Imagen del recuento del voto CERA en Palma de Mallorca
El voto CERA en las próximas generales ya supone el 15 % del total en seis provincias
Desde las últimas elecciones generales —y a falta de al menos un año para los próximos comicios— los electores en el extranjero han aumentado más de un 16 %
En Orense, el voto CERA representa casi un tercio del total de la provincia
Pedro Sánchez y el PSOE han perdido la mayoría de investidura en el Congreso de los Diputados. Con Junts apoyando que el líder del Ejecutivo se someta a una cuestión de confianza y el PNV pidiendo abiertamente la convocatoria de elecciones si no se aprueban Presupuestos Generales, comienza a vislumbrarse en el horizonte la apertura de las urnas. Pese a ello, Sánchez sigue insistiendo en 2027.
Sea como fuere, la cita electoral se aproxima. Al mismo tiempo, el censo no hace sino crecer, concretamente el de los españoles residentes fuera de nuestras fronteras (CERA). Según el Instituto Nacional de Estadística, a 1 de mayo de 2026, el número de electores CERA ha crecido en casi 400.000 desde el 23J —de 2.328.261 a 2.708.083—. Esto representa una subida del 16,31 % en tres años.
Este crecimiento no se ha producido de la misma manera en todas las regiones, estando 17 de ellas por encima de la media y seis superando el 20 %: Álava, Baleares, Gerona, Madrid, Soria y Tarragona.
El peso del voto CERA por provincia
Aunque el voto CERA —que en los últimos comicios generales representaba un 9,33 % del total— se tradujo en un peso del 0,81 % en el resultado, tres años después, su relevancia ha cambiado. En diez provincias —donde se eligen los escaños— las papeletas de los españoles en el exterior ya representan más del 10 %.
Y en seis de ellas, ronda el 15 %: Orense —30,68 %—, Lugo —22,41 %—, Pontevedra —16,08 %—, La Coruña —16,03 %—, Zamora —14,6 %— y Asturias —14,51 %—.
Por medio de la Ley de Memoria Democrática (LMD), el Partido Socialista pretende ejecutar millones de nacionalizaciones, que no llegarán solo a quienes se exiliaron por «la Guerra Civil y la Dictadura franquista», sino también a aquellos descendientes de españoles que emigraron por razones económicas, familiares o de otra naturaleza que cruzaron los océanos desde el siglo XIX.
Así lo reconocía la formación en su manifiesto «Día de Reconocimiento a las Víctimas del Exilio» del 8 de mayo de 2025 y ese era el discurso del senador socialista por Lugo y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal, César Mogo, quien ostenta la responsabilidad del área de Exterior de la formación.
«España y Galicia tenían una deuda con su migración: los millones de personas que desde el siglo XIX cruzaron océanos y fronteras para ganarse una vida mejor —la que no se podían permitir aquí— quisieran (sic) que sus descendientes fueran españoles como ellos. La Ley de Memoria Democrática del Gobierno de Pedro Sánchez lo hizo posible. Hasta el 22 de octubre todas las ventanillas de todos los consulados del mundo estuvieron abiertas para que los descendientes pudieran acceder a la nacionalidad española. Qué lástima que algunas fuerzas políticas, el Partido Popular, la extrema derecha, también el Bloque Nacionalista Galego, no fueran capaces de sumarse y apoyar esta ley que es un acto de Justicia para la migración española. Los socialistas la lideramos y estamos emocionados de que el Gobierno de Pedro Sánchez lo haya hecho posible», exponía.
El Ejecutivo saca pecho de más de 545.000 nacionalidades aprobadas por esta vía a la vez que un recurso permanece guardado en el cajón del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desde diciembre de 2022. La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica pidió a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que declarase nula de pleno derecho la instrucción que amplió por mucho lo que votaron las Cortes.
El texto impugnaba la Instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, firmada por Sofía Puente cinco días después de su publicación en el BOE. En ella no se especificaba el motivo de la marcha de los españoles exiliados entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
Durante los 16 meses que duró la tramitación parlamentaria, Ciudadanos reclamó que se incluyera esa ampliación hasta en dos ocasiones. En ambas, el Gobierno, junto con sus socios, la tumbaron. La primera, en el Congreso, el 14 de julio de 2022: 27 votos a favor, 264 en contra y 55 abstenciones. La segunda, en el Senado, con idéntico rechazo. La Disposición Adicional Octava llegó al BOE el 20 de octubre de 2022 sin una sola mención a los emigrantes económicos. Lo que el Parlamento rechazó explícitamente, una directora general lo incluyó por la puerta de atrás.
La asociación reclama ahora la nulidad de la instrucción y las concesiones de nacionalidad tramitadas sobre ella. Como ya advirtió en 2023 la senadora popular Salomé Ayala, el Ejecutivo iba a «modificar una ley por la puerta de atrás», algo que traería «revocaciones». Por otro lado, desde el PSOE aseveraban que no había «ningún cabo suelto».