Las dos capitales andaluzas que estrenan oficinas antiokupación: «Ni de izquierdas ni de derechas, es ilegal»

«La okupación no es un fenómeno ni de izquierdas ni de derechas, sino que es ilegal», decía recientemente el alcalde de Sevilla. La capital hispalense presentó a principios de julio la nueva Oficina de asesoramiento en materia de vivienda y ocupación, fruto del acuerdo que alcanzó José Luis Sanz (PP) con el grupo municipal de Vox para la aprobación de los presupuestos del año 2025.

Un órgano de gestión, dependiente de Emvisesa, que el primer edil espera «que pueda asesorar a muchos sevillanos con este problema». Cristina Peláez, portavoz de Vox, calificó la problemática «como una emergencia social», recordando que cuando el PSOE gobernó la ciudad «se puso de perfil o a favor del delincuente» porque entre otras cosas «tenemos leyes injustas que provocan una situación donde se prima el derecho a una vivienda frente al de la propiedad». «Quien pega una patada a una puerta tiene más derechos que el dueño de la vivienda», resumió.

La citada oficina, que estará dirigida por Manuel Sillero, exgerente de Gesco, muestra «la total conciencia que tenemos» ambos grupos contra el fenómeno de la okupación, según fuentes municipales. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) la ha criticado ya que a su juicio «es una oficina sin sentido». Una activista de esta organización declaraba sobre su apertura lo siguiente al medio El Salto: «El Ayuntamiento nos distrae con el miedo a la okupación en lugar de atender la falta de vivienda accesible».

El despacho pretende ser un lugar de asesoramiento para los sevillanos que sean titulares de una vivienda de Emvisesa o del mercado libre que pueda servir de lobby en las instancias judiciales para acelerar la resolución al problema de un asalto ilegal. Aún conscientes de que las administraciones locales apenas cuentan con competencias en esta materia, la oficina sí permitirá «elaborar incisivos informes o resolver consultas de afectados».

Según Emvisesa, Sevilla cuenta a día de hoy con 21 viviendas ocupadas de su parque público, todas ellas situadas en la barriada del Polígono Sur. Vox aumentaba hasta los 500 inmuebles el número total de okupaciones en toda la provincia, aunque la oficina se ha comprometido a elaborar un exhaustivo informe que diagnostique con más concreción esta realidad.

En breve, en Granada

Mientras, en Granada, se ha ultimado la creación de una oficina similar, promovida por el equipo de gobierno y que contará en este caso con la colaboración del Colegio de Abogados, que asesorará a los propietarios que sufren ocupaciones durante dos horas a la semana.

La alcaldesa de la capital nazarí, Marifán Carazo (PP) considera que la puesta en marcha de este proyecto responde «a una necesidad urgente» ante un problema social que ha provocado la «indefensión» de la ciudadanía. Vox también consideraba que su apertura era esencial «para amparar a los granadinos a los que se les han arrebatado sus viviendas y prevenir la proliferación de los delitos de usurpación de cualquier tipo de inmueble». «Vamos a estar atentos al desarrollo del convenio para que la oficina, cuya puesta en marcha está prevista en septiembre, tenga la mayor efectividad y así se lo solicitamos al concejal delegado de Presidencia en la comisión de esta semana», ha explicado Sánchez Agustino, portavoz de su grupo municipal.

El Sindicato de la Vivienda de Granada ha criticado su puesta a punto, aludiendo a que estamos ante «un chiringuito» del Ayuntamiento que se sirve de dinero público para responder «a la criminalización de sectores vulnerables de la ciudad».