Sánchez intenta esconder en el Supremo el expediente de Plus Ultra mientras presume de transparencia

El Tribunal Supremo ha señalado la fecha del 27 de octubre como el día en el que el Gobierno tendrá que defender la opacidad que impera alrededor de rescate de la aerolínea Plus Ultra, a la que se le concedió un crédito de 53 millones de euros a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en plena pandemia, pese a que Sánchez ha insistido en que «ha sido examinado por activa, por pasiva y por perifrástica» y su vicepresidenta, Yolanda Díaz, insistía en que es público.

Sin embargo, ese día el Ejecutivo tendrá que explicar por qué se niega a entregar a El Debate el expediente completo de la operación, después de que en octubre de 2021 el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ya le obligara a hacerlo público en una decisión que la Audiencia Nacional ratificó en enero de 2025. Una pugna infinita a base de recursos y pleitos en los tribunales, a costa de las arcas públicas, hasta llegar a la más alta instancia, que ahora tendrá que pronunciarse.

No obstante, no resulta difícil entender los motivos de este misterio; sobre todo a la vista de la reciente imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales, entre otros, y las recientes declaraciones en el juzgado de su socio y amigo Julio Martínez.

Éste, siguiendo la doctrina marcada por el empresario Víctor de Aldama, ha apostado por colaborar con la justicia y ha asegurado que Zapatero medió para conseguir el rescate de la aerolínea a cambio de una jugosa comisión, algo que el expresidente ha negado en una reciente entrevista en TVE, rebajando esta confesión a una «estrategia de defensa», pero sin aportar ninguna prueba, ni aclarar cómo llegaron a su poder las joyas que se encontraron en su despacho. «Un regalo de cortesía personal» de hace «muchísimos años», expresó.

En concreto, según ha explicado el empresario al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, el expresidente «marcaba los pasos a seguir» y ha admitido el cobro de 530.000 euros, el 1 % del rescate, a cambio de la supuesta intervención de Zapatero para lograr su concesión. 249.000 euros fueron ingresados a Análisis Relevante, una de las empresas investigadas en el marco de la causa, ya que podría ser la entidad instrumental utilizada por la trama para el blanqueo de capitales, mientras que 98.617 fueron a parar a Voli Analítica y otros 110.799 euros a Domotic Europe.

Por su parte, el considerado como testaferro de Zapatero ha confirmado que contrató a la empresa de las hijas del expresidente, What The Fav, que realizaron trabajos reales de maquetación para captar a potenciales clientes como estrategia de marketing y que les siguió pagando después de terminada la contratación por ser quienes son. De hecho, la investigación ubica a What The Fav como supuesto centro de redistribución de flujos financieros de la presunta trama y apuntan que Análisis Relevante, la empresa de Martínez Martínez, le abonó 239.755 euros.

Esta versión ha sido ratificada por los dirigentes de la compañía aérea, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, que en un escrito remitido al juez han asegurado que la aerolínea pagó «elevadas cantidades de dinero» al empresario Julio Martínez Martínez por la mediación del exlíder socialista. No obstante, aunque inciden en que no «llegaron a tener una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir», admiten que «como una medida desesperada, se asumió que Plus Ultra debía contratar con Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía relación con Zapatero».

De hecho, en un escrito remitido al juez, la defensa del empresario sostiene que «de todos los pasos que se iban dando estaba puntualmente informado Zapatero», que el 26 de febrero de 2021 le «comunicó» que «la SEPI iba a conceder el crédito solicitado por Plus Ultra». De forma inmediata, según expone, Martínez Martínez «lo puso en conocimiento de los principales accionistas de la compañía aérea, Camilo Ibrahim y Rodolfo Reyes». «Y, en efecto, la concesión del crédito se aprobó en Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2021, previa aprobación del FASEE el 2 de marzo».

La corresponsal política de El Debate, Ana Martín, cuestionó a la ministra portavoz, Elma Saiz, cómo era posible que una empresa rescatada supiera de la concesión del rescate antes de aprobarse, sin obtener ninguna respuesta concluyente, más allá de una nueva defensa cerrada de Zapatero y de la legalidad del rescate. «La actuación del Gobierno de España en ese expediente fue la correcta; no hay ninguna duda», ha zanjado.

