Una instantánea del banquillo de los acusados, con Aldama, Ábalos y Koldo (de izquierda a derecha) durante el juicio del 'caso mascarillas'
Visto para sentencia
El fiscal señala los «silencios» de algunos actores de la trama corrupta que ha llevado a un ex ministro de Sánchez al banquillo
Es la primera vez, en la historia de nuestra democracia, que el Supremo enjuicia a un miembro del Gobierno estando vigente el mandato del presidente que lo nombró
Están todos los que son pero no son todos los que están. El fiscal Alejandro Luzón ponía la lupa de su alegato final en los miembros de la «organización criminal» que ha llevado a sentarse en el banquillo de los acusados a todo un ex ministro de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, nombrado por el presidente del Gobierno y estando todavía vigente el mandato del Ejecutivo del que formó parte, por un caso de corrupción que, ayer, pasadas las nueve de la noche quedó «visto para sentencia».
El jefe Anticorrupción desmenuzó, con sumo detenimiento, las razones por las que la Sala ha de fijarse en la existencia de una trama perfectamente ensamblada y concertada para delinquir, compuesta por una pluralidad de actores. «Algunos han comparecido en este juicio (...) La Sala debe tener presente esto porque entre los protagonistas del drama penal, como denominaba Ferri a los sujetos activos del delito, faltan varios actores con distinto grado de participación. La Sala debe valorar también sus declaraciones y, sobre todo, sus silencios», apuntaba Luzón a los siete magistrados que han asistido, con un estoicismo admirable, a las horas de declaraciones prestadas en el Salón de Plenos del Supremo.
No en vano, de ese párrafo se desprende uno de los delitos que conforman la acusación contra los tres procesados: el de una estructura cuyo núcleo implicó al triunvirato Ábalos, como «el jefe» cuya palabra se convertía en «órdenes ejecutivas» aunque no las diese de manera explícita; Koldo García Izaguirre como el «arreglatodo» que ejecutaba las peticiones del ministro e, incluso, más allá de las mismas para que no «rodasen cabezas»; y Víctor (Gonzalo) de Aldama como el «elemento corruptor» y pagador que se acercó a Transportes para hacer negocio. Ninguno de ellos actuaba solo, sino rodeado de una red más amplia de colaboradores y personas de su entorno que «orbitaban» a su alrededor para conseguir el objetivo final: lucrarse de los negocios hechos al amparo de una Administración Pública.
Luzón no menciona nombres propios concretos de esos «actores» que faltan pero en el aire flota el del empresario Claudio Rivas, imputado en la causa de los hidrocarburos que se sigue en la Audiencia Nacional. Sin embargo, el mensaje implícito del Ministerio Público dejaba la puerta abierta a los magistrados a determinar cómo, si hay otros miembros del entramado que se negaron a declarar, dando a conocer lo que saben, es porque se confirman la pruebas incriminatorias, pero también han de valorarse las confesiones implícitas y detalladas como las de Aldama. El «arrepentido» que gracias a su confesión ha permitido avanzar a la Justicia, incluso, hacia piezas separadas, algunas secretas, abiertas como consecuencia de sus declaraciones, «pplenamente corroboradas» por los mensajes de WhatsApp, los movimientos bancarios y una multitud de evidencias incluidas en los informes de la UCO.
Así las cosas, la observación de Luzón sobre los «silencios" significativos se integra en una argumentación más amplia para reforzar la existencia de la organización criminal: no solo cuenta lo declarado, sino también lo callado o negado ante las pruebas “demoledoras». Luzón lo usa para invitar al tribunal a valorar la prueba de forma integral, incluyendo omisiones estratégicas que refuerzan la concertación delictiva, frente a la tesis de dos de los acusados, Ábalos y Koldo que no sabían nada, pasaban por allí y relativizan su actuación.
Por eso mismo, el fiscal abre la puerta a una rebaja mayor de la pena para Aldama y reconoce, en un mensaje subliminal a la fiscal general Teresa Peramato, que es «posible» aplicarle la atenuante muy cualificada o privilegiada que reconoce la acusación popular agrupada bajo la batuta del PP y que pide su defensa, en manos del penalista José Antonio Choclán, para reconocer su colaboración «titánica». De hecho, Luzón advierte que no recompensar la confesión «alienta la ley del silencio» en tramas de corrupción. Este es el contrapunto directo a los silencios que critica.