda a cualquier disposición normativa, más en particular cuando no cabe duda alguna de que para su implementación será precisa una dotación adicional de recursos. Así sucede en el presente caso, en el que, además, la norma europea que se desarrolla [...] contempla expresamente la necesidad de que la designación de las autoridades nacionales competentes vaya acompañada de recursos técnicos, financieros y humanos adecuados y de infraestructuras para el desempeño de sus funciones de manera efectiva».

No parece que se haya realizado un estudio detenido y mínimamente fundado de las eventuales necesidades presupuestarias

«De ahí que preocupe a este Consejo de Estado la brevedad con que la MAIN despacha el examen de esas necesidades adicionales de recursos, que refiere únicamente a 25 personas adicionales en el ámbito de la AESIA. Para las demás autoridades de vigilancia, se limita a indicar que ya vienen ejerciendo funciones de supervisión, por lo que no serán necesarios recursos adicionales (ignorando alguno de los informes emitidos durante la tramitación del anteproyecto). No parece que se haya realizado un estudio detenido y mínimamente fundado de las eventuales necesidades presupuestarias de esas otras autoridades de vigilancia; como tampoco se ha hecho referencia alguna a los costes que pudieran ir asociados a otras necesidades en materia de tratamiento de datos, ciberseguridad o formación del personal».

Es necesario abordar un cálculo mínimamente fundado para poder garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios

Si bien el órgano consultivo entiende la dificultad de cuantificar de forma anticipada estos costes, considera que ello «no debe ser obstáculo para no procurar un examen completo y exhaustivo de los recursos de todo tipo que previsiblemente serán necesarios para garantizar una efectiva aplicación del RIA [Reglamento de Inteligencia Artificial]. No basta con indicar que las sanciones contribuirán a reducir los costes o que las inspecciones no serán frecuentes; es necesario abordar un cálculo mínimamente fundado para poder garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios, pues el RIA impone expresamente dicha obligación a los Estados miembros y lo hace en términos generales y rotundos».

Evaluación exhaustiva

Añade, además, que «es preciso contar con una evaluación más completa y exhaustiva del impacto presupuestario del anteproyecto, con la finalidad de posibilitar la previa adopción de las medidas normativas y presupuestarias precisas para garantizar que las autoridades nacionales competentes disponen de los recursos necesarios para desempeñar adecuadamente sus funciones».

Y finaliza que es tarea de los Estados miembros «dotar a las autoridades de vigilancia del mercado de todos los recursos precisos para garantizar el correcto ejercicio de sus funciones; y para ello es un elemento esencial que sus respectivas necesidades cuenten con una cobertura adecuada a nivel presupuestario».