El Gobierno pone en la diana a los jueces «salvapatrias» para defender su polémica actuación en Ceuta y con la ley de nietos

No es una mera coincidencias que dos de los ministros con mayor peso político Óscar López y Óscar Puente hayan sido los más duros en las declaraciones del Gobierno frente a las decisiones judiciales menos favorables a La Moncloa. En especial, las que se han producido en los últimos días contra la juez María Tardón, de la Audiencia Nacional y los magistrados del Supremo que han congelado, de manera provisional, la ley de nietos.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, entregado al relato del lawfare que, curiosamente, siempre coincide con la fiscalización de sus decisiones más radicales e ideologizadas, ha intensificado sus críticas al Poder Judicial en ambos frentes, de manera simultánea. Por una parte, la investigación de la Audiencia Nacional sobre la invasión Ceuta el pasado 30 de julio y, por otra, las medidas cautelares de la Sala Tercera del Alto Tribunal que han suspendido los efectos electorales de miles de nacionalizaciones concedidas al amparo de la reforma que amplió los criterios previstos en la ley de Memoria Democrática, al margen del Parlamento. En ambos casos, el núcleo duro de la cúpula socialista ha puesto en la diana, una vez más, la imparcialidad de ciertos jueces «salvapatrias».

El «pasado» de la jueza Tardón

Tras el estallido de la avalancha humana en Ceuta, durante la que cruzaron desde Marruecos más de 80.,000 personas a las playas españolas al otro lado del espigón de El Tarajal, era Sánchez quien se refería a lo ocurrido como un «ataque» contra «la integridad territorial de España». Sin embargo, el mismo presidente reaccionaba airado a la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional que dirige las pesquisas penales, la magistrada María Tardón, contra lo que apunta a un posible delito contra la paz o independencia del Estado, cometido en el extranjero, e conexión con un presunto homicidio imprudente y organización criminal, perpetrado desde Marruecos.

El Ejecutivo reaccionó entonces no sólo personándose como perjudicado en la causa sino, además, señalando a la instructora en boca del siempre polémico Óscar Puente. El ministro de Transportes ponía en la diana a la magistrada al asegurar que «ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad», por su pasado como concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid.

En Moncloa no sentaba bien que la jueza ordenase proteger las indagaciones preliminares de miradas indebidas o interesadas, blindando un informe policial sobre los hechos, al tratarse de «cuestiones relativas a la seguridad nacional». La orden dada a los investigadores para que, como está previsto en la ley, la reportasen directamente a ella y no a sus superiores jerárquicos, provocó la reacción airada de Fernando Grande-Marlaska. El ministro del Interior llegó a remitir hasta una carta a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, quejándose de Tardón. Lejos de corporativismos, la respuesta de la presidenta de los jueces y magistrados exigía «respeto» a la labor de sus compañeros.

En la misma línea, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional defendía a Tardón en una nota institucional aprobada por unanimidad. El presidente del órgano central, Juan Manuel Fernández, aseguraba no sólo que su independencia e imparcialidad están «absolutamente fuera de toda duda» sino que los ataques dirigidos a sus decisiones profesionales «no contribuyen a la fortaleza del Estado de Derecho».

Un «peligro fundado, real y serio»

Mientras tanto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó medidas cautelares a petición de Vox e Iustitia Europa. Suspendió los efectos electorales de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de quienes obtuvieron la nacionalidad por la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022 —la conocida como ley de nietos—, salvo que acrediten que sus antepasados sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia u orientación e identidad sexual.

La resolución no anula las nacionalidades ni paraliza los expedientes pendientes, pero impide votar a quienes se beneficiaron de una instrucción ministerial de 2022 que presumía la condición de exiliado para quienes salieron de España entre 1936 y 1955. El Supremo argumentó que el incremento extraordinario del censo (más de 400.000 electores nuevos desde 2023) genera «un peligro fundado, real y serio» para la objetividad del proceso electoral.

El Gobierno no compartió la decisión. Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, la calificó de «muy discutible jurídicamente» y pidió al Supremo que resuelva el fondo «lo antes posible» y, en todo caso, antes de las elecciones de 2027, porque se trata del «derecho más sagrado» en democracia. Pedro Sánchez también urgió una resolución rápida. Elma Saiz expresó que el Ejecutivo discrepa, aunque confía en la imparcialidad de la justicia.

Las críticas más duras llegaban hace unas horas, cuando el ministro Óscar López tildó el auto de «salvajada» y «atropello democrático». Afirmó que, aunque hay cientos de jueces que se esfuerzan por una justicia justa, «hay sectores judiciales que están empeñados en tumbar al Gobierno sea como sea» y «jueces que son salvapatrias». Relacionó la decisión con la «llamada de Aznar» de que «el que pueda hacer que haga» y habló de «lobos solitarios». Óscar Puente coincidió en señalar a esos «salvapatrias».

La Junta Electoral Central acató el mandato del Supremo, aunque de forma dividida. Varios vocales consideraron que el alto tribunal se había excedido al restringir un derecho fundamental sin oír a los afectados.

En ambos casos, el Ejecutivo insiste en que respeta la independencia judicial y se personará o colaborará donde proceda. Al mismo tiempo, ha vuelto a situar a jueces concretos —Tardón en Ceuta y la Sala del Supremo en la ley de nietos— en el centro de sus reproches, en un contexto de creciente tensión institucional a meses de un posible adelanto electoral. La presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ya había advertido en la apertura del año judicial contra las «descalificaciones públicas» a los magistrados.