Alfonso Rus, en primer plano, durante una sesión del juicio del caso Imelsa.
Comunidad Valenciana Anticorrupción pide 8 años de cárcel para Alfonso Rus (ex del PP) por corrupción en la Diputación de Valencia
El exdirigente popular habría adjudicado ilegalmente una centralita de llamadas a la empresa de un amigo pese a carecer de «medios materiales, técnicos y personales»
La Fiscalía Anticorrupción de Valencia ha pedido ocho años de prisión para el expresidente de la Diputación y del Partido Popular de dicha provincia, Alfonso Rus, en una de las piezas que afectan al denominado caso Imelsa, donde se investigan varios casos de corrupción en la institución provincial. De esta manera, la petición de cárcel se mantiene y es la misma que ya solicitaba al inicio del juicio, que se ha alargado durante meses.
Esta causa concreta se refiere a a la adjudicación de la centralita de llamadas o call center. Según las conclusiones explicadas por el Ministerio Público, Rus habría tenido un papel «nuclear» a la hora de haber perseguido y conseguido el «amaño» de esta contratación. Así, habría cometido una serie de irregularidades tanto a la hora de redactar los pliegos de condiciones como para decidir quién tenía que ser el beneficiario de prestar el citado servicio.
El origen de este sumario son unas declaraciones de Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública y conocido como ‘el yonki del dinero’, en las que aseguraba que Rus adjudicó el call center a la empresa Servimun S.L. a modo de «regalo» o «favor» porque su propietario, Mariano López, era su amigo y el suegro de Benavent. Esta versión la jueza instructora la definió como una «radiografía muy extensa» que provocó, en palabras del fiscal, «posteriormente una comprobación» para clarificar el rol del exdirigente popular: «El que domina de pleno todo el procedimiento es Rus», ha indicado tajantemente.
Pliegos «con muchas deficiencias»
De este modo, considera que el expresidente de la Diputación valenciana «participó activamente desde el inicio con la encomienda de la gestión», a la par que destaca la relación de amistad que mantenía en ese momento con el empresario implicado. Una vez puesta «en marcha la maquinaria» llegó el momento de redactar los pliegos para la contratación, aspecto que se llevó a término «para favorecer a López». Para lograrlo, se hizo que la propia mesa de contratación «no decidiera absolutamente nada» y que esto cayera en personal de confianza de Rus como el propio Benavent.
«Los pliegos tenían muchas deficiencias que son fundamentales para dar la adjudicación. Se van manejando criterios a elección y no todas las empresas se encuentran en igualdad de condiciones», ha descrito Anticorrupción. Esta operación culminó con el objetivo previsto, beneficiar a Servimun «como no podía ser de otra manera», ha apostillado.
Por tanto, Fiscalía considera que el proceso «no fue transparente» porque «no puede ser que una persona que elabore los pliegos y la valoración, también esté en la mesa de contratación. Era imposible que no hubiese sido seleccionada otra empresa que no fuera la de su amigo Mariano López», ha estimado la acusación.
Alfonso Rus y Marcos Benavent (primero y tercero por la izquierda), en el juicio del caso Taula.
Por si fuera poco, el Ministerio Público ha destacado que la sociedad beneficiada «carecía de medios materiales, técnicos y personales», por lo que «solo puso a las teleoperadoras» por un importe de «30.000 euros mensuales», mientras que «todo lo demás lo hicieron los técnicos de la Diputación o de Imelsa».
Por tanto, la empresa tampoco ejecutó las mejoras a las que se le obligaba en el expediente de contratación: «De las catorce que dijo que iba a hacer, no cumplió ni una. Ni ampliación de horarios de sábados, soporte técnico permanente o aplicación informática propia», ha detallado el fiscal, aseverando que todo ello se pudo producir porque el propietario de la mercantil «sabía que nadie le iba a controlar».
Comunidad Valenciana
Primera sentencia del caso Taula: cárcel para ‘el yonki del dinero’ y absuelto el PP
En su conclusión, Anticorrupción ha hecho hincapié en que todo el procedimiento era «un castillo de naipes organizado para sustraer el dinero público», concretamente 845.000 euros que «nos hemos gastado y que no sirve para nada», ha concluido el fiscal en su exposición.
En base a todo lo descrito, la Fiscalía pide que Rus sea condenado a ocho años de prisión haber incurrido en prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, todo ello de forma continuada.
Por su parte, para Benavent solicita la pena de cuatro años y medio por prevaricación y malversación ambas también continuada, mientras que para Mariano Lopez, Anticorrupción rebaja su petición inicial de trece años de cárcel hasta los siete años y tres meses una vez el juicio ha terminado y el caso está visto para sentencia.
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