Agentes de la ONIF desarticularon una trama de fraude de hidrocarburos en 2023
Audiencia Nacional
El juez Pedraz pide información bancaria ampliada del blanqueo del 'caso hidrocarburos' en Portugal e Irlanda
El magistrado instructor, con el respaldo de la Fiscalía, ha emitido dos nuevas Órdenes Europeas de Investigación (OEI) a las autoridades de Lisboa y Dublín donde, presuntamente, se destinaron parte de los fondos irregulares procedentes del fraude del IVA por la venta de combustible
Las autoridades portuguesas han respondido la primera petición del juez Santiago Pedraz, instructor del 'caso hidrocarburos', aportando nuevas cuentas bancarias en Portugal, procedentes de la presunta trama en nuestro país, así como de otras destinatarias de los fondos de procedencia delictiva que se transfirieron desde cuentas de varias de las suministradoras involucradas en la investigación o desde cuentas tituladas en sociedades portuguesas. Sin embargo, el magistrado considera que dicha información es «insuficiente», al no constar movimientos bancarios detallados de todas ellas o bien porque los que constan están en formatos que dificultan su análisis. Y, es por ello, tal y como ha podido avanzar El Debate, que Pedraz ha instado la emisión de dos nuevas Ordenes Europeas de Investigación (OEI) y la ampliación de las ya emitidas tanto en Portugal, como en Irlanda, de acuerdo con la Fiscalía.
«Como ampliación de todas las diligencias que han venido siendo acordadas en el presente procedimiento, entiende este instructor que las diligencias ahora interesadas por el Ministerio Fiscal resultan pertinentes, necesarias y proporcionadas a los fines de la presente instrucción, en averiguación de los hechos y presuntos delitos objeto de ésta», reza el auto al que ha tenido acceso este diario, en primicia.
El magistrado ha emitido una nueva Orden Europea de Investigación a las autoridades competentes de Portugal «a fin de que procedan a remitir información relativa a las nuevas cuentas bancarias identificadas en Portugal, así como de otras destinatarias de fondos de procedencia delictiva que se transfirieron desde cuentas de las suministradoras involucradas en la investigación o desde cuentas tituladas en sociedades portuguesas, que sea completada la información remitida para así poder determinar el destino concreto de la totalidad de los fondos transferidos a Portugal». Entre ellas, información bancaria relativa a cuentas de las que es titular E.F. Iber Combustiveis-Distribuiçao de Produtos Petrolíferos Unipessoal Lda. en el Banco Santander Totta SA, Abanca Corporación Bancaria SA y Novo Banco SA.
Además, el juez Pedraz ha decretado el envío de otra Orden Europea de Investigación a las autoridades competentes de Irlanda a fin de que sea remitida la información financiera relativa a operaciones efectuadas por parte del exchanger Kraken, a través de un requerimiento a Payward Europe Limited, con domicilio social en Dublín, para que faciliten todos los datos disponibles en sus bases de datos, especialmente, la información del cliente: «nombre de usuario, direcciones, facturación, datos del método de pago, correos electrónicos registrados, teléfonos móviles registrados y documentación KYC». Como, también, «movimientos de cuenta, historial de depósitos y retiradas, historial de depósitos y retiradas en dinero fiduciario, registros de acceso y dispositivos, así como cualquier otra información contenida en sus registros».
Por último, Pedraz también ha pedido la colaboración « a la unidad policial encargara de las investigaciones» -esto es, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil- para que le aporten información correspondiente a las sociedades Armería Argali, SA y Cacera Concejo SL.
En concreto, el magistrado busca todos los rastros disponibles relativos a los movimientos bancarios cruzados, supuestamente, con las personas físicas que representaron a Agarrovio Unipessoal Lda (datos de identificación, teléfono, domicilio, correo electrónico, etc.). En la misma línea, Pedraz ha reclamado todos los «contratos suscritos entre ambas mercantiles» con dicha sociedad portuguesa o con «otras sociedades de distinta denominación que fueren representadas por las mismas personas físicas».
Y, «si se trata de adquisición o venta de bienes, toda información que detalle la compra-venta de bienes tanto muebles como inmuebles», posible resultado de las relaciones empresariales bajo sospecha.