​Sánchez obvia la corrupción en su balance de fin de curso y proclama desafiante: «Queda un año»

Se suponía que era una comparecencia para dar respuestas. Algunas, al menos. Sin embargo, Pedro Sánchez hizo lo contrario durante su largo balance de fin de curso. Hizo preguntas. Al PP le preguntó «qué más tiene que pasar, qué más tiene que ocurrir» para que se sienten a negociar un pacto de Estado frente a la emergencia climática -así lo denomina el Gobierno-. Aunque el propio presidente reconoció que no está en su mente llamar a Alberto Núñez Feijóo. Más adelante preguntó en voz alta si «otros», de nuevo en alusión al PP, «hubieran respondido de la misma manera» a crisis como la provocada por la guerra de Irán. «La respuesta es clara, es no», contestó él mismo a sí mismo.

El presidente compareció en la Moncloa antes de iniciar sus vacaciones y consiguió el más difícil todavía: durante los 66 minutos que duró su exposición inicial, no habló de corrupción. Eso después de un curso que acaba con un ex secretario de Organización del PSOE condenado, otro ex secretario de Organización del PSOE imputado, la gerente del partido imputada, tres presidentes de la SEPI también, así como la directora general de la Guardia Civil y su DAO. Y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

La única alusión que hizo Sánchez fue para informar de la aprobación, en el Consejo de Ministros de este martes, del proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública. También pidió al PP y al resto de los grupos que la apoyen cuando llegue al Congreso. Se trata de una de las 46 medidas comprometidas por el Ejecutivo desde el verano de 2024 en los dos planes de lucha contra la corrupción que ha aprobado en los dos últimos años: el Plan de Acción por la Democracia de septiembre de 2024 y el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción de agosto de 2025. Ninguna de ellas está en vigor porque al llegar a la Cámara Baja se estrellan contra Junts y otros socios.

Solo en la posterior ronda de preguntas, Sánchez tuvo que enfrentarse a algunas sobre los principales casos de corrupción del sanchismo. Destacó la defensa a ultranza que hizo de su mujer y de su hermano, mucho más que de Zapatero, al que no obstante reiteró el apoyo del Gobierno y del PSOE. «Cuenta con nuestro respaldo, respetamos su presunción de inocencia, estamos en las fases iniciales», trató de zanjar. Y a una segunda pregunta sobre las joyas replicó: «Yo no soy el portavoz del presidente Zapatero».

De su hermano, condenado por prevaricación, defendió que habla ruso, inglés, francés y italiano, y que está muy preparado. «No es mi hermano solo, es fundamentalmente David Sánchez. Tiene todo el derecho a recurrir a otras instancias». Sobre su mujer se preguntó en voz alta: «La pregunta es la pareja de un presidente tiene que renunciar a su carrera. ¿Ésa es la España que queremos?». En ambos casos criticó el papel de la acusación popular, a las que acusó de emprender una «causa política». «No es una opinión, es un hecho».

Cuando una periodista de ABC le preguntó si el Sánchez de 2018, el de la moción de censura contra la corrupción, pediría la dimisión del Sánchez de 2026, él respondió contrariado: «Sobre la moción de censura, yo le ofrecí al señor Rajoy que asumiera las responsabilidades políticas, porque no asumieron ninguna responsabilidad política. Al contrario, lo que hizo fue encubrir y proteger una corrupción sistémica en su partido. En el caso del PSOE, cuando ha habido el más mínimo atisbo lo que hemos hecho ha sido actuar con contundencia. Creo que hay una enorme diferencia entre unos y otros», sostuvo.

Sánchez defendió la «legalidad absolutamente intachable» del rescate de Plus Ultra, e incidió en que fue un préstamo, no una ayuda a fondo perdido. Lo que no dijo fue que la aerolínea no ha devuelto ni un solo euro de los 53 millones que recibió, solo los intereses.

El presidente trató de exorcizar las especulaciones sobre un adelanto electoral. «Queda un año para culminar esta legislatura», afirmó, poniendo la meta en julio de 2027. A pesar de que, el pasado junio, la mayoría absoluta del Congreso aprobó una moción no vinculante pidiendo su dimisión (apoyada por el PP, Vox, UPN y Junts). Y de que el PNV le ha pedido que presente los Presupuestos y que, si no logra los apoyos para aprobarlos, convoque elecciones. «Nuestra intención es presentarlos en 2026, nuestra voluntad es aprobarlos en 2026 y nuestra intención y voluntad es que las legislaturas, como siempre que he gobernado, duren lo que constitucionalmente se establece», señaló. No es cierto: en 2019 adelantó los comicios y en 2023, también.

«Hay un Gobierno que defiende los derechos de la gente de a pie. Somos el Gobierno de la gente y para la gente. Un Gobierno que funciona, que hace avanzar nuestro país», insistió el presidente. Le escuchaban en primera fila los tres vicepresidentes, Carlos Cuerpo, Yolanda Díaz y Sara Aagesen, así como la portavoz, Elma Saiz, y el ministro Félix Bolaños. También más de una veintena de cargos de la Moncloa, que estallaron en una ovación cuando terminó la comparecencia. Como cuando termina una intervención en el Congreso, para que no extrañara los aplausos.