Elisa Mouliaá, esta semana, en Madrid
El enfrentamiento entre Elisa Mouliaá y 'Espejo Público': el programa se niega a pagarle el caché que pide
Según relató el propio equipo en antena, la actriz habría pedido entre 250 y 500 euros
La posibilidad de pagar por un testimonio televisivo ha vuelto a encender el debate mediático tras conocerse la cantidad que habría solicitado la actriz Elisa Mouliaá para intervenir en un programa de actualidad. La información salió a la luz después de que el magacín matinal Espejo Público intentara contar con su presencia para abordar el caso judicial que mantiene abierto contra Íñigo Errejón, un asunto que ha cobrado nuevo impulso tras la aparición de una segunda denuncia.
La denuncia más reciente, presentada por otra mujer por presunta violación, ha devuelto el caso a la atención pública. De hecho, el espacio de Antena 3 dedicó parte de su emisión al primer pronunciamiento del padre de Errejón. Fue en ese contexto, con el asunto nuevamente en titulares, cuando el programa explicó el motivo por el que Mouliaá no intervino en directo ese jueves, pese a haber sido contactada.
Según relató el propio equipo en antena, la actriz habría pedido entre 250 y 500 euros para participar en el programa. La cifra se habría trasladado después de varios intercambios con la redacción. En un primer momento, Elisa habría dado largas alegando reuniones y problemas de agenda. Sin embargo, más tarde comunicó que no estaba dispuesta a relatar una experiencia personal dolorosa «en un medio de comunicación que se lucra de ese dolor, a no ser que ella también se lucre», siempre según la versión ofrecida por el espacio.
El programa aseguró que no aceptó esa condición económica y que, por tanto, la entrevista no llegó a cerrarse. Uno de los reporteros explicó que la decisión no se debía únicamente al importe solicitado. Fue entonces cuando intervino la presentadora Susanna Griso, que se mostró especialmente crítica con la práctica de pagar por testimonios en casos judiciales. «Yo, personalmente, me niego a pagar los testimonios porque cuando tú pagas un testimonio puedes manipularlo y eso no es hacer periodismo», afirmó en directo. Sus palabras introdujeron un debate que va más allá de esta entrevista concreta y que afecta a la credibilidad del relato público.
El nombre de Elisa Mouliaá está directamente vinculado al caso porque fue quien presentó la primera denuncia contra el antiguo portavoz parlamentario por una presunta agresión sexual ocurrida en septiembre de 2021. La denuncia se formalizó en octubre de 2024 y abrió un procedimiento judicial que avanzó meses después. En diciembre de 2025, el juez apreció indicios suficientes y propuso la apertura de juicio oral.
Poco después, ella anunció que retiraba la acusación particular por motivos personales y de salud, aunque no se retractó de su versión de los hechos. La decisión generó sorpresa y especulaciones. Semanas más tarde, en febrero de 2026, rectificó y confirmó que mantenía la acusación, lo que volvió a situar el caso en el centro de la atención mediática. Ahora, con una segunda denuncia sobre la mesa y nuevas voces entrando en escena, el interés televisivo se ha intensificado. En paralelo al proceso judicial, se desarrolla otro frente, el mediático, donde cada declaración, cada silencio y cada negociación adquieren relevancia. La negativa del programa a pagar por la intervención de Mouliaá no solo ha impedido su presencia en plató, sino que ha añadido un nuevo capítulo a una historia que, por el momento, sigue pendiente de resolución en los tribunales.
