El Gobierno reparte 402 millones en subvenciones y ayudas en un solo Consejo de Ministros

El mismo día en el que el Tribunal de Cuentas desveló el desvío de 2.389 millones de euros de los fondos europeos por parte del Gobierno para el pago de las pensiones de 2024, el Consejo de Ministros aprobó una lluvia de ayudas y subvenciones por valor de más de 402 millones. A los que se suma un préstamo a un banco salvadoreño de otros 42,5 millones.

La referencia del Consejo de Ministros de este martes detalla el montante y su finalidad, aunque en la rueda de prensa posterior la portavoz del Ejecutivo no informó de ello. El Gobierno no tiene por costumbre dar cuenta en la sala de prensa de la Moncloa de este tipo de partidas, sino solo de los grandes titulares de la reunión semanal. En el caso de este martes, de la oferta de empleo público para este año y de la aprobación del Plan Anual Normativo de 2026, en el que el Ejecutivo mantiene la ficción de que aprobará los Presupuestos de este ejercicio, como contó El Debate.

El mayor pellizco se lo llevó el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la AECID. El Consejo de Ministros autorizó a la AECID la convocatoria de subvenciones a las ONGs de desarrollo para la relación de convenios de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global del periodo 2026-2029, por un importe máximo de 300 millones de euros. A razón de 70 millones anuales, aunque «supeditado a la disponibilidad de crédito», matiza el Gobierno. Al no tener Presupuestos nuevos desde 2023, el Ejecutivo acostumbra a mover partidas de uno a otro programa, e incluso de uno a otro ministerio, según convenga.

Estos 300 millones son subvenciones para «lograr un objetivo general de desarrollo en las áreas geográficas y sectores priorizados en la convocatoria»; o bien para «proteger vidas, aliviar el sufrimiento humano y cubrir necesidades básicas ante crisis de origen natural, ambiental o humano»; o para «promover un modelo de ciudadanía global capaz de contribuir a la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo de los pueblos, desde un enfoque de derechos humanos, y para la promoción del comercio justo».

El Consejo de Ministros del martes autorizó además otros 15 millones de euros, ampliables a un máximo de 24 millones, a esas mismas organizaciones no gubernamentales para la realización de acciones humanitarias en el ejercicio de 2026. Financiarán programas para «la prevención y preparación ante desastres, la respuesta a emergencias, la atención a crisis complejas, crónicas y recurrentes, la recuperación temprana y la protección de personas en situación de especial vulnerabilidad», según el Gobierno.

En la referencia también figuran 62 millones de euros en ayudas generales para la producción de largometrajes sobre proyecto, que ahora deberá convocar el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, dependiente del Ministerio de Ernest Urtasun. Se trata de una línea de ayudas anticipadas a empresas productoras para que puedan financiar las películas. Además, el Instituto de la Cinematografía repartirá otros 1.059.590 euros en concepto de «contribuciones voluntarias a organizaciones, programas y fondos internacionales y a otras entidades de carácter internacional».

Completan la lista 15 millones de euros en subvenciones que saldrán de lo público para ir a parar también a lo público. En concreto, del Gobierno a las comunidades: son ayudas de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal para financiar la renovación de instalaciones en oficinas de empleo con personal del Servicio Público de Empleo Estatal, pero cuya titularidad ostentan las autonomías.

A todo ello se une la concesión de un préstamo de 50 millones de dólares estadounidenses (unos 42,53 millones de euros) al Banco de Desarrollo de El Salvador, con cargo al Fondo Español de Desarrollo Sostenible.