El Constitucional mantiene un perfil bajo con las causas más políticas para no perjudicar al Gobierno

Pedro Sánchez lleva meses gobernando en modo supervivencia. Sin presentar presupuestos generales, desde hace tres ejercicios, con una legislatura secuestrada por la aritmética parlamentaria que depende de sus socios independentistas y con un calendario judicial, en el Supremo que le aprieta como nunca. En este escenario de debilidad crónica, el Tribunal Constitucional se ha convertido en el mayor obstáculo para la revisión de todas aquellas causas que, como en el caso de las cuentas públicas puedan perjudicar al Ejecutivo. No por animadversión ideológica —dado que la mayoría izquierdista sigue ahí—, sino precisamente por la pura aplicación de un criterio afín. El TC trata de evitar que aquellos asuntos más comprometidos, desde el punto de vista de la legalidad vigente, como elemento de control para la gestión de Sánchez, vean la luz en los próximos meses.

El caso más reciente y paradigmático es el conflicto de atribuciones admitido a trámite por el Pleno de la Corte contra el incumplimiento constitucional de presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. No en vano, en los tres últimos años —2024, 2025 y lo que va de 2026— se han convertido en un ejemplo de prolongaciones automáticas que han convertido la prórroga en norma y la norma en excepción. La magistrada Laura Díez, ponente del asunto, es quien tiene en su mano la llave para que el TC fiscalice por primera vez esta omisión institucional a debate y, sin embargo, en los mentideros judiciales se habla de que el tema «está guardado en un cajón» a la espera del momento más propicio, o menos lesivo, para el Gobierno.

Un fallo negativo para éste, como todo apunta a que debería producirse, sería el reconocimiento judicial de que Sánchez gobierna sin control presupuestario, sin rendir cuentas al Parlamento y, sobre todo, sin asumir el coste político de pactar con sus socios radicales una serie de medidas que nadie quiere firmar y que se imponen a golpe de 'decretazo'.

Cándido Conde-Pumpido, el presidente de la Corte mide los tiempos y las formas. Cabe recordar, por ejemplo, cómo en abril, el Pleno dictó otra sentencia unánime que dolió en Moncloa y, desde entonces, el TC ha pisado el freno. De hecho, en aquella ocasión el órgano amparó al Partido Popular frente al bloqueo «injustificado» de la Mesa del Congreso, hasta en 71 ocasiones -durante la etapa en la que la presidenta del órgano era la socialista Meritxell Batet- el plazo de enmiendas a un proyecto de ley derivado de la pandemia.

Lo que el Gobierno y sus socios llamaron mecanismo democrático fue, en realidad, un burdo ejemplo del filibusterismo parlamentario del 'sanchismo' que trata de largar artificialmente los plazos para impedir que la oposición aplique sus modificaciones, entonces al texto concreto. El TC lo calificó sin ambages de vulneración del ius in officium de los diputados, su potestad de representación parlamentaria y de fraude al procedimiento legislativo. No obstante fuentes próximas a la Corte apuntan a que si el ala izquierdista «tragó» con dicho fallo, sin consecuencias prácticas y sobre una gestión que ya no está vigente, fue para contar con un cierto «crédito» a futuro. «Por cada sentencia desfavorable al Gobierno que se resuelve, se resolverán tres más a su favor», denuncian las mismas fuentes.

Ninguna de ambas materias son, por lo tanto, elementos aislados. Las dos forman parte de un patrón de actuaciones que se remonta a 2022, cuando el TC ya «congeló» más de cincuenta recursos de inconstitucionalidad y amparo contra las leyes más ideológicas del Gobierno —la ley del aborto, la eutanasia, la Celaá, la de infancia y adolescencia— mientras esperaba una renovación que Sánchez nunca quiso acelerar de forma limpia. Entonces, se dijo que el TC mantenía un «perfil bajo» para no interferir en la negociación de las cuotas por sensibilidades que acabaron por imponerse. Hoy, con la renovación pendiente y el propio presidente del TC, Conde-Pumpido, en el punto de mira por sus viajes y su cercanía al Ejecutivo, la parálisis se ha convertido en una herramienta más para la supervivencia del sanchismo.

La parálisis que impone el Constitucional a las causas más relevantes para Sánchez —presupuestos, control legislativo, impunidad pactada— es la consecuencia lógica de un modelo de ejercicio del poder que ha convertido la excepción en regla: prórrogas eternas, mayorías de investidura compradas con leyes a la carta y un Parlamento secuestrado por un 'sanchismo' cuyo modelo político es incompatible con el funcionamiento normal de las instituciones.