Hazte Oír pide imputar a las hijas y a la mujer de Zapatero y exige citar a Ábalos, Koldo, Iglesias y Celaá

La asociación Hazte Oír ha pedido a la Audiencia Nacional –en el marco de la causa en la está imputado José Luis Rodríguez Zapatero– la «imputación formal» de Laura Rodríguez Espinosa y de Alba Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno, al ser las administradoras de Whathefav S.L., compañía que se benefició con diferentes pagos de la presunta organización criminal. «Han percibido, en sus cuentas personales las cantidades de 247.191,00 euros y 199.904,00 euros respectivamente», señala el escrito de Hazte Oír sobre las hermanas Rodríguez Espinosa.

Igualmente, esta entidad ha solicitado la «imputación formal de María Sonsoles Espinosa Díaz, esposa de José Luis Rodríguez Zapatero, por su condición de cotitular de una cuenta que habría recibido fondos de Análisis Relevante S.L.», empresa esta última propiedad de Julio Martínez Martínez, el amigo personal del que fuera secretario general del PSOE y que jugó un papel fundamental en el entramado.

Por su parte, Hazte Oír ha exigido la «citación como investigados de los exmiembros del Consejo de Ministros que aprobaron el rescate de Plus Ultra y que no estarían aforados actualmente : Arancha González Laya, Pablo Iglesias Turrión, Isabel Celaá Diéguez, José Manuel Rodríguez Uribes, Pedro Duque, Reyes Maroto, Alberto Garzón, Manuel Castells y Carolina Darias».

«Citación como investigado de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, por su presunta relación con la denominada 'vía Ábalos' de influencia en el rescate. Citación como investigado de Koldo García, exasesor de Ábalos, señalado como interlocutor clave en la 'vía Ábalos'», han solicitado en su escrito de diligencias de prueba, al que ha tenido acceso El Debate.

El texto indica que «respecto aquellos miembros del Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2021 que, a fecha de hoy, conservan la condición de aforados —Pedro Sánchez Pérez-Castejón, María Jesús Montero Cuadrado, Yolanda Díaz Pérez, Margarita Robles Fernández, Fernando Grande-Marlaska Gómez, Luis Planas Puchades, Juan Carlos Campo Moreno (Magistrado del Tribunal Constitucional) y, en su caso, María del Carmen Calvo Poyato (en cuanto Presidenta del Consejo de Estado)—, esta parte se reserva el ejercicio de las acciones procesales que en derecho procedan, incluyendo, en su caso, la promoción de la correspondiente exposición razonada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo».

«Esta parte se reserva expresamente la facultad de interesar la conversión de la condición procesal —de testigo a investigado, o viceversa— de cualquiera de las personas relacionadas en función del resultado de las diligencias que se practiquen, conforme a lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los derechos de defensa», se añade.