El periódico El País, afín al Gobierno, ha publicado tras una filtración el informe íntegro de la Agencia Tributaria que señala a la pareja de Ayuso por supuesto fraude fiscal.
Se trata de la filtración de un documento de carácter privado de un particular que no está vinculado a ningún ilícito que afecte a la vida pública, lo que podría concurrir en un delito de «revelación de secretos» por parte de quien haya desvelado el informe.
Según el informe publicado por El País, Alberto González Amador defraudó a Hacienda en los ejercicios de 2020 y 2021 al menos 350.000 euros y le acusa de llevar a cabo «una conducta consciente, deliberada y claramente dolosa que amerita su reproche penal».
Sin embargo, el documento filtrado evidencia que los hechos por los que la pareja de Ayuso está siendo investigada no poseen vínculo alguno con la Comunidad de Madrid, por lo que la cacería contra Ayuso pierde su justificación ya que la presidenta no incurrió en ningún tipo de delito.
Además, la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental protegido por el artículo 18.4 de la Constitución española, por lo que la filtración del informe por parte de la Agencia Tributaria a la prensa podría incurrir en un delito contra la Ley de Protección de Datos.