Hombres maltratados: el tabú que desmonta el discurso único

La noticia conocida esta semana de la denuncia e imputación mutua entre la diputada socialista Desirée Benavides y su esposo, el artista Jesús Zurita, por presuntas agresiones, ha actuado como detonante para sacar a la luz una realidad generalmente ignorada: la de los hombres maltratados.

Lo llamativo de la noticia, con una segunda denuncia ampliada por ambas partes, es el informe de lesiones que él aporta a los tribunales: es la mujer la que, presuntamente, golpea al hombre. Un maltrato continuo, según se recoge en la denuncia, que además ha requerido orden de alejamiento para los dos. Un asunto turbio, qué duda cabe, ahora en manos de la Justicia que será la que dictamine sentencia.

Invisibles para la estadística, deslegitimados en el discurso oficial y en muchas ocasiones indefensos en los tribunales, hay hombres que son víctimas de una violencia que no cabe en el marco legal vigente. Tres voces autorizadas —un abogado penalista, una letrada cordobesa con experiencia en familia y un psicólogo forense— rompen el silencio sobre una desigualdad jurídica que, lejos de corregirse, parece más afianzada.

El estigma

«Claro que existen los hombres maltratados. Lo que pasa es que no interesan», sostiene Manuel Fernández Poyatos, abogado penalista con más de veinticinco años de experiencia. Para él, la ausencia de estadísticas que visibilicen esta realidad no es casual. «Hay una voluntad deliberada de ocultarlos. Si reconoces su existencia, se desmonta el discurso oficial». La sociedad, añade, ridiculiza al hombre que denuncia haber sido golpeado o sometido por su pareja. «Tenemos la imagen del hombre fuerte, autosuficiente. Admitir que sufre violencia a manos de una mujer le supone vergüenza y descrédito.»

José Manuel Aguilar Cuenca, psicólogo forense y profesor universitario, lo corrobora: «El discurso predominante es 'mujer maltratada'. Cuando aparece un caso de hombre maltratado, rompe el credo. Y un credo no admite disidencias». En su consulta ha tratado numerosos casos de maltrato no físico, aunque también lo hay. «Insultos, control económico, aislamiento, manipulación emocional... He tenido un caso en el que la mujer mete al amante en casa y el marido acaba durmiendo en el sofá porque no tiene dónde ir. Eso es maltrato. Pero no aparece en los datos.»

Una ley construida sobre la desigualdad

Una letrada cordobesa que ha preferido no dar su nombre y que se presenta como «mujer y progresista» también aporta su experiencia al respecto. Subraya que no solo existe violencia física ejercida por mujeres —«que también la hay, aunque muchos hombres no denuncian por vergüenza»— sino sobre todo un uso estratégico de la ley en procedimientos de separación. «Se abusa de la ley para obtener ventajas: custodia de los hijos, uso de la vivienda, control del ex. Y con una mera denuncia psicológica y un informe de parte, empieza un calvario judicial.»

Tanto ella como su colega Fernández Poyatos coinciden en que la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género es el origen del desequilibrio. «Si el agresor es hombre, se llama violencia de género. Si es mujer, violencia doméstica, y se diluye en un saco que engloba al hijo, al abuelo o a un cuñado. Y eso no es casual. Es ideología», afirma el penalista. «No hay nada más cruel que reírse de una víctima. Y eso es lo que se hace con los hombres.»

El letrado recuerda un caso paradigmático: un ciudadano extranjero, casado con una ciudadana comunitaria, que presentó vídeos de su mujer agrediéndolo. Ella respondió con una denuncia por presuntos insultos y agresiones pasadas. «Él fue detenido y expulsado del país. Ella, libre. Ambos con orden de alejamiento. Es kafkiano.»

La presunción de culpabilidad

Una de las denuncias más reiteradas es la inversión de la carga de la prueba. «El hombre denunciado empieza siendo culpable. Y debe demostrar su inocencia», afirma Aguilar. «Lo primero es pasar la noche en el calabozo, luego declarar, y acto seguido una orden de alejamiento que lo separa de su hogar y de sus hijos durante años. Aunque luego todo se archive.»

La abogada confirma el mismo patrón: «Con una simple denuncia, sin parte médico ni testigos, ya hay detención. Y muchas veces, ni siquiera se dictan medidas de protección, pero el procedimiento puede durar años. Y en ese tiempo, el hombre lo pierde todo.»

Según Aguilar, solo entre el 20 y el 25 % de las denuncias acaban en sentencia condenatoria. «Muchas son conformidades para evitar un proceso eterno. Y eso se computa como culpabilidad, cuando en realidad es resignación. Pelear es hacerlo con una mano atada.»

El precio del silencio

La consecuencia de todo ello, apuntan los tres profesionales, es el miedo, la indefensión y la depresión. «Muchos hombres no denuncian. No porque no sufran, sino porque saben que nadie les va a creer», dice Fernández Poyatos. «Y si lo hacen, deben reunir pruebas, grabar los insultos, acudir al médico, implicar a su entorno. Porque no existe un 016 para ellos.»

La abogada habla del coste emocional: «Ansiedad, pánico, miedo a nuevas denuncias, pérdida del vínculo con los hijos. Y encima, señalados como maltratadores. El sistema no los protege, los castiga.»

Aguilar va más allá y vincula este fenómeno con el suicidio masculino: «La proporción es de 8 a 1 respecto a las mujeres. Muchos son hombres destrozados por denuncias, por separación forzada de sus hijos, por pérdida del trabajo o del hogar. Pero no se habla de ellos. No están en la agenda.»

Los tres profesionales coinciden en señalar un fenómeno que, aunque negado oficialmente, tiene presencia real: el de las denuncias falsas. «Existen. Y se utilizan estratégicamente en procesos de familia para ganar ventajas. Eso es así, lo he vivido», afirma la abogada.

Una generación que reacciona

El psicólogo forense observa un cambio generacional. «Mis estudiantes, chicos de 20-21 años, han visto lo que les ha pasado a sus hermanos mayores. Conocen a amigos que han sido denunciados tras relaciones consentidas. Y están reaccionando. No quieren relaciones de pareja. Ya hay estudios que indican que el 45 % de las jóvenes de 20 a 25 años no tendrá pareja estable.»

Para los tres expertos, esta situación solo se corregirá con una reforma legal que reconozca la violencia intrafamiliar sin sesgo de género. «La igualdad no es discriminar al hombre para proteger a la mujer. Es proteger a todos. No se trata de quitar derechos, sino de concedérselos a todos», concluye Fernández Poyatos.