Un padre mirando por la ventana con su hijo en brazos
Aquí no hay quien viva: 8 de cada 100 familias con niños tienen problemas para pagar su casa
El 8,4 % de las familias con niños y niñas tiene problemas para pagar a tiempo su hipoteca o alquiler en España
Con la inflación desatada, el aumento de los alquileres y las cuotas hipotecarias, España se ha convertido en el tercer país de la Unión Europea con mayor porcentaje de hogares que han experimentado retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca –un 6,5 %–, tan solo por detrás de Grecia e Irlanda y por encima de la media europea (3,2 %). Así lo detalla el informe Aquí no hay quien viva: Un análisis de las dificultades de las familias para pagar la vivienda en España, elaborado por Save The Children.
Según sus datos, el 8,4 % de las familias con niños y niñas tiene problemas para pagar a tiempo su hipoteca o alquiler en España, el doble de la media de la Unión Europea (4,3 %). El alza de los precios de las viviendas, especialmente del alquiler, que no han ido acompañados de un aumento de los ingresos de las familias, les están provocando enormes dificultades de pago.
Esta sobrecarga afecta a 4 de cada 10 hogares con hijos o hijas a cargo que viven de alquiler. Son aquellos que tienen que destinar al menos el 30 % de sus ingresos al pago de la vivienda, lo que supone disponer de menos presupuesto para otras necesidades de la crianza.
Este es el caso de Manuela, por ejemplo, una madre separada de 45 años que vive en Sevilla con sus dos hijos. «»Yo debo ahora mismo tres facturas de luz y una de agua más el alquiler de este mes porque no me llega. Tengo que elegir entre pagarlas o comer", expone.
En esta misma línea, el informe ahonda en las condiciones de las viviendas y advierte que 2 de cada 10 niños viven en hogares insalubres. Ello repercute en su salud física y mental, afecta a su crecimiento, desarrollo, rendimiento escolar y seguridad, según ha detallado el director de la institución en la presentación del estudio, Andrés Conde. Con insalubridad se refiere a goteras en el techo, humedad en las paredes, el suelo o los cimientos, o podredumbre en los marcos de las ventanas o el suelo.
En este contexto, el informe indica que pese a medidas positivas como las incluidas en el denominado «escudo social», la actual situación del mercado de la vivienda puede devolver a muchas familias a situaciones de riesgo. De hecho, se estima que entre el 70 y el 80 % de los desahucios efectuados en España desde 2008 afectan a familias con niños (unos 700.000).
De este modo, alerta de la escasez de vivienda social y ayudas, pues, según señala, España tiene uno de los parques de vivienda social «más pequeños de Europa», alcanzado apenas el 2,5 % del total, una cuarta parte de la media europea, que es de un 9,3 %.
Esta situación por el bajo presupuesto destinado a la provisión pública de vivienda y porque la política de provisión pública se ha orientado tradicionalmente a financiar viviendas en propiedad y a favorecer su posterior descalificación, lo que provoca que esas viviendas descalificadas dejen de ser protegidas y pasen a ser parte del mercado libre, explica el informe.
Algunas propuestas
Al respecto, la directora de Incidencia Social y Política de Save the Children, Catalina Perazzo, subraya que «se necesitarían un millón y medio más de viviendas protegidas para atender las necesidades sociales» en España, al tiempo que aboga por abordar su construcción incluyendo a la iniciativa privada.
El alcance de las ayudas también supone un problema, según el estudio, que incide en que este es reducido, pues hay 1,6 millones de familias con hijos en situación de pobreza de las cuales aproximadamente 310.000 sufrieron retrasos en el pago de la vivienda, si bien, en 2020, solo 25.000 familias con menores a cargo recibieron una prestación para la vivienda.
Por otro lado, el informe destaca que el «rostro» de una familia con dificultades para mantener la vivienda es el de una madre sola con niños a cargo. Así, indica que son 158.000 los hogares monoparentales, en su mayoría encabezados por mujeres, de alquiler que soportan una carga a menudo inasumible. De media, estas familias destinan 200 euros mensuales más de los que podrían destinar si se establece el umbral del 30 % de los ingresos como límite del pago máximo destinado a vivienda, sin contabilizar suministros.
Ante ello, Save The Children defiende que una ayuda complementaria de hasta 200 euros podría aliviar la carga que les supone la vivienda a todas estas madres. Asumiendo una cobertura total, una ayuda de estas características necesitaría un presupuesto anual de 380 millones de euros aproximadamente, estima el estudio, que también menciona la dificultad de las familias numerosas.
La organización incluye en el informe una serie de recomendaciones para paliar los efectos que tiene el pago de la vivienda en las economías familiares, entre las que destaca el aumento de los presupuestos anuales para incrementar la financiación de políticas de vivienda que protejan el acceso a la vivienda por parte de familias con hijos en situación de vulnerabilidad.
También propone automatizar el acceso a ayudas directas a vivienda para las familias perceptoras del Ingreso Mínimo Vital (IMV), rentas mínimas o similares, así como una apuesta por la compra o la rehabilitación de unidades existentes para ampliar la oferta pública de vivienda social.
También recomienda garantizar la calificación indefinida de las viviendas públicas, evitando que salgan al mercado privado, y promover alianzas entre el sector público y el privado que beneficien a las familias con menores ingresos, incorporando a los grandes propietarios de vivienda en el abordaje del problema y estableciendo reservas de suelo, por las cuales un porcentaje de las unidades que se construyan en una promoción privada se destinen a vivienda social.
Para la ONG, también son necesarias las bonificaciones fiscales para la mejora de la calificación energética de los edificios e IVA reducido para la rehabilitación de viviendas particulares.
Por último, aboga por mejorar la coordinación entre el sistema judicial y los servicios sociales, así como hacer obligatorio el informe de vulnerabilidad cuando haya menores de edad en riesgo de desahucio, de manera que se tenga en cuenta antes de la toma de decisiones.
Comentarios
