El jefe operativo de la dana contradice la lectura política de los autos de la jueza

El auto del 30 de septiembre de 2025 de la jueza Nuria Ruiz Tobarra rechazando la imputación del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar Miguel Polo es, sin duda, uno de los más demoledores contra la gestión de la emergencia de la dana. Aunque tres meses y medio después la declaración del jefe operativo de la emergencia, José Miguel Basset, desmonte el argumentario político armado tras la justificación de la magistrada.

«La conclusión es clara, que más allá de aquellos puntos en los que la Confederación Hidrográfica del Júcar no posee un control del aforo, el control de los barrancos debe efectuarse a través del Centro de Coordinación de Emergencias, quien en el plan especial de inundaciones asumiría el control de los barrancos», firmó la jueza para justificar la no imputación de Miguel Polo.

Y es que la figura del presidente de la CHJ ha estado en entredicho prácticamente desde la primera declaración en la causa de la dana de Valencia. Salomé Pradas, Emilio Argüeso y Vicent Mompó fueron los primeros en afirmar delante de la jueza que Miguel Polo no comentó en ningún momento del Cecopi el descontrol del caudal del Poyo. Pero hasta la propia delgada del Gobierno, Pilar Bernabé, no ocultó en el Juzgado la forma de proceder de Polo, ya que hasta ella mismo reconoció haberse enterado «por la prensa» del desbordamiento del Magro.

Investigar a Mazón, más importante que citar a los mayores técnicos del Cecopi

Ha tenido que pasar un año desde la tragedia, y después de que pasaran ante la jueza personas que estuvieron o hablaron con Carlos Mazón aquel 29 de octubre, para que tuvieran cita en su testifical los dos técnicos más importantes en la gestión de la emergencia de la dana. Y ambos señalaron a Miguel Polo y rompen por completo el relato político generado tras el citado auto de Nuria Ruiz Tobarra.

Tanto Jorge Suárez como José Miguel Basset han reconocido en sus declaraciones que Miguel Polo no avisó en ningún momento de la realidad que su departamento sí que estaba registrando en el Poyo. Pero la testifical más demoledora fue la del segundo técnico.

El jefe operativo de la emergencia de la dana e inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, ahora ya jubilado, puso sobre la mesa una realidad que, por lo que parece la jueza no lo tuvo en cuenta a la hora de señalar duramente a la gestión autonómica de la emergencia de la dana.

Nuria Ruiz Tobarra afirmó aquel 30 de septiembre que «correspondía» a la Generalitat Valenciana «que se atendiera al SAIH». Este sistema pertenece a la CHJ y es el que permite conocer el control de caudales en ríos y barrancos. También es verdad que la propia magistrada reconoce la existencia de «puntos en los que la CHJ no posee un control del aforo».

La declaración de Basset vino a desmontar tal afirmación ya que insistió ante los abogados de las diferentes partes personadas en la causa que el «análisis de los datos» de los caudales debería haber sido por parte de la CHJ, que es la responsable de controlar dicho registros. Pero aún falta un detalle más.

Segunda declaración de Basset este lunes ante la jueza de la dana. Uno de los abogados le pregunta, ¿«Con la información de la CHJ y la Aemet era posible saber lo que iba a ocurrir en el CECOPI?», a lo que el jefe operativo respondió que «personalmente creo que no, sobre todo con las primeras informaciones que son de Forata, y el desastre fue el Poyo y sus barrancos». El letrado continuó: «¿Estaban obligados interpretar datos y darlos al Cecopi Aemet y CHJ?». Y aquí viene la respuesta más relevante de Basset: «Sí, estaban obligados por ello en el plan».

Todos señalan el «silencio» de Polo

Han tenido que pasar más de tres meses entre el auto demoledor de Nuria Ruiz Tobarra y la declaración de un profesional y técnico de la gestión de la emergencia. Seguramente si la agenda judicial se hubiera organizado de otra forma las testificales de Basset y Suárez no se hubieran demorado anticipándose otras declaraciones relativas al papel del presidente de la Generalitat Valenciana por delante de conocer organizativamente cómo se desarrolló el Cecopi aquel 29 de octubre.

La jueza estima que era «responsabilidad» de la Generalitat Valenciana controlar el registro de datos de la CHJ y Basset señala a que el plan de emergencias «obliga» a que Polo hubiera interpretado unos datos, que además, no facilitó en ningún momento y al que haber justificado un envío automático de alertas por correo electrónico le ha servido, entre otras cuestiones, para verse amparado judicialmente, contando con el aval en casi media docena de ocasiones por parte de la Audiencia de Valencia.

La jueza, al respecto, ya dejó claro este punto: "El Plan Especial de Inundaciones establece «Para el caso de los barrancos y cuencas menores y en aquellos casos en los que la información sobre la posibilidad de inundaciones proceda de otros Organismos o Servicios, el CCE de la Generalitat contrastará la información con la Confederación Hidrográfica para determinar el ámbito territorial de afección de la Alerta Hidrológica».

Lo que resulta innegable es que Miguel Polo no facilitó ninguna información al Cecopi, ni para alertar de que se estuviera descuidando el aforo del Poyo. También es verdad que todas las testificales han evidenciado que la parte dependiente del Gobierno central mostró una actitud sumamente reservista aquel día.

Jorge Suárez señaló que Pilar Bernabé intervino en el debate para la redacción del Es-Alert, Basset lamentó la falta de datos y su interpretación por parte de Miguel Polo. Al final lo que queda es que sólo Ley autonómica 13/2010 y el Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana van a centralizar una instrucción en la que no cabe preguntarse por qué los fallos de aquel día no se miden por igual entre los participantes en el Cecopi. Todo ello ha servido de arma arrojadiza para una política que aprovecha la tragedia a base de autos judiciales.