La red que Marruecos usó para invadir Ceuta recoge mensajes que amenazan con «una guerra civil»: «Habrá más víctimas que supervivientes»

Uno de los grupos virtuales que Marruecos utilizó para dirigir a los inmigrantes que asaltaron Ceuta el pasado 30 de julio, y que fue detectado a tiempo por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) continúa operativo en estos momentos, mes y medio después de que la ciudad viviera el mayor desplazamiento masivo de migrantes de su historia reciente. De hecho, los datos a los que ha tenido acceso El Debate demuestran que la red, que en los días previos a la avalancha movilizaba a 180.000 personas, ha seguido creciendo desde entonces hasta sumar casi cien mil seguidores más, lejos de perder influencia tras el episodio que contribuyó a organizar.

Se trata del grupo «Happy Fnideq», en referencia a la localidad marroquí de Fnideq, situada a apenas unos kilómetros de la frontera ceutí. Fue desde este grupo desde donde se coordinó buena parte de la movilización de aquella jornada. De hecho, fue el CNI el organismo que detectó la existencia de esta red y avisó al delegado del Gobierno en Ceuta, a través de su jefe de gabinete, Gonzalo Sanz. En el momento en que el CNI dio la voz de alarma, este grupo tenía 180.000 seguidores. En estos momentos tiene 273.000.

Este crecimiento abrupto es fundamental. Supone que, en apenas unas semanas, la red ha sumado 93.000 seguidores nuevos, casi cien mil personas más que se han incorporado a un canal cuya función, según ya advirtió el CNI antes de la avalancha, es precisamente movilizar a candidatos a cruzar la frontera. Lo relevante, más allá de la cifra en sí, es que el grupo sigue operativo. No ha sido cerrado, no ha dejado de publicar contenido y continúa funcionando como plataforma de convocatoria activa con un ritmo de crecimiento que los propios analistas de inteligencia calificarían de exponencial si se compara con el que tenía en los días previos al 30 de julio.

El mensaje más grave de cuantos ha difundido el grupo en las últimas semanas es el que relata la presunta agresión a un inmigrante marroquí en Ceuta. Según el propio texto, la víctima suplicó a sus agresores: «Que Dios tenga misericordia de sus padres». El mensaje se usa como excusa para lanzar una acusación frontal contra las fuerzas de seguridad y las autoridades españolas, a las que atribuye una doble vara de medir. «A España solo le importan los derechos humanos y la dignidad cuando hay cámaras presentes», sostiene la publicación, en una crítica que apunta directamente a la actuación policial sobre el terreno y que busca presentar a los agentes españoles como cómplices de la violencia contra los migrantes. El mensaje cierra con una invocación religiosa, «No hay poder ni fuerza sino en Dios», una fórmula que en la retórica del grupo se repite como cierre casi litúrgico de sus publicaciones más incendiarias.

Casi igual de grave es otro de los mensajes rastreados por este periódico, en el que el grupo eleva el tono hasta la amenaza explícita de violencia armada. La publicación sostiene que «los manifestantes en Ceuta eran mayoritariamente españoles, con un número muy reducido de residentes marroquíes», y les acusa de haberse congregado para atacar a los migrantes, quemar sus tiendas de campaña y bloquear los camiones de la Media Luna Roja que les proporcionaban alimentos y agua, «impidiéndoles comer». Todo ello, subraya el mensaje, habría ocurrido «bajo la atenta mirada de la policía española», en una nueva embestida directa contra los agentes desplegados en la ciudad, a los que de nuevo se señala como testigos de la violencia. El mensaje no se queda en la denuncia, ya que termina con un ultimátum velado afirmando que si el Gobierno no protege a los jóvenes que entraron en Ceuta, advierte, «ellos también se alzarán en armas para defenderse» y la ciudad «se sumirá en una guerra civil, con más víctimas que supervivientes».

El resto de mensajes localizados por este periódico, aun siendo menos incendiarios que los dos anteriores, insisten en la misma línea narrativa de deslegitimar la presencia española en la ciudad, presentándola sistemáticamente como territorio ocupado. Una de las publicaciones denuncia que «los manifestantes en la Ceuta ocupada impiden que los camiones de la Cruz Roja entreguen ayuda a migrantes y menores», añadiendo que «la situación se ha vuelto muy tensa». Otra, más escueta pero igualmente cargada de intención política, se limita a anunciar «manifestaciones en la ciudad ocupada de Ceuta por migrantes que quieren abrir el derecho al asilo y la libertad». En ambos casos, el grupo recurre a la misma expresión —«ciudad ocupada»— que ya utilizó la contranarrativa oficial marroquí detectada por el CENIF de la Policía Nacional para cuestionar el estatus de Ceuta y Melilla, según ya publicó este periódico.

Todo ello se enmarca en una serie de documentos desclasificados por el Gobierno que este periódico ha ido desgranando en las últimas semanas, y que dejan en muy buen lugar el trabajo de los servicios de inteligencia españoles. El CNI avisó con setenta y dos horas de antelación de la avalancha del 30 de julio, cuantificando entonces en 180.000 los seguidores de los grupos que la convocaban —la Delegación del Gobierno respondió, según los propios documentos, minimizando el riesgo—. El Centro detectó además que Marruecos ya había demostrado en 2024 su capacidad para controlar la frontera cuando lo decide, algo que no ocurrió el 30 de julio; identificó la distorsión entre el discurso de Mohamed VI reivindicando a su país como «socio de seguridad fiable» y lo que sus propios analistas veían sobre el terreno esa misma noche; detectó una bolsa de candidatos dispuesta a entrar también por Melilla mientras el foco del Gobierno seguía puesto en Ceuta; y señaló ya entonces la planificación de un segundo asalto para el 15 de agosto.

El hallazgo de hoy —el crecimiento sostenido de una de las redes que el propio CNI ya había señalado como pieza clave de la movilización— confirma que la labor de vigilancia de los servicios de inteligencia no se detuvo tras la avalancha de julio. La pregunta que queda por responder es si, mes y medio después de aquel primer aviso, alguna autoridad ha actuado para frenar a un grupo que, lejos de perder fuelle, ha seguido sumando seguidores y difundiendo mensajes cada vez más incendiarios.