La investigación de la jueza Tardón sobre Ceuta golpea al corazón de la Moncloa

Al jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Diego Rubio, le gusta comparar la Moncloa con una cocina en la que hay muchas sartenes en el fuego. Y sostiene que la tarea principal de quienes en ella habitan consiste en saber cuál se está quemando en cada momento y en retirarla a tiempo. Y así un día, y otro, y otro.

Ocurre que, esta vez, el que se está quemando es él. La crisis de Ceuta ha colocado a la mano derecha del presidente en el ojo del huracán. Pero no solo del huracán político, con miembros del Gobierno cuestionando abiertamente el papel de Rubio en la errática actitud de Sánchez, incapaz de calibrar el alcance de la crisis de Estado. Sino también, o sobre todo, del huracán judicial.

La investigación de la jueza María Tardón ha situado a Rubio en la primera línea, él que está acostumbrado a trabajar en la sombra y huir de los focos. Y todo apunta a que será uno de los primeros llamados a declarar en la Audiencia Nacional para esclarecer lo que la magistrada calificó como un ataque grave contra integridad territorial de España al asumir la causa.

En ese auto del lunes pasado, la jueza Tardón ya adelantó que, para saber si hay alguien a quien pueda atribuírsele una responsabilidad penal, tendrá que investigar «la articulación de adecuados medios de respuesta en el territorio español, en relación con la información y alertas de su posible acaecimiento, y la incidencia que estas actuaciones hubieran podido tener en los efectos producidos por esta entrada masiva». Ese párrafo explica mejor por qué el Ejecutivo precipitó la desclasificación parcial de papeles 48 horas después, temeroso de que la información se filtrase por otro lado. Y permite anticipar que tomará declaración a los principales protagonistas.

Diego Rubio no aparece directamente en los 40 informes, alertas y comunicaciones hechos públicos, en lo que pretendía ser una voladura controlada y acabó estallándole al Ejecutivo en las manos. Sin embargo, sí tuvo un papel clave en las conversaciones con la Delegación del Gobierno en Ceuta, con los ministerios y con el Ejecutivo de Ceuta de los días previos. De hecho, el presidente Juan Jesús Vivas afirmó públicamente la semana pasada que Rubio llegó a decirle que no llamara más porque se estaba poniendo «muy pesado».

El 27 de julio, Vivas trasladó a Rubio su preocupación y, siempre según la versión del presidente ceutí (el único que ha dado una), este se comprometió a hablar con los ministerios responsables. En ningún momento le puso en contacto directo con Sánchez. Ese mismo día se produjo una reunión, a solicitud del Gobierno de la ciudad autónoma, en la que participaron también la Delegación del Gobierno, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Vivas volvió a contactar con Rubio. En una primera llamada le dijo que estaban en ello y que necesitaban más tiempo. Después dejó de cogerle el teléfono. El presidente ceutí asegura que intentó contactar con él hasta en tres ocasiones y no hubo respuesta.

El 28 de julio por la mañana, Vivas volvió a la carga y llamó cuatro veces a Diego Rubio, que siguió sin contestar. Así que optó por enviarle un mensaje que el jefe de Gabinete de Sánchez respondió asegurando que estaban trabajando en ello y que el delegado del Gobierno le mantendría informado. El día 30, el de la invasión, Vivas trató de comunicar nuevamente con la Moncloa, y Rubio le devolvió la llamada pasado el mediodía. Intentó tranquilizarlo mientras miles de inmigrantes entran en Ceuta. Una hora después se produjo la única llamada que, hasta la fecha, Sánchez ha hecho a Vivas.

El otro jefe de Gabinete inmerso en esta historia, el del delegado del Gobierno en Ceuta, dimitió el pasado viernes tras un choque de versiones con su hasta ese día jefe. Gonzalo Sanz, que así se llama, fue el cargo con el que un agente del CNI contactó el día 29, primero por whatsapp y después mediante una llamada de 11 minutos, para avisarle de lo que se cernía sobre Ceuta. Él asegura que dio traslado de esa información al delegado, Miguel Ángel Pérez Triano, y a los distintos ministerios. Sin embargo, Pérez Triano niega la mayor. Todo apunta a que la jueza citará a ambos.

El Debate publicó este lunes en exclusiva que el delegado del Gobierno estuvo nueve horas ilocalizable aquel 30 de julio. Un juzgado de Ceuta ya había admitido a trámite una querella de Manos Limpias y otra de Hazte Oír contra Pérez Triano que ahora la jueza de la Audiencia Nacional quiere asumir. Ello para unificar una causa que trae de cabeza al Gobierno, aunque en lo político el presidente haya pretendido solventarla con un chivo expiatorio de cuarta.