El coronel Pérez de los Cobos alerta de la amenaza «letal» que supone la presión política sobre la Policía Judicial

El coronel de la Guardia Civil en la reserva Diego Pérez de los Cobos ha advertido de que la principal amenaza que afronta hoy el modelo español de Policía Judicial no es su doble dependencia –funcional de jueces y fiscales, y orgánica del Ministerio del Interior–, sino el riesgo de que el poder político trate de conocer o condicionar investigaciones judiciales reservadas. «La amenaza que estamos viendo ahora es letal», afirmó durante la ponencia El deber de reserva de la Policía Judicial, pronunciada en los Cursos de Verano CEU-María Cristina, donde defendió incluso la necesidad de tipificar legalmente las presiones sobre los investigadores.

Pérez de los Cobos centró su intervención en reivindicar el deber de reserva de la Policía Judicial como una garantía institucional al servicio de la independencia de la Justicia y de la separación de poderes. A su juicio, este deber no constituye una mera obligación de discreción profesional, sino «una garantía institucional al servicio de la investigación penal, de la separación de poderes y, en último término, del Estado de Derecho». Porque, sostuvo, «no protege solo un sumario», sino la posibilidad de investigar delitos «incluso cuando sus presuntos responsables se encuentren cerca del poder».

El coronel recordó que el artículo 126 de la Constitución establece que la Policía Judicial depende funcionalmente de jueces, tribunales y Ministerio Fiscal, aunque la carrera profesional de sus integrantes continúe dependiendo del poder ejecutivo. Esa doble dependencia funciona normalmente sin conflictos, pero deja de hacerlo cuando «lo que el investigador sabe por mandato del juez es precisamente lo que el superior jerárquico y tras él el poder político querría conocer». Es entonces cuando el deber de reserva se convierte en «una línea de defensa de la independencia judicial».

Durante la conferencia también sostuvo que la separación de poderes no solo se vulnera mediante órdenes directas a los jueces, sino también de formas mucho más sutiles, cuando se intenta anticipar el contenido de una investigación, se genera un clima de temor entre los investigadores o se utilizan los ascensos, destinos o recompensas para condicionar su actuación. «El poder político tiene derecho a dirigir la política de seguridad pública», señaló, pero «no tiene derecho a conocer indebidamente el contenido, la evolución o las hipótesis de una investigación judicial reservada», especialmente cuando esta afecta a personas próximas al propio poder.

Pérez de los Cobos recurrió también a su propia experiencia para ilustrar ese conflicto entre la dependencia orgánica y la funcional, recordando que su cese como jefe de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil, posteriormente anulado por el Tribunal Supremo, se produjo por negarse a informar a sus superiores del contenido de una investigación judicial sometida a secreto. A su juicio, aquel caso demostró que el conflicto «no es una cuestión teórica» y que quien se niega a facilitar información reservada puede llegar a pagar «un alto precio» profesional. «No hace falta repetir muchos ceses para condicionar muchas conductas. A veces basta con un caso ejemplarizante», afirmó.

El coronel aludió igualmente a la investigación que sigue la Audiencia Nacional sobre las supuestas presiones a responsables de la Unidad Central Operativa (UCO), por la que están llamados a declarar como investigados la directora general de la Guardia Civil y el director adjunto operativo. Sin entrar a valorar el fondo del procedimiento, sostuvo que este demuestra que el conflicto entre ambas dependencias «ha dejado de ser un ejercicio académico» para llegar a los tribunales. Más aún, advirtió del riesgo de que las presiones ya no procedan únicamente del poder político, sino de la propia cadena de mando de los cuerpos policiales, lo que hace todavía más difícil combatirlas.

En el turno de preguntas, Pérez de los Cobos fue aún más explícito al afirmar que nunca, en sus más de cuatro décadas en la Guardia Civil, había conocido una situación como la actual. «Estamos viendo algo insólito», aseguró al referirse a la citación judicial de la cúpula del Instituto Armado por las presuntas instrucciones dirigidas a responsables de unidades investigadoras para «ponerse de perfil» en determinadas investigaciones con consecuencias políticas.

Por ello, planteó que la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal debería avanzar justamente en sentido contrario al que apunta el actual proyecto. También defendió la creación de nuevos mecanismos de protección y se mostró partidario de «tipificar las presiones a la Policía Judicial», especialmente cuando estas procedan de quienes tienen capacidad para influir sobre la carrera profesional de los investigadores. «La policía judicial sirve a la Justicia, no a la conveniencia del poder», concluyó.