Suprimir las injurias a la Corona, los símbolos de España y los sentimientos religiosos, una indulgencia selectiva

Me detengo más de la cuenta en una fotografía de El País. Sé que no debería; sé que una imagen de prensa está construida para detenernos, para que el ojo se quede atrapado en ella el segundo justo que necesita el titular. Y, sin embargo, me quedo. En la foto aparece Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España, anunciando con la gravedad de las grandes ocasiones un acuerdo de coalición para suprimir los delitos de injurias a la Corona y a las instituciones, los ultrajes a España y a sus símbolos y las ofensas a los sentimientos religiosos. Tiene el gesto de quien cree estar firmando un avance civilizatorio. Y quizá lo cree de verdad, que es lo que más me inquieta.

Hay algo magnético en la escena, y tardo un momento en entender qué es. No está en la pose. Está en lo que la imagen no muestra y que, no obstante, pesa sobre ella como una losa invisible: la geografía y el presente. El hombre que viene a traernos la buena nueva de la irreverencia legalizada procede de una familia política que, en otras latitudes y en este mismo instante, encarcela a quien se atreve a reírse del poder.

Reconozco que la primera reacción es casi física, un escozor. Y desconfío de ella, porque las reacciones físicas mienten con facilidad. Así que intento hacer lo que siempre intento ante lo que me incomoda: mirar despacio, ordenar los hechos, no concederme la comodidad de la indignación rápida. Conviene además ser justo con la reforma, porque hay razones liberales perfectamente atendibles para derogar estos tipos penales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha corregido a España más de una vez en esta materia, y consideró que condenar la quema de fotografías del Rey vulneraba la libertad de expresión, por tratarse de expresión política y no de algo necesario en una sociedad democrática. Lo concedo sin esfuerzo. Y precisamente por eso irrita más la indulgencia selectiva de quienes esgrimen esas buenas razones, porque las invocan justo cuando el coste de invocarlas es nulo.

Conviene empezar por un error frecuente, uno en el que yo mismo he caído. Hablamos de los regímenes nacidos de esa matriz ideológica en pasado, como si el gulag fuera apenas un capítulo de papel borroso, un horror clausurado al que ya podemos asomarnos con la serenidad del turista. No lo es. Ocurre ahora, en este preciso segundo, mientras usted lee estas líneas. Y cruzar hoy las fronteras de los Estados que todavía operan con ese mismo manual es comprender, de golpe, que el humor o la crítica hacia el poder no son allí un derecho, sino un riesgo: el comentario incómodo puede convertirse en expediente, interrogatorio, cárcel o muerte civil.

Quien procede de una cultura ideológica que durante décadas fue indulgente, cuando no entusiasta, con esos regímenes, no puede presentarse sin más como sacerdote de la libertad de expresión

Pienso en China, y no necesito remontarme a la Stasi para que el frío me alcance. El régimen de Pekín administra un aparato de vigilancia digital y censura de una sofisticación que la imaginación totalitaria del siglo XX apenas habría soñado. No se trata, como repite el tópico, de un único marcador nacional que asigne a cada ciudadano una puntuación moral total; esa distopía perfectamente centralizada es más leyenda occidental que realidad. Lo real es más prosaico y no menos eficaz: listas, restricciones, censura algorítmica, detención de críticos. Puede bastar un comentario en una red social, un meme que ridiculice al líder, para que alguien quede marcado administrativamente, vigilado, vetado, empujado a un ostracismo del que ya no resulta fácil salir. Es un castigo que prefiere el silencio al estruendo, y por eso mismo más perfecto.

Pienso en La Habana. En leyes como el Decreto 349 o el nuevo Código Penal, que persiguen con saña la disidencia artística y el chiste clandestino. Filmar una protesta con el móvil, satirizar al gobernante de turno en un muro de Facebook, puede pagarse con años de cárcel efectiva, de los que se cumplen hora a hora. He leído los nombres de algunos de los que están dentro. No son abstracciones; son personas que escribieron un verso, que cantaron una canción, que filmaron una calle.

Pienso en Hanói. En esa red de informadores vecinales que sigue tan viva como siempre, esa arquitectura de la sospecha doméstica en la que el vecino es el primer tribunal. La burla al partido único se castiga bajo figuras deliberadamente ambiguas, «atentar contra los intereses del Estado», fórmulas elásticas pensadas para que quepa en ellas cualquier ironía que moleste. Podría sumar otros nombres a la lista, pero prefiero no forzarla: no todo autoritarismo poscomunista es ya comunismo doctrinal, y hay regímenes que han derivado hacia el puro clientelismo familiar sin que convenga meterlos en el mismo saco. La honestidad del argumento depende de no estirarlo más de lo que aguanta.

Y aquí está el punto delicado, el que exige precisión y no eslogan. Enrique Santiago no gobierna China, ni Cuba, ni Vietnam; no es el carcelero de nadie, y sería deshonesto cargarle culpas ajenas. Lo que está en juego no es una responsabilidad directa, sino algo más sutil y más difícil de esquivar: la asimetría moral de una tradición. Quien procede de una cultura ideológica que durante décadas fue indulgente, cuando no entusiasta, con esos regímenes, no puede presentarse sin más, y sin un gesto de incomodidad, como sacerdote de la libertad de expresión. No le pido cuentas por las cárceles de otros. Le pido cuentas por el silencio cómodo de los suyos. Que firme en Madrid una ampliación selectiva del perímetro penal de la expresión, mientras la familia doctrinal a la que pertenece asfixia en otras latitudes cualquier atisbo de ironía popular, no es un detalle menor. Es una incoherencia que cuesta tragar. Lo escribo y vuelvo a mirar la foto, y el gesto grave del secretario general me parece ahora otra cosa.

El segundo eje del acuerdo toca una fibra distinta, la de lo sagrado. La reforma incluye la derogación del escarnio público a las creencias, y sobre el papel la medida se presenta como un paso hacia el laicismo ilustrado, esa palabra noble que tranquiliza a quien la pronuncia. La norma está redactada para todas las confesiones por igual; no hay en su letra ninguna persecución del catolicismo ni privilegio para nadie. Pero entre lo que una ley dice y el uso cultural que se hace de la libertad que abre, media un abismo, y ese abismo es selectivo. Porque el ejercicio español de la irreverencia recae, de forma abrumadora, sobre la Iglesia católica. No por mandato legal, sino porque es el blanco seguro.

El catolicismo se ha convertido en el saco de boxeo oficial, un ejercicio estético de coraje retrospectivo contra un poder que ya no persigue a nadie

La sátira, para florecer, necesita terreno seguro. Y hoy golpear los símbolos del catolicismo es un acto sin riesgo en el sentido más literal: no hay represalia física, no hay venganza bárbara, apenas el eco de una queja institucional emitida por una feligresía envejecida que ya no asusta a nadie. Es valentía sin coste, que es la forma más cómoda de la valentía, y también la más sospechosa. La verdadera hipocresía no está en el ataque a la fe mayoritaria, sino en el silencio reverencial y precavido que se guarda ante el islam. Nadie se atreve. Y no se calla por respeto teológico, eso sería casi honorable, sino por una mezcla asfixiante de cálculo político y pavor elemental.

Es imposible pensar en esto sin que aparezca, nítido, el fantasma de una redacción en París. La mañana del 7 de enero de 2015, doce personas fueron ejecutadas en las oficinas de Charlie Hebdo, cerca del Boulevard Richard-Lenoir, no por vulnerar una ley del Estado, sino por violar una ley fanática que el Estado no supo o no pudo detener a tiempo. El castigo a la mofa fue la muerte sumarísima, administrada por quien se había arrogado el derecho de juzgar una caricatura. Y recuerdo que aquellos días todos éramos Charlie, durante una semana, hasta que dejamos de serlo.

Porque a partir de aquel instante la libertad de expresión en Europa occidental firmó, sin decirlo, un tratado de no agresión con el miedo. Y la asimetría que de ahí nació es flagrante para cualquiera que quiera verla. El catolicismo se ha convertido en el saco de boxeo oficial, un ejercicio estético de coraje retrospectivo contra un poder que ya no persigue a nadie. El islamismo radical, en cambio, se beneficia de una prudencia que la política disfraza pudorosamente de «sensibilidad cultural», pero que el ciudadano de a pie reconoce, sin necesidad de que se lo expliquen, como puro y desnudo instinto de supervivencia.

La política moderna se ha vuelto un teatro de máscaras donde los papeles se intercambian según convenga a la tramoya. Ver a la ortodoxia comunista defender en el Congreso de los Diputados el derecho al insulto, mientras la tradición de la que proviene fue indulgente con quienes encarcelan ciudadanos por un simple chiste, no es una incoherencia que pueda despacharse con una sonrisa. Es la constatación de una vieja verdad que preferiríamos no saber: la ley, casi siempre, no busca la libertad absoluta. Busca la comodidad de quien la redacta. Y vuelvo, por última vez, a la fotografía del diario, a ese gesto grave de hombre que cree estar firmando el progreso, y me pregunto si lo cree de verdad o si, sencillamente, ha aprendido a no preguntárselo.