Imagen de archivo de José Miguel Basset y Jorge Suárez tras una reunión del Cecopi.
La jueza de la dana ha citado antes al entorno de Mazón que a los técnicos que gestionaron la emergencia
«Las testificales se agendan en función de la relevancia que puede tener para la instrucción». Así de contundente es la explicación que realizan diversas fuentes judiciales a El Debate para saber qué orden se sigue para la citación de testigos, y más viendo que en la causa de la dana han tenido cierta prioridad las personas más próximas a Carlos Mazón que dos, por ahora, testigos que son capitales para resolver si se sostiene la imputación contra Salomé Pradas y Emilio Argüeso y si hubo o no la comisión de 230 delitos de homicidio imprudente.
Pasaron escasas horas entre que la Audiencia de Valencia obligara a la citación como testigo de Maribel Vilaplana y el ordenamiento de que la periodista, que comió con Carlos Mazón en un reservado de El Ventorro de Valencia, para que acudiera al Juzgado de Catarroja el 3 de noviembre. Tras esta indicación de la autoridad judicial, la jueza Nuria Ruiz Tobarra abrió el camino y desde entonces se han sucedido las citaciones a toda persona que pudo escuchar alguna conversación de Carlos Mazón en la tarde de la dana.
Prácticamente el equipo de confianza del expresidente, así como la citación a los escoltas y chófer que tuvo Mazón el 29 de octubre de 2024. Hasta el dueño de El Ventorro ha tenido que acudir a Catarroja para explicar si escuchó o no y si Vilaplana pudo haberse enterado de algo o no. Consta en la instrucción, como si los 230 muertos dependieran de ello, las dimensiones del comedor reservado y hasta la factura de «dos menús concertados por 165 euros». Incluso que ambos comensales acabaron de comer a las 16:45 horas y que se quedaron «de tertulia» hasta que abandonaron el local «entre las 18:30 y las 19:00 horas»
La jueza ha pedido el ticket del aparcamiento, así como saber las horas exactas de entrada y salida del vehículo de la periodista y hasta se sabe que Maribel Vilaplana pagó 15,10 euros a las 19:47 horas.
El jefe de Gabinete ha declarado en sede judicial sus comunicaciones con el presidente durante aquella comida y aún faltan miembros del equipo de Mazón por pasar ante el Juzgado de Catarroja. Eso sí, Salomé Pradas y Maribel Vilaplana han sido invitadas a declarar de nuevo ante la jueza por si quieren ampliar o modificar su declaración inicial. Eso sí, ambas han rechazado el ofrecimiento hasta que tengan lugar, al menos, las testificales de otros citados.
Constan antes en la instrucción las medidas del reservado de El Ventorro que las versiones de los dos técnicos de mayor rango en la emergencia del 29 de octubre
Dos testigos que pueden cambiarlo todo
Y todo ello mientras hasta la fecha siguen pendientes dos testificales que, a tenor de la tragedia, parecen claves. La jueza no ha tomado declaración aún a los dos responsables técnicos de mayor rango que aquel día estaban en el Cecopi. Eso sí, ya sabemos que la responsabilidad es únicamente de la Generalitat Valenciana, que el silencio declarado en sede judicial por Aemet y especialmente CHJ no altera la responsabilidad penal ya planteada y guiada.
Este jueves acude a Catarroja el técnico superior del 112. El subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, es la persona de máxima responsabilidad dentro del Centro de Emergencias de l'Eliana y de él dependía aquel día, por ejemplo, haber trasladado las miles de llamadas que llegaron al 112 y que no alteraron el desarrollo de un Cecopi que sólo atendía a lo que pudiera ocurrir en Forata.
Suárez está citado como testigo, pero tal vez pudiera salir de Catarroja como investigado, porque hasta incluso la exconsellera Salomé Pradas lo señaló como cierto responsable de la falta de información que cundió aquel 29 de octubre en la sala de l'Eliana, pero más contundente fue con el otro testigo que aún no ha declarado..
Pradas ya declaró el 11 de abril que Mazón no retrasó el envío del Es-Alert y se ha reafirmado en la entrevista de La Sexta
La jueza ha justificado, en diversos autos, que su objetivo con citar a todo el entorno de Mazón es saber si el presidente pudo dar alguna orden con respecto al envío del Es-Alert. Pues Jorge Suárez era de los partidarios de que se hubiera enviado antes y mantuvo un debate de «unos minutos», según Pradas, con otro técnico que aún no ha sido citado para pasar por el Juzgado de Catarroja: José Miguel Basset.
El exjefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, que se jubiló en marzo de 2025, está citado como testigo en la causa pero hasta la fecha no se ha estimado como necesaria su declaración, pero sí todas las relativas a Mazón. Es decir, que se ha antepuesto unas testificales que suponían un órdago político antes de haber tenido ya la declaración de todos los protagonistas en el Cecopi. Es que Suárez y Basset estaban presencialmente en la reunión igual que Salomé Pradas y Emilio Argüeso, mientras que sí que han declarado los que no estuvieron en persona, sino contectados vitualmente como Pilar Bernabé, Miguel Polo y José Ángel Núñez.
La jueza aún no ha escuchado a los dos técnicos que debatieron en el Cecopi sobre la idoneidad de enviar la alerta a la población
Basset, el día que sea agendado, deberá aclarar por qué consideró «contraproducente» enviar el Es-Alert en un primer momento y por qué debatió durante «unos minutos» con Suárez con respecto a los efectos que pudiera causar entre la población una alerta de este tipo. Hasta la propia Pradas reconoció que ante la exposición de Basset aquel día contemporizó las decisiones para que la solución no fuera la de un cargo político imponiéndose por encima de las estimaciones de los profesionales en la emergencia.
Tal vez en otro momento las testificales de Suárez y Basset hubieran abierto un nuevo escenario judicial, tal vez si se les hubiera escuchado en la primavera, como a Pradas el 11 de abril, el camino de la instrucción fuera diferente al actual. Porque desde que declarara la exconsellera se sabe que Mazón no dio indicación alguna y que los organismos dependientes del Gobierno mostraron un silencio sepulcral que hizo colapsar la gestión de una emergencia devastadora y mal anticipada.