Menos convencida se ha mostrado su socia de Gobierno, Yolanda Díaz, que sí que ha reclamado explicaciones a Zapatero sobre su presunta implicación en el caso, al considerar que hay «inquietud», «tristeza» y «preocupación» ciudadana. Sin embargo, no puso ningún inconveniente a la hora de aprobar el rescate. De hecho, en el acta del Consejo de Ministros de aquel 2021 no consta ninguna observación, ni abstención por parte de ningún ministro.

No obstante, no ha querido sembrar la duda sobre la legalidad del rescate de la aerolínea, asegurando que «los expedientes son públicos y ustedes conocen el contenido del mismo», algo que no es cierto ya, que precisamente por no ser público en su totalidad, El Debate lleva pleiteando años en los tribunales con el Gobierno para acceder a todos los documentos.

Es más, el Gobierno, al crear el Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas para rescatar a empresas durante la pandemia a través de la SEPI, intentó convertir estos expedientes en información confidencial, algo que no compartió el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ni la Audiencia Nacional, que ya ratificó el derecho de este periódico a acceder a todos los documentos que lo componen, más allá del informe del Ministerio de Transportes desvelado por este periódico, en el que se dejaba claro que la empresa estaba quebrada antes de solicitar la ayuda pública y tenía muy poco de estratégica, pese a que, precisamente, la solvencia y el carácter estratégico eran condiciones imprescindibles para acceder a este rescate.

El Supremo tendrá que dirimir si el carácter reservado que Sánchez impuso en los rescates es compatible con la ley

Precisamente el carácter confidencial de este expediente es el asunto que tendrá que dirimir el Supremo en su vista. En concreto, el Supremo tendrá que pronunciarse acerca de si el art. 2.17 del Real Decreto-Ley 25/2020, de 3 de julio, por el que se creaba el Fondo de Apoyo a las Empresas Estratégicas, y calificaba la información recabada para ello como reservada «con las excepciones previstas en la normativa vigente», «configura un régimen específico de acceso a la información u otorga a dicha información un carácter reservado que suponga su aplicación preferente sobre las previsiones de la Ley de Transparencia, a los efectos previstos en el apartado 2 de su disposición adicional primera».

Es decir, lo que tendrá que determinar el Alto Tribunal, dado que no existe jurisprudencia al respecto, es si el carácter reservado impuesto en el real decreto dictado por Sánchez durante la pandemia puede ‘derogar’ la Ley de Transparencia, establecida en la legislación vigente y que pretende garantizar el derecho constitucional a la información, tesis sostenida por la Audiencia Nacional.

La Sala consideró que el Gobierno no puede restringir el acceso a tales documentos, puesto que dicho decreto «no tiene por finalidad alterar el régimen constitucional y legal regulador de la transparencia de la actuación de las administraciones públicas». Es decir, este decreto jamás puede colocarse por encima de la Ley de Transparencia, a lo que hay que añadir que ya existe una ley expresa, la Ley 9/1968, de 5 de abril sobre Secretos Oficiales, que recoge literalmente que solo podrán ser considerados como tales «los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado».

Además, la propia Audiencia Nacional deslizaba sus dudas acerca de la concesión del rescate, pues consideró que «no resulta probado que se trate de una empresa estratégica (operaba un porcentaje mínimo del tráfico aéreo en España), como es notorio. Y su solvencia ha suscitado dudas desde su creación, como también es notorio».

Varias empresas rescatadas ya están en el punto de mira

Este supuesto carácter reservado ha permitido conocer muy poco acerca de las empresas rescatadas e incluso algunas de ellas ya se encuentran inmersas en investigaciones judiciales y policiales por su concesión, como es el caso de Plus Ultra, pero también se ha puesto el foco sobre Duro Felguera, Ávoris, Air Europa y Tubos Reunidos, sobre los que se cierne la sombra de la posible existencia de irregularidades procesales, la falta de la documentación correspondiente o las influencias externas.

El mismo día que se aprobó el rescate de la aerolínea Plus Ultra, el Consejo de Ministros del 9 de marzo de 2021 también dio luz verde al de la compañía Duro Felguera, por un valor de 120 millones. Un dinero que fue directamente a una empresa que ya estaba en crisis, y que aparece en las conversaciones entre Ábalos y Sánchez, en medio de la polémica visita de Delcy Rodríguez al Aeropuerto de Barajas en enero de 2020. Según los informes de la OCU, Ábalos informó a Pedro Sánchez que las gestiones del Gobierno permitieron a Duro Felguera cobrar una importante deuda en Venezuela. Algo que posteriormente negó la compañía, afirmando que no había cobrado deuda alguna.

Este dinero permanece sin devolver y no ha sido suficiente para evitar que la empresa tenga que enfrentarse a un plan de reestructuración para sobrevivir. Fue una de las primeras en cobrar y, al mismo tiempo, también una de las que menos explicaciones ha dado sobre el dinero público y su destino final, ya que el grupo mantiene, además, una deuda de 285 millones de euros, incluyendo 146,4 con la SEPI, con la que firmó un acuerdo para aplazar los pagos.

La hija de Carmen Pano y la trama

Por su parte, Ávoris y Air Europa recibieron 320 y 475 millones de euros, respectivamente. El rescate de Air Europa fue el primero en aprobarse, y el único en hacerse en 2020, tramitándose cinco veces más rápido que el resto de operaciones del fondo, según un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas. La operación se ejecutó a pesar de que Globalia, propietario del 80 % de la compañía en manos de la familia Hidalgo, tenía un contencioso con la Agencia Tributaria en los tribunales por operaciones en la aerolínea.

Además, según denunció la empresaria Leonor González Pano en el Supremo, durante las testificales del caso mascarillas, el comisionista Víctor de Aldama le había confesado una visita junto a Koldo García Izaguirre a la casa de Javier Hidalgo, propietario de la aerolínea, para cobrar 500.000 euros en efectivo, como supuesto pago por las gestiones realizadas en Transportes para agilizar el rescate.

La trama de las ‘cloacas’ habría cobrado 115.000 euros para facilitar el rescate de Tubos Reunidos

Por último, la empresa Tubos Reunidos, compañía que se declaró el pasado cinco de mayo en concurso de acreedores, pese a haber recibido un importante impulso económico para garantizar su supervivencia cuantificado en 113 millones de euros, está bajo el escrutinio del juez Santiago Pedraz en el marco del llamado ‘caso SEPI’.

Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la trama Hirurok, formada por Leire Díez, Vicente Fernández —expresidente de la entidad— y Joseba Antxon Alonso, el socio de Santos Cerdán en Servinabar, se centra en la existencia de una presunta red de tráfico de influencias, prevaricación, malversación y organización criminal para amañar contratos y ayudas públicas entregadas por la SEPI, a cambio de comisiones.

El caso de Tubos Reunidos la operación habría proporcionado a la trama cerca de 115.000 euros, a lo que hay que añadir que la siderúrgica vasca contrató como asesor al propio Fernández Guerrero, apenas unos meses después de que el organismo público le concediera el rescate.

De hecho, la SEPI se ha convertido en uno de los grandes agujeros negros del Gobierno de Sánchez, con los tres presidentes que ha tenido durante su mandato imputados. Son el citado Vicente Fernández, Bartolomé Lora –actual vicepresidente– y, también la actual responsable, Belén Gualda, todos ellos nombrados por María Jesús Montero durante su etapa como vicepresidenta y ministra de Hacienda, pero que ahora tendrán que rendir cuentas por los delitos de corrupción que se les atribuyen.

Por todo ello, la decisión que tiene que tomar el próximo mes de octubre el Supremo resulta de vital importancia, puesto que el Alto Tribunal tendrá que dirimir si abre la puerta a que los entresijos de estos polémicos rescates que han costado cientos de millones de euros a la ciudadanía puedan ser de dominio público y dejen de estar guardados bajo la llave del Gobierno de Sánchez.