Fundado en 1910
Isabel Durán
Contra el relatoIsabel Durán

¿A quién beneficia el caos de los nietos y del sistema electoral de Sánchez?

A quince días del 29-N, Sánchez ha llevado a España a un desconcierto electoral que su propio Gobierno conocía y decidió no corregir: denunció ante la JEC las graves deficiencias del voto exterior, pero no las resolvió

(Foto de ARCHIVO)
Una persona se prepara para ejercer su derecho a voto durante las elecciones generales, en el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo, a 23 de julio de 2023, en Madrid (España). Los españoles están llamados hoy, 23 de julio de 2023, para elegir a sus representantes para los próximos cuatro años. Están en juego 350 escaños en el Congreso y 208 en el Senado (ya que 57 de los 265 senadores lo son por designación autonómica), que tendrán que elegir al próximo Gobierno. Estos comicios estaban previstos para diciembre pero el presidente del Gobierno decidió adelantarlo tras los malos resultados obtenidos por su formación en las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo.

Carlos Luján / Europa Press
23 JULIO 2023;ELECCIONES;23J;23-J;GENERALES;URNAS;PAPELETAS;MESAS;COLEGIO;ELECTORAL
23/7/2023

Una persona se prepara para ejercer su derecho a voto durante las elecciones generalesEuropa Press

Lo más extraordinario del galimatías electoral que afronta España es que el Gobierno de Sánchez conocía las graves deficiencias del voto exterior, las denunció ante la Junta Electoral Central y no las corrigió. Lo acredita un informe reservado de Interior, Exteriores y la Oficina del Censo Electoral, revelado por El Debate.

Lo firmó Carmen López García, directora de Política Interior, el 30 de septiembre de 2025. El documento examinó las anteriores generales del 23-J y las europeas de 2024, las dos primeras elecciones tras la supresión del voto rogado que había puesto en marcha Zapatero en 2011. Encontró siete disfunciones estructurales y calificó el procedimiento de «difícil de gestionar» y «definitivamente ineficiente».

Los datos son escandalosos. En las europeas regresaron sin entregar 475.649 envíos electorales, uno de cada cinco. De ellos, 12.567 llevaban la anotación «fallecido». En cien países, 434.044 electores residían en territorios donde existía riesgo de que la documentación no llegara. En otros nueve, con 348.073 españoles inscritos, Correos carecía de información sobre la entrega final. Ecuador ofrece un ejemplo desolador: solo llegó a sus destinatarios el 7,79 % de los 29.588 envíos. El intento costó 1,69 millones de euros.

Y hay más. El reembolso de un franqueo de 6,44 euros costaba 33,60 euros en gastos de gestión. Cada voto exterior alcanzó los 214,26 euros en las europeas de 2024. Interior pidió aplicar reformas «lo antes posible». La JEC respondió el 20 de noviembre de 2025 que las propuestas estaban incompletas y reclamó una regulación definitiva.

El Gobierno nunca la presentó. Lo más grave es que Interior, Exteriores y la OCE ya habían advertido de esos problemas en 2022, durante la reforma que suprimió el voto rogado. Cuatro años después, Sánchez convocó elecciones anticipadas sin resolverlos. ¿Por qué?

El censo digital y los muertos que siguen empadronados

El segundo boquete afecta a los datos con los que España construye sus censos. La Policía, la Guardia Civil y distintos ayuntamientos han documentado más de 2.800 inscripciones y episodios de irregularidades padronales. Aparecen solares, edificios tapiados, domicilios inexistentes, un antiguo pub, una peluquería, una ONG y hasta 91 empadronados en una vivienda.

El INE reconoce que el padrón conserva registros de miles de fallecidos. En 2021 excluyó 5.228 registros de supuestos centenarios de su censo estadístico porque no pudo acreditar que siguieran vivos. No ha aclarado si también fueron eliminados del padrón y del censo electoral.

El Gobierno impulsó un cambio de paradigma: sustituir las antiguas entrevistas domiciliarias del censo de población por la explotación de registros administrativos. El censo de población no es el electoral, pero ambos utilizan información padronal. Y cuando el dato de origen es falso, la tecnología no lo corrige necesariamente: puede multiplicarlo hasta darle apariencia de verdad administrativa.

La ley de nietos: los hijos que quedaron fuera del contador

Sobre aquel sistema electoral exterior que el propio Gobierno consideraba ineficiente llegó la ampliación de nacionalizaciones por la ley de nietos. Desde la instrucción de Sofía Puente, el CERA aumentó en 457.105 electores entre noviembre de 2022 y agosto de 2026, frente a los 37.677 incorporados hasta las generales de 2023.

Las investigaciones de El Debate acabaron ante el Tribunal Supremo, que adoptó medidas cautelares sobre los efectos electorales de determinadas nacionalizaciones. El Gobierno intentó minimizar su alcance. La Abogacía del Estado calculó una incidencia de apenas 14.120 votos, el 0,06 % de los sufragios emitidos.

Sin embargo, de los 163.355 nacionalizados identificados en la relación entregada al Supremo, solo 901 disponían de certificación consular de exilio: el 0,55 %. Eso no acredita por sí solo que los demás incumplieran los requisitos legales.

Y faltaban los hijos: alrededor de 189.678 nacionalizados por otra vía de la misma disposición. Vox e Iustitia Europa solicitaron extender las cautelares a ese colectivo. El Supremo no acordó la suspensión electoral de los hijos ante la proximidad de las elecciones.

¿Cómo pudo llegarse a las elecciones sin haber delimitado completamente las consecuencias censales de aquella interpretación de la ley?

Siete millones para corregir el DNI digital que antes defendían

El cuarto polvorín afecta a la identidad del votante. La JEC suspendió la utilización electoral de MiDGT y MiDNI sin verificación criptográfica después de que este medio destapara la grieta de seguridad. Lo inaudito es que Carmen López García, directora general de Política Interior y responsable con funciones de ciberseguridad electoral, había defendido ante la JEC que bastaba con mostrar la credencial en el móvil. Mostrar una imagen no equivale a verificar su autenticidad. Sin embargo, miDGT pudo utilizarse en nueve procesos electorales, incluso en el voto por correo de las generales de 2023.

Ahora Interior ha contratado por emergencia 61.603 terminales para verificar MiDNI, por 7.000.455 euros. ¿Quién fabrica los aparatos? ¿Quién los configura? ¿Qué programas ejecutan? ¿Qué servidores consultan?

Julián Inza e Ignacio Alamillo, expertos en identidad y seguridad digital, han advertido de los riesgos. Inza alerta de la posibilidad de que un terminal acceda a una página falsa en lugar del verificador oficial. Alamillo recuerda que certificar MiDNI no equivale a auditar todo el sistema electoral y exige descartar que los aparatos transmitan quién se identifica, dónde y cuándo. Reclaman garantías para impedirlas. Y el Gobierno publica una guía de ciberseguridad electoral que no aborda específicamente los riesgos de los nuevos lectores.

¿A quién beneficia?

A quince días del 29-N, el CIS de Tezanos sitúa al PSOE casi ocho puntos por delante del PP. La Séptima también coloca a Sánchez en cabeza, aunque suspende su valoración personal con un 3,8 sobre diez. Resulta especialmente llamativo después de la tragedia ferroviaria de Urda. El CIS realizó casi todas sus entrevistas antes del accidente, pero el trabajo de campo de La Séptima continuó después. Las encuestadoras privadas ofrecen, en general, una fotografía distinta.

Sánchez sabe que no va a ganar las elecciones. Necesita que PP y Vox no alcancen la mayoría necesaria para gobernar. El voto exterior puede resultar decisivo en una veintena de circunscripciones. De ahí sus maniobras con los falsos nietos, bisnietos y tataranietos.

Quedan pendientes una sencilla garantía para el voto por correo: notificar por correo certificado al domicilio de cada elector que se ha emitido un voto en su nombre, permitiendo reclamar a quien no lo haya hecho. Alguien debería también solicitar de urgencia que se cambie cómo viaja el voto exterior.

¿Por qué no se corrigieron las grietas del CERA que el Gobierno conocía? ¿Por qué tantas dudas sobre los registros electorales? ¿Por qué insistir en el DNI digital cuando funciona el físico? ¿Para ahorrarnos unos gramos en el bolsillo? ¿A quién beneficia este caos? En democracia, lo que no se puede perder es la confianza en las urnas. Y esa confianza no la devuelve una victoria electoral, por incontestable que sea, sino la certeza de que nadie ha podido alterar quién vota, cómo vota ni cómo se cuenta su voto. Esperemos que un nuevo gobierno comprometido con la regeneración democrática consiga que las aguas vuelvan a su cauce.

comentarios
tracking

Compartir

Herramientas