Las tres preguntas que plantea la filtración de los datos de policías y militares: quién los obtuvo, cómo y para qué

La aparición de un fichero de casi 500 páginas con datos personales de agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas ha puesto sobre la mesa una investigación que ahora Jucil quiere llevar hasta sus últimas consecuencias. La asociación profesional ha acudido a la Audiencia Nacional para solicitar que se determine cómo pudo recopilarse una cantidad tan amplia de información sobre miembros de los principales cuerpos de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas, quién tuvo acceso a esos datos antes de que fueran reunidos en un mismo documento y, sobre todo, qué finalidad podía perseguir una recopilación de estas características.

La existencia del archivo ha generado preocupación precisamente por la naturaleza de la información que contiene. Jucil sostiene que los datos, considerados de forma conjunta, pueden permitir identificar, localizar o contactar con agentes y militares y advierte de que su difusión podría facilitar labores de vigilancia, intimidación, ingeniería social o incluso selección de objetivos, con un riesgo que no afectaría únicamente a los propios funcionarios, sino también a sus familias. De ahí que la asociación haya pedido a la Justicia que no se limite a investigar quién difundió el fichero, sino que reconstruya toda la cadena de actuaciones, desde el momento en que se obtuvieron los primeros datos hasta su elaboración y posterior distribución.

La primera de las incógnitas es, precisamente, de dónde salieron esos datos. Jucil reclama que se investigue la procedencia de la información incluida en el documento y que se determine si alguno de los datos pudo obtenerse mediante un acceso no autorizado a sistemas, dispositivos, cuentas o bases de datos. La diferencia resulta fundamental para esclarecer el origen del caso, ya que el fichero podría haber sido construido a partir de información disponible en diferentes fuentes o, por el contrario, podría haber existido algún tipo de acceso ilícito a información que no estaba destinada a ser pública.

Esa cuestión conduce directamente al hecho de cómo se consiguió reunir toda esa información. El archivo afecta a miembros de distintos cuerpos y, según la asociación, contiene elementos que, considerados conjuntamente, permiten obtener una imagen suficientemente precisa de las personas incluidas. Es ahí donde Jucil quiere que se reconstruya el hecho de quién elaboró el fichero. La persona que pudo obtener determinados datos no tiene por qué ser necesariamente quien después los seleccionó, ordenó y reunió en el documento, y la asociación pide que se identifique a todas aquellas personas que pudieron intervenir en cualquiera de esas fases.

Para ello será especialmente importante conservar el rastro digital que haya dejado el archivo desde que comenzó a circular. Jucilha solicitado que intervengan unidades policiales especializadas y que se investiguen los canales y perfiles utilizados para su difusión, con especial atención a la información que todavía pueda conservarse en Telegram. La asociación considera necesario preservar esas pruebas antes de que desaparezcan o sean modificadas, ya que pueden permitir reconstruir quién publicó el documento, quién lo compartió posteriormente y hasta dónde llegó su distribución.

Queda finalmente la pregunta que puede resultar más difícil de responder, que es para qué se recopilaron los datos. La asociación profesional no atribuye por ahora una finalidad concreta a quienes elaboraron o difundieron el documento, pero considera que la investigación judicial debe determinar cuál era el objetivo perseguido con esta recopilación masiva.

«La seguridad y la intimidad de nuestros compañeros guardias civiles y de sus familias no pueden convertirse en moneda de cambio ni quedar expuestas impunemente en internet», ha advertido el secretario general de JUCIL, Ángel Lezcano. La asociación sostiene que llegará «hasta donde sea necesario» para exigir responsabilidades y que, mientras la Justicia decide si abre la investigación solicitada, una de las prioridades debe ser preservar las pruebas digitales que todavía permanezcan disponibles. Porque en un caso como este, el rastro que ha dejado el documento desde que apareció puede ser precisamente la clave para averiguar quién está detrás de él.