El ex director general de la Faffe, Fernando Villén, a la salida de la Audiencia de Sevilla (archivo)

El ex director general de la Faffe, Fernando Villén, a la salida de la Audiencia de Sevilla (archivo)Eduardo Briones | Europa Press

Caso Faffe

La primera condena por enchufismo en la Faffe revive el pasado de corrupción del PSOE en Andalucía

Un exalcalde socialista fue contratado en la extinta entidad pública «por su sola voluntad, amistad y afinidad política» con su entonces director

Un nuevo capítulo en la crónica de la corrupción en Andalucía ha quedado escrito con tinta judicial. La Audiencia de Sevilla ha condenado al ex director general de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), Fernando Villén, por la contratación fraudulenta del exalcalde socialista de Lebrija, Antonio Torres. Se trata de la primera condena por enchufismo en la Faffe, con la que se revive el pasado de corrupción del PSOE en Andalucía.

La sentencia, dictada este pasado 29 de abril, concluye que el exalcalde de Lebrija, tras perder el bastón de mando en 2003, fue contratado en la entidad pública «por su sola voluntad, amistad y afinidad política» con Villén, lo que le permitió cobrar 359.973,51 euros –que ahora deben devolver– durante una casi década como director de Relaciones Externas, cargo creado ad hoc, pese a que «no acudía a la sede de la fundación ni desempeñaba trabajo alguno».

El enchufe de su amigo y compañero de partido le cuesta a Villén otros tres años y seis meses de prisión y seis años de inhabilitación absoluta por malversación de caudales públicos, además de otros siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación, concurriendo en ambos delitos la atenuante simple de dilaciones indebidas en el proceso judicial. Este castigo se suma a los seis años de cárcel que recibió por los pagos con dinero público en prostíbulos.

El tribunal califica la contratación de Torres como «injusta y arbitraria», al haberse realizado «prescindiendo de los procedimientos de contratación a los que la Faffe debía ajustarse, sin concurrencia alguna de otros posibles candidatos al puesto». Tampoco se respetaron los principios legales de publicidad, objetividad, igualdad de oportunidades o mérito y capacidad, exigidos tanto por la legislación como por la normativa interna de la propia Faffe.

Este caso representa la primera condena judicial por enchufismo en la Faffe, pero no es un hecho aislado. La investigación en curso aborda «la posible injustificada […] contratación de, al menos, 84 personas» vinculadas al PSOE andaluz, que habría sido realizada «con omisión de los principios de publicidad y libre concurrencia, sin procedimiento ni convocatoria de ningún tipo ni observancia de los principios de mérito y capacidad», según el reciente auto de imputación de 21 personas por los enchufes en el ente público.

La Faffe, creada en 2003 por el Gobierno de Manuel Chaves para, en teoría, gestionar programas de formación y empleo dirigidos a los parados andaluces, se ha convertido en un símbolo del pasado más oscuro de Andalucía, también marcado por los ERE. Mientras estuvo vigente, el PSOE utilizó este organismo público para premiar fidelidades y tejer una red clientelar, según se desprende de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportados a los juzgados.

Al día siguiente de disolverse la Faffe, en mayo de 2011, sus 1.664 asalariados se integraron en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde aún trabaja la mayoría. Uno de los beneficiados con este trasvase, que lo convirtió de facto en empleado público, fue Antonio Torres, a quien la Audiencia de Sevilla ha impuesto dos años y tres meses de cárcel y cuatro años de inhabilitación absoluta como cooperador necesario del delito de malversación cometido por Villén.

La condena, por supuesto, ha suscitado reacciones políticas. Desde el PSOE andaluz se han limitado a manifestar su «respeto absoluto a las decisiones judiciales». En el PP-A, en cambio, se han explayado en denunciar la «golfería» de «colocar por la cara a amiguetes sin siquiera pisar aquello para ir a trabajar», como era el caso de Antonio Torres. La sentencia, eso sí, aún no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

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