Cuatro agentes sostienen la bandera de España durante la celebración del bicentenario de la Policía Nacional, en la Plaza de España, a 13 de enero de 2024, en Vitoria-Gasteiz
El PSE se une al PNV para señalar al Estado por el 3-M de 1976 mientras evitan un balance completo de la violencia
El partido que fue objetivo prioritario de ETA se suma ahora a una iniciativa que no exige un marco de memoria compartida
El PSE-EE ha decidido alinearse con el PNV en una enmienda parlamentaria que insta al Gobierno central a reconocer de forma expresa el «papel del Estado» en la actuación policial que acabó con la vida de cinco trabajadores el 3 de marzo de 1976 en Vitoria. El texto será aprobado gracias a la mayoría absoluta de ambos partidos en el Parlamento Vasco.
Los hechos se remontan a la actuación policial en la iglesia de San Francisco de Asís, durante una asamblea obrera reprimida a tiros por la Policía Armada. La responsabilidad del Gobierno de entonces, presidido por Carlos Arias Navarro, forma parte del consenso historiográfico y democrático.
Sin embargo, la iniciativa pactada por socialistas y nacionalistas va más allá de ese reconocimiento y se adentra en el terreno político de la memoria selectiva. El texto asume íntegramente el marco planteado por EH Bildu y Sumar, centrado exclusivamente en los abusos del Estado, sin incorporar una visión completa del ciclo de violencia que marcó al País Vasco durante las décadas posteriores.
El resultado es un relato que señala los excesos del poder público en 1976, pero elude cualquier mención al terrorismo de ETA, a la violencia sistemática ejercida durante más de cuarenta años, a la coacción social, a los asesinatos de policías, militares, jueces, concejales y civiles, o al clima de miedo que condicionó la vida política y social en el País Vasco hasta bien entrado el siglo XXI.
Especialmente significativo es el papel del PSE. El partido que fue objetivo prioritario de ETA, que vio caer a decenas de militantes y cargos públicos bajo las balas del terrorismo, se suma ahora a una iniciativa que no exige un marco de memoria compartida ni un reconocimiento explícito de todas las víctimas. Su respaldo a la enmienda del PNV supone asumir un discurso en el que el Estado aparece como actor central de la violencia histórica, mientras el terrorismo queda diluido o directamente ausente.
