María Jesús Montero y José Luis Rodríguez Zapatero
La operación judicial contra Zapatero se retrasó para no interferir en las elecciones andaluzas mientras el PSOE denuncia «lawfare»
Fuentes jurídicas recuerdan que el aplazamiento de actuaciones judiciales sensibles durante campañas electorales constituye una práctica relativamente habitual cuando existe riesgo de alterar el clima político o condicionar el voto ciudadano
La operación judicial que ha desembocado en los registros practicados este martes y en la histórica imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero estaba prevista desde hacía tiempo y fue retrasada deliberadamente para evitar cualquier interferencia en las elecciones andaluzas, según ha podido confirmar El Debate en fuentes cercanas a la investigación.
La decisión judicial desmonta el relato activado de forma inmediata desde Ferraz y los socios parlamentarios de la izquierda radical, que han reaccionado acusando al juez instructor José Luis Calama de promover una operación de «lawfare» contra uno de los principales referentes políticos del sanchismo.
La causa, vinculada al rescate de Plus Ultra, sitúa a Zapatero en el centro de una presunta trama de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental, según el auto judicial resumido por varios medios.
Tanto Ferraz como Moncloa han activado una estrategia de cierre de filas. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pidió al PSOE «defender el buen nombre» de Zapatero en «momentos duros», apelando a la presunción de inocencia y al respaldo político al expresidente.
La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, fue todavía más lejos al denunciar un ataque coordinado contra el partido: «No atacan a nuestros presidentes y sus familias, sino al proyecto que representan».
Sin embargo, fuentes jurídicas recuerdan que el aplazamiento de actuaciones judiciales sensibles durante campañas electorales constituye una práctica relativamente habitual cuando existe riesgo de alterar el clima político o condicionar el voto ciudadano.
Precisamente por ello, las diligencias más explosivas –los registros, la imputación y la activación pública de la operación– no se ejecutaron antes de los comicios andaluces pese a que, según distintas fuentes, estaban preparadas desde hacía semanas.
La investigación ya ha provocado un terremoto político sin precedentes. Nunca antes un expresidente del Gobierno español había sido imputado en una causa de estas dimensiones.
El juez atribuye a la presunta red una estructura organizada dedicada al «ejercicio ilícito de influencias», con pagos canalizados mediante sociedades instrumentales y consultorías presuntamente simuladas. También investiga la creación de una sociedad 'offshore' en Dubái supuestamente vinculada al entorno del expresidente.
En paralelo, el Partido Popular ha endurecido al máximo su ofensiva política contra el Ejecutivo. Alberto Núñez Feijóo aseguró que «la corrupción es la razón fundacional de este Gobierno», mientras distintas voces de la oposición exigen elecciones anticipadas.
La imputación de Zapatero amenaza así con convertirse no solo en un desafío judicial de enorme dimensión, sino en la mayor crisis política afrontada por el sanchismo desde su llegada al poder.
