Conde-Pumpido activa el cronómetro a favor del regreso de Puigdemont en un choque frontal contra el Supremo

Cumpliendo con los peores pronósticos, la Justicia europea respaldaba, este pasado jueves, la ley de amnistía aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez para los cabecillas políticos del procés catalán, a cambio de los siete votos favorables de Junts a su segunda investidura como presidente. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciaba a favor de la polémica norma en respuesta a las dos cuestiones prejudiciales planteadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas, al considerar que el texto no entra en colisión ni con los intereses económicos y financieros de los países miembros, ni con la directiva comunitaria en materia de terrorismo. Y, con ello, entre otras consecuencias, ponía en marcha el contador para el regreso del prófugo Carles Puigdemont a España, donde, por el momento, el Supremo mantendrá la orden nacional de detención.

Sin embargo, y tras conocerse las conclusiones de la Gran Sala de la Corte de Luxemburgo, conformada por un total de 15 jueces y presidida por el magistrado belga Koen Lenaerts, arrancaban las presiones políticas e, incluso, jurídicas para que el Alto Tribunal español, y contrario al borrado penal de la malversación, acelerase no solo la retirada de la búsqueda y captura activada por el instructor Pablo Llarena, sino, además, la rehabilitación de los miembros de Esquerra (ERC) que, como Oriol Junqueras, siguen alejados de la primera línea de la representación pública.

Un escenario en el que será un tercero, en discordia, quien tendrá la llave para dar cuerda al cronómetro en favor de la vuelta de Puigdemont, sin que sea detenido: el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.

El pasado mes de marzo, el titular del Pleno del TC visitó, como publicaba en exclusiva El Debate, la sede de la Corte luxemburguesa, como parte de un periplo de viajes internacionales -dentro y fuera de Europa- en los que, rodeado de sus afines, lanzó varias críticas sobre los tribunales españoles discrepantes en la aplicación de la amnistía.

Al mismo tiempo que defendió, en diversos foros y encuentros de juristas, tanto el aval concedido bajo su mandato a la amnistía como la importancia de respetar la «supremacía» del Constitucional, en «equilibrio» con el ordenamiento europeo, para que «la apertura» al marco comunitario «no implique la renuncia a los elementos esenciales de la identidad nacional» de cada uno de los estados miembros. «Las resoluciones que dicte el Tribunal Constitucional no pueden ser meras declaraciones de intenciones, sino que son títulos ejecutivos», resaltó Don Cándido en Turquía para recordar, acto seguido, que «todos los poderes públicos deben respetar y ajustarse a las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional», controlado por la mayoría izquierdista que él mismo encabeza, le faltó añadir.

Por ello, tal y como ha podido saber este diario, el pasado jueves, el jurista gallego no ocultaba su satisfacción tras desvelarse que el TJUE le daba, en parte, la razón. No solo por la satisfacción profesional de no ver enmendada por un órgano supranacional, al que trató de evitar, la sentencia con la que dio luz verde a la amnistía en nuestro marco constitucional, sino, además, por la vanidad personal de salir airoso ante su némesis intelectual, el ex presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena. Para muchos, el magistrado y los seis compañeros que el 14 de octubre de 2019 respaldaron, de forma unánime, el fallo condenatorio al separatismo catalán, son el último escollo que impide consumar la medida de gracia diseñada a la medida de los 'golpistas'.

Así las cosas, el Tribunal Constitucional resolverá, a la vuelta del verano y, una vez inaugurado el nuevo Año Judicial, el próximo mes de septiembre, los recursos de amparo presentados por los procesados y condenados del procés, ante la interpretación restrictiva que el Supremo hizo del perdón a la malversación de fondos públicos.

Lo cierto es que, tanto antes como después del pronunciamiento, todavía cabe la posibilidad de que el Alto Tribunal active una nueva consulta prejudicial ante la Justicia europea, baza que se ha guardado hasta la fecha, o que, sencillamente, mantenga su interpretación sobre un delito de corrupción de los más graves en el ámbito comunitario y, en consecuencia, rechace de nuevo el encaje del mismo en la ley de amnistía, cuya aplicación, como ha quedado determinado por el propio TJUE, es competencia exclusiva del Estado en clave interna.