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29 de marzo de 2024

Alfonso XIII, de frente, con un grupo de militares, detrás a la derecha, el general Fernández Silvestre

Alfonso XIII, de frente, con un grupo de militares, detrás a la derecha, el general Fernández Silvestre

100 años

Expediente Picasso, el informe que determinó las responsabilidades del Desastre de Annual

En abril de 1922, el general Juan Picasso entregó el resultado de su investigación sobre el Desastre de Annual. Empezaba el debate dentro y fuera de las Cortes para depurar responsabilidades

Se cumplen cien años del llamado expediente Picasso por el nombre del general que instruyó una información exhaustiva de lo que pasó en julio de 1921 en el Rif, el desastre de Annual, sus causas y las responsabilidades. El general, laureado en la guerra de Melilla en 1893, era consejero del Consejo Supremo de Guerra y Marina. Se le encargó el trabajo y se puso manos a la obra enseguida desplazándose a Melilla con su ayudante el auditor de brigada Juan Martínez de la Vega y Zegrí. Se realizó un trabajo impecable, muy completo, con entrevistas a los supervivientes y recogiendo casi toda la documentación disponible a pesar de las negativas del general Berenguer, alto comisario que fue el que pidió la investigación, a entregar en un primer momento la orden de operaciones, tal vez temeroso de ser imputado.

Picasso se enfrentaba a la ingrata labor de investigar el comportamiento de sus compañeros de armas que estuvieron en el frente luchando

La negativa de Berenguer obligó al vizconde de Eza, ministro de Guerra con Maura después de la dimisión de Allendesalazar, a promover la Real Orden el 24 de agosto, aclarando al general Picasso que los acuerdos, planes o disposiciones del alto comisario quedaban fuera de sus investigaciones.
Juan Picasso era un hombre valiente que asumió perfectamente la responsabilidad de su nombramiento sin pararse a considerar jerarquías ni componendas. Protestó contra esa real orden y obtuvo una rectificación. Era su talante profesional de integridad. Tras más de seis meses de trabajo, el general entregó los 2.433 folios y un resumen final al Ministerio de la Guerra. Picasso se enfrentaba a la ingrata labor de investigar el comportamiento de sus compañeros de armas que estuvieron en el frente luchando, pero sabía que depurando responsabilidades el Ejército saldría fortalecido porque también se resaltarían las actitudes heroicas, los comportamientos ejemplares y la existencia de valores militares.

La responsabilidad política del desastre

A partir de aquí su voluminosa instrucción, de azarosa vida, siguió dos vías. Por un lado, continuó el proceso judicial militar ordinario ante el Consejo Supremo de Guerra y Marina presidido por el general Aguilera. El 6 de julio de 1922 se inició el procedimiento de 76 militares, con el general Berenguer a la cabeza y ningún civil del gobierno. La base del procesamiento fue un resumen elaborado por Picasso a modo de conclusiones. A pesar del golpe militar, la causa siguió durante la Dictadura de Primo de Rivera aunque se sustituyeron algunos consejeros togados por otras más favorables a las tesis gubernamentales, lo que provocó la dimisión de Aguilera. En junio de 1924 se dictó sentencia, condenando a Berenguer a pena de separación de servicio y pase a la reserva y absolviendo a Navarro. En julio el Rey decretó una amnistía para todos los implicados en la derrota de Annual.

La situación general del país era de inestabilidad política, conflicto social, inseguridad pública y mala administración económica

Por otro lado, se iniciaron las actuaciones para determinar la responsabilidad política. También en julio de 1922, el presidente del Gobierno, José Sánchez Guerra, llevó al Congreso de los Diputados el expediente y se formó la llamada Comisión de Responsabilidades que presentó la ponencia dando lugar a agrios debates dentro y fuera de la Cámara. El expediente, en general la forma en que se produjo la derrota en Marruecos, era ya el problema político más grave del momento y apuntaba directamente a la Monarquía. En todo el país se clamaba por delimitar y castigar a los responsables. En julio de 1923, se formó una segunda Comisión y en septiembre el golpe de Estado de Primo de Rivera frustró cualquier conclusión. No fue el problema africano lo único que provocó el golpe. La situación general del país era de inestabilidad política, conflicto social, inseguridad pública y mala administración económica. El general trató de poner fin a esto por la vía militar y, de paso, tratar de salvar a la Monarquía debilitada y cuestionada.

El expediente se pierde

Por temor a que la documentación se perdiera, Bernardo Mateo-Sagasta se la llevó a Escuela de Ingenieros Agrónomos, de la que era director. Lo devolvió al proclamarse la II República. Como cuenta Juan Pando Despierto en La historia secreta de Annual (Madrid 1999), Primo de Rivera reclamó el expediente y no lo hallaron en el Congreso. Supo que Sagasta, deputado del Partido Liberal, lo había recogido y se lo reclamó, pero don Bernardo negó saber dónde estaba. Picasso no conservaba copia. No podemos asegurar que el dictador lo quisiera destruir, tal vez solo trataba de quitarlo de la circulación y la curiosidad.
Los republicanos sabían que en la cuestión de Marruecos tenían un argumento sólido de ataque al sistema de la Restauración. Uno de los más activo fue Indalecio Prieto que, además de diputado era periodista y conoció los hechos por haber viajado a Melilla y escrito sobre la cuestión. Prieto era un hombre de discurso agresivo y de buena escritura. Fue uno de los que más atizó la cuestión marroquí contra la Monarquía y los conservadores. Las crónicas enviadas desde Melilla y los discursos parlamentarios los reunió en Con el rey o contra el rey. Guerra de Marruecos (México 1972). Al instaurarse la II República fue uno de los promotores de una nueva Comisión de Responsabilidades con mucho interés en condenar al Rey Alfonso XIII. Las actuaciones se pasaron al Tribunal Supremo que dictaminó el archivo porque los hechos ya habían sido juzgados.
La actualidad tuvo otros asuntos políticamente relevantes y el expediente Picasso se olvidó, quedando semiperdido en el Congreso. Los estudiosos tenían que acudir a los dos libros publicados por el editor Javier Morata en 1931 y que contenía el resumen preparado por el general instructor para el Congreso de los Diputados y la documentación relacionada que se incluyó en la Comisión de Responsabilidades. Esta misma documentación se publicó en México durante el franquismo y en Madrid en 2003 (Ed. Almena). Una vez recuperado del olvido, pasó en 1990 al Archivo Histórico Nacional y, por lo tanto, el contenido completo quedaba a disposición de los investigadores. Aprovechando el centenario, se publicó íntegro en Melilla en 2022 en cinco volúmenes preparados por Juan Martín Cano y editados por la Ciudad Autónoma.
