La Diada llega con polémica: 93.000 euros para una ‘senyera’ gigante pero sin rastro de la bandera de España

Como cada 11 de septiembre, este jueves Cataluña celebra su fiesta, conocida como la Diada y a la que el independentismo –que durante el procés ‘secuestró’ esta cita y la convirtió en un despliegue anual de músculo– llega con el apoyo popular en mínimos históricos. Se prevé que la asistencia a la manifestación convocada por las entidades nacionalistas registre cifras aún más bajas que las del año pasado.

Este año, sin embargo, la polémica comenzará ya en vísperas de esta fecha, ya que está previsto que el miércoles se celebre en el Parlament de Cataluña un solemne izado de bandera para dar el pistoletazo de salida a los actos institucionales por la Diada. La bandera que se izará será una gigantesca senyera de 54 metros cuadrados cuya instalación –según consta en el presupuesto de licitación– ha costado 92.997,73 euros.

«La intención es reforzar la solemnidad institucional de la Diada», señalan en un vídeo promocional publicado por la cámara autonómica catalana hace unos días, en el que señalan que este gesto «se repetirá cada año». El resto de días del año, la desproporcionada bandera «ondeará permanentemente» en el parque de la Ciudadela, frente al Parlament y a 25 metros de altura.

El izado de la bandera se había llevado a cabo entre 1980 y 2008, y recuperarla ha sido un empeño del presidente del Parlament, Josep Rull, de Junts. Con esta ceremonia se quiere equiparar Cataluña «al resto de países del mundo», según declaraciones de Rull recogidas por El Mundo.

Impulso Ciudadano

Este énfasis por destacar la bandera catalana contrasta con el ninguneo a la bandera española, como denuncia la entidad constitucionalista Impulso Ciudadano. En una carta enviada hace un mes, recogida por el citado medio, exigían a Rull que cumpla con la Ley de Banderas y acate el artículo 4.2 de la Constitución –así como la Ley 39/1981–, que establece que la bandera de España debe ondear permanentemente en el exterior de todos los edificios públicos, junto con la oficial de la comunidad autónoma.

En concreto, desde Impulso Ciudadano reclamaban a Rull tres cosas: que la bandera española ondee junto a la catalana en el nuevo mástil; que no instale la rojigualda solamente los días de pleno, como hasta ahora, sino todo el año, y que incorpore la bandera de España en su despacho.

En su respuesta –una carta fechada el 2 de septiembre, a la que ha tenido acceso El Debate–, Rull ignora las tres peticiones, y señala que la bandera gigante es un regalo al Ayuntamiento de Barcelona que busca «solemnizar la representatividad de Barcelona como cap i casal de Cataluña y en representación de todos los municipios del país». También se quita responsabilidad sobre la ausencia de la bandera española en el exterior del Parlament diciendo que «se han mantenido los mismos usos que se establecieron desde la recuperación» de la institución en 1980.

Unos días después de enviar su carta, Impulso Ciudadano cursó un segundo documento sobre el tema. En esta ocasión se trata de una solicitud de acceso a la información pública –a la que también ha tenido acceso El Debate– en la que piden cinco documentos relacionados con el izado de la senyera gigante: el acuerdo de autorización de la instalación del mástil, los informes técnicos que haya, el contrato del suministro de las banderas –indicando la empresa proveedora–, el protocolo de los actos de la Diada y el acuerdo vigente que regula la colocación de las banderas oficiales en el exterior del Parlament.

Sobre el mástil, exigen también que «en caso de prever que ondee únicamente la bandera de Cataluña», se especifiquen «las razones jurídicas o reglamentarias que lo justifican». Por último, la entidad reclama una relación de los espacios interiores del Parlamento donde se exhiben conjuntamente la bandera de España y la de Cataluña, y de aquellos en los que ondee únicamente la bandera catalana; en particular, en el despacho institucional de Rull.

En estos momentos, casi un mes después de cursar la solicitud, desde el Parlament no han dado respuesta a ninguna de estas peticiones, según confirma el presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo. «Seguimos pensando en que la ley se ha de cumplir; acabaremos en los tribunales», concluye.