De los 96 segundos de aplauso en el Congreso a los 24 años de prisión

96 segundos de aplauso a José Luis Ábalos en el Congreso por su discurso en la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy. 24 años de prisión por hechos «sumamente graves» de «delitos de corrupción», que «atacan la misma legitimidad del sistema democrático» desde «su posición de Ministro del Gobierno» de Pedro Sánchez, «núcleo esencial de la configuración del poder Ejecutivo». Y no solo eso. Ábalos era su secretario de Organización, quien más poder tuvo junto al «puto amo». El número dos del Partido Socialista. Gobierno y PSOE salpicados en un caso de corrupción que se gestó en lo peor de la pandemia. Ya hay sentencia al «sanchismo» que cruzaría todas las líneas rojas para este Gobierno de coalición si fueran delitos cometidos por el partido de la oposición.

Todo empezó en una gira para ganar las primarias a la secretaría general del PSOE en un Peugeot que a su vez era otra mentira más del presidente del Ejecutivo. Lo que sí es cierto es que esa banda, con Ábalos y su lugarteniente Koldo García Izaguirre, suman 43 años de cárcel a la espera de juicio del otro secretario de Organización y mano derecha de Sánchez, Santos Cerdán, por el caso de las cloacas del PSOE ubicadas en el epicentro de la SEPI, mientras se instruye otra trama supuestamente liderada por el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Ya hay sentencia al «sanchismo», que cruzaría todas las líneas rojas para este Gobierno de coalición si fueran delitos cometidos por el partido de la oposición

Ábalos, con su persona de confianza, Koldo García, que vino de la mano de Cerdán, otro hombre fuerte de Sánchez investigado (que negociaba en nombre de su Gobierno de coalición en Bruselas con Carles Puigdemont), y el conseguidor Víctor de Aldama, son los integrantes de una organización criminal que perpetraron diferentes delitos de cohecho, uso y aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias, malversación, falsedad en documento oficial y prevaricación. Los primeros pagos a Ábalos fueron 10.000 euros mensuales para sus «gastos fijos» desde octubre de 2019 a junio de 2022; además del alquiler de la vivienda ocupada por su entonces pareja, Jessica Rodríguez, en el edificio Torre de Madrid de la Plaza España, por un total de 82.295 euros.

Comisiones de más de 6,6 millones de euros en lo peor de la pandemia

Y llegó la pandemia. Seis días después de que el Consejo de Ministros declarase el estado de alarma, el 20 de marzo de 2020, cuando se elevaba a 19.980 los casos registrados de coronavirus y a 1.002 fallecidos, el Ministerio de Fomento de José Luis Ábalos firmaba la adquisición de 8 millones de mascarillas –«porque el suministrador decía que eran ocho millones o nada»– a Soluciones de Gestión, sociedad mercantil vinculada a Víctor de Aldama, que conoció la operación antes de que se publicara la orden ministerial, por un importe de 20 millones de euros (2,5 euros por mascarilla cuando el mercado había colapsado).

Otros seis días más tarde, cuando los casos notificados de covid-19 se elevaron a 56.188, con 4.089 fallecidos y 31.912 pacientes hospitalizados, se concretó una segunda compra centralizada de cinco millones de mascarillas. Y al igual que el suministro anterior, fue la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, quien adjudicó el contrato a Soluciones de Gestión por 12,5 millones de euros. Las comisiones por ambas operaciones fueron más de 6,6 millones de euros. Ábalos y Koldo cometieron un delito de cohecho pasivo al aceptar 2,5 millones de euros a cambio de encauzar la compra por parte de Puertos del Estado y ADIF, adscritas al Ministerio de Fomento.

A su vez, bajo la presidencia de Pardo de Vera se contrató a la «sobrina de Ábalos», Jessica Rodríguez, sin que fuera ni un día a trabajar, y se dedicara a viajar junto al ministro, al menos en trece ocasiones, percibiendo 34.450 euros de la empresa pública INECO y 9.500,54 de TRAGSATEC, que abonaba en ambos casos ADIF. Curiosamente, el ministro de Transportes, Óscar Puente, realizó una auditoría y no encontró nada de estos hechos que recoge la sentencia del ministro al que sucedió en el cargo.

Todo ejecutado «desde el ejercicio del poder público y del poder político en el más alto rango de los órganos constitucionales, como lo es el Gobierno»

No es la única enchufada que señala la sentencia del Tribunal Supremo. Le sigue Claudia Montes por LOGIRAIL, quien se iba a la biblioteca de Oviedo a «leer libros de trenes». Ni tampoco el único pago, porque Ábalos disfrutó de unas vacaciones en el mes de agosto en Villa Parra, Marbella, con un alquiler mensual de 12.100 euros durante un año, incluidos ocho meses de pandemia, a cambio de publicar una nota de prensa anticipando el rescate de Air Europa; o el piso de Aldama en el Paseo de la Castellana alquilado a Ábalos con opción a compra, fijándose una renta anual de 30.000 euros, aunque nunca ocupó el inmueble; u otro contrato de arrendamiento en un chalé en la urbanización La Alcaidesa, en La Línea de la Concepción, en el que se pactó una renta mensual de 2.500 euros y un precio de compraventa de 665.000 euros, de la que Ábalos solo abonó 7.500 euros en concepto de fianza. Además de salvoconductos o certificados de movilidad emitidos por el gabinete del ministro Ábalos cuando todos los españoles estaban confinados en sus casas; o gestiones para aplazar el pago a la Agencia Tributaria, con el jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Todo ejecutado «desde el ejercicio del poder público y del poder político en el más alto rango de los órganos constitucionales, como lo es el Gobierno».

Sin la máxima responsabilidad e influencia de Ábalos tanto en el Ministerio de Fomento de Sánchez como por su posición orgánica dentro del PSOE, que ejecutaba Koldo García en su nombre y a su voluntad, no habría un Víctor de Aldama que se aprovechaba en beneficio propio para conseguir determinados contratos con la Administración, porque «era parte del Ministerio», siempre a cambio de la correspondiente prestación económica.

Julito Martínez, Leire Díez, Vicente F. Guerrero, ¿otros Aldama?

Si Pedro Sánchez le quitaba importancia a las revelaciones de Víctor de Aldama y exclamaba «¡menuda inventada!», ahora el presidente del Gobierno de coalición constatará que esa colaboración con la Justicia le ha permitido a Aldama librarse de la cárcel al no superar las penas individuales impuestas los dos años de prisión, y por la «aportación realizada al descubrimiento de los delitos», que abre un precedente en otras causas que salpican al Partido Socialista.

Julito Martínez Martínez y Gertrudis Alcázar, en la trama que salpica a Zapatero; la fontanera Leire Díez y el hombre de confianza de María Jesús Montero, Vicente Fernández Guerrero; o el propio Ábalos, para no sumar más años en la causa de hidrocarburos, pueden ser los siguientes. Como dice Víctor de Aldama, «espero que los que vienen detrás colaboren».