El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
Sánchez pide a Von der Leyen que las sanciones de Trump contra la Corte Penal Internacional no afecten a la UE
El jefe del Ejecutivo ha asegurado que España «no mira hacia otro lado» y advierte de que «sancionar a quienes defienden la justicia internacional es poner en riesgo todo el sistema de derechos humanos»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido hoy a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que active el Estatuto de Bloqueo para que las sanciones de EE.UU. contra la relatora de la ONU Francesca Albanese y los jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional que investigan el genocidio en Gaza no tengan efecto en la Unión Europea.
Así lo ha anunciado en un apunte de su cuenta de la red social X, recogido por Europa Press, ante las sanciones que está imponiendo Estados Unidos a miembros de la ONU y de la Corte Penal que investigan el genocidio en Gaza. La activación del Estatuto de Bloqueo es una herramienta que permite dejar sin efecto normas de terceros países que afecten a los intereses de la UE.
El jefe del Ejecutivo ha precisado que España «no mira hacia otro lado» y advierte de que «sancionar a quienes defienden la justicia internacional es poner en riesgo todo el sistema de derechos humanos».
En su opinión, la Unión Europea no puede permanecer de brazos cruzados ante esta persecución y por este motivo ha reclamado a la Comisión Europea que active el Estatuto de Bloqueo para proteger la independencia del Tribunal Penal Internacional y de Naciones Unidas, y sus acciones para acabar con el genocidio en Gaza.
El jefe del Ejecutivo español reacciona así ante las sanciones que viene imponiendo Estados Unidos desde principios de 2025 contra miembros del Tribunal Penal Internacional y que afectan ya a once jueces y fiscales.
Ya en febrero del pasado año, el presidente norteamericano, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para imponer sanciones a altos cargos y trabajadores del Tribunal Penal Internacional (TPI) en represalia por la orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, así como contra su anterior ministro de Defensa, Yoav Gallant.
En julio, Washington sancionó a la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, por su «campaña» contra Israel y en agosto emitió una nueva sanción, esta vez contra cuatro miembros del TPI involucrados en casos contra Israel y EEUU, a lo que se añadió una nueva sanción en diciembre de 2025 contra otros dos jueces del citado Tribunal Penal Internacional por sus «esfuerzos» para «investigar, arrestar o procesar» a israelíes.
Netanyahu aplaudió las sanciones alegando que «el TPI no es un tribunal de justicia, sino una herramienta política del lawfare internacional».
Este anuncio de Pedro Sánchez se produce tras el envío de una carta dirigida a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, en la que el presidente del Gobierno la ha alertado de que dichas sanciones «suponen un precedente muy preocupante que compromete el funcionamiento independiente de instituciones esenciales para la justicia internacional», según una nota de prensa emitida por Moncloa.
En ella se precisa que las medidas de presión autorizadas por el presidente Trump incluyen la «cancelación de cuentas y servicios bancarios, restricciones para viajar, y todo tipo de obstáculos para impedir que hagan su trabajo: investigar y perseguir la violación de derechos humanos».
Según precisa Moncloa, tradicionalmente, el Reglamento de la Unión Europea número 2271/1996, conocido como Estatuto de Bloqueo, ha servido para proteger a operadores económicos europeos contra la aplicación extraterritorial de leyes de terceros países que afecten a los intereses de la UE (actualmente se aplica sobre determinadas normas de EEUU).
Pero en el escrito dirigido a la Comisión, el Gobierno de España plantea que es el momento de que este mecanismo «supere la lógica comercial con la que fue creado» y sirva como «escudo» frente a medidas que pongan en riesgo el sistema.
El Gobierno señala que España ya está trabajando para recabar el apoyo de otros Estados Miembros comprometidos con la justicia internacional y la defensa de derechos humanos para articular una coalición que respalde la solicitud ante la Comisión.
Además, promoverá la inclusión de este asunto en el orden del día del Consejo Europeo del 18 y el 19 de junio, con el objetivo de que sus Conclusiones recojan un mandato político explícito a la Comisión. «Nuestro compromiso compartido con el Derecho Internacional exige una respuesta decidida y coherente», señala Pedro Sánchez en su escrito a Von der Leyen.
