El etarra Henri Parot, durabnte un juicio en 2007
El Gobierno vasco concede la semilibertad al sanguinario etarra Henri Parot, que tiene condenas de 4.800 años de cárcel
COVITE considera «inaceptable» que, con un historial criminal de esta magnitud, Henri Parot vea ahora flexibilizada su condena por el Gobierno vasco mediante un tercer grado basado nuevamente en escritos privados
El Gobierno vasco –que encabeza el PNV y cuya consejería de Justicia está en manos del PSOE– ha concedido el régimen de semilibertad al sanguinario etarra Henri Parot, quien acumula condenas cercanas a los 4.800 años de prisión por asesinatos, asesinatos en grado de tentativa, lesiones, estragos, detenciones ilegales, depósito de armas y explosivos y pertenencia a banda terrorista, entre otros delitos.
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha denunciado este miércoles que «la concesión por parte del Gobierno vasco del tercer grado penitenciario al preso de ETA Henri Parot, uno de los terroristas más sanguinarios de la historia de ETA, condenado por el asesinato de 39 personas y por decenas de tentativas de asesinato».
Parot ingresó en prisión el 7 de abril de 1990 y cumple una condena acumulada de 41 años por los delitos de asesinatos, atentados, estragos, lesiones y terrorismo.
El rastro de terror de Parot incluye atentados como el de la casa-cuartel de Zaragoza en 1987, que dejó once víctimas mortales –cinco de ellas niños– mediante un coche bomba cargado de explosivos y cometió una decena de atentados en Madrid, varios de ellos contra militares, o los que acabaron con la vida de Cristóbal Colón de Carvajal y Maroto en 1986 y el de la fiscal Carmen Tagle en 1989.
Sus atentados se extendieron por otras localidades como Granada, donde asesinó a Conrada Muñoz Herrera, que recibió una carta bomba dirigida a su hijo, funcionario de prisiones. El primero por el que fue condenado lo perpetró en Irún en 1978, matando al empresario José Luis Legasa Ubiría.
Es el miembro de ETA que propició la conocida como 'doctrina Parot', establecida por el Tribunal Supremo en 2006 y que determinó que los beneficios penitenciarios se aplicaran individualmente sobre cada una de las penas por las que hubieran sido condenados y no sobre el límite máximo de estancia en prisión de 30 años.
