Óscar Fernández Calle, Alejandro Nolasco y Carlos Pollán
Iniciativa coordinada
Vox pide a los servicios jurídicos de sus gobiernos que evalúen si hay invasión de competencias con la ley de nietos
Lo han pedido en Extremadura, Aragón y Castilla y León y lo harán en Andalucía cuando Manuel Gavira tome posesión del cargo
El partido de Abascal denuncia que el Gobierno de Sánchez está ejecutando «de forma opaca y sin control» este proceso de nacionalización masiva
los vicepresidentes de Extremadura, Aragón y Castilla y León, Óscar Fernández, Alejandro Nolasco y Carlos Pollán, han pedido a los servicios jurídicos de sus gobiernos autonómicos un informe con el objetivo de que evalúen si con la ley de nietos impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez (a través de la ley de memoria democrática) invade competencias. En Andalucía lo hará Manuel Gavira cuando tome posesión de su cargo de vicepresidente.
Lo ha comunicado este miércoles el partido de Santiago Abascal, que ya avanzó el lunes una batería de medidas para frenar esta ley, que tiene recurrida en el Tribunal Constitucional, una ofensiva que planea realizar en todos los frentes, también en Bruselas.
Esta solicitud que han cursado a los servicios jurídicos de forma coordinada en las tres comunidades busca analizar en profundidad «el encaje jurídico» de una norma, subraya Vox, que está facilitando la «incorporación masiva y fraudulenta de cientos de miles de personas extranjeras al censo electoral». La formación denuncia que este proceso se está llevando a cabo de forma «opaca y sin control» y advierte de que «compromete la limpieza de futuros procesos democráticos», en especial el de las próximas generales.
Con este informe Vox quiere determinar si el procedimiento en marcha invade competencias autonómicas y «qué instrumentos legales asisten a los gobiernos regionales para defender los intereses de sus ciudadanos» frente a lo que ve como una «maniobra de ingeniería electoral» para que Pedro Sánchez perpetúe «su poder y corrupción de forma indefinida en el Gobierno».
«Vox estudia e investiga cada vía a su alcance para frenar un mecanismo que engorda el censo con votantes que en muchos casos nunca han residido en España ni tienen vínculos con las provincias donde se les estaría censando», insiste el partido en un comunicado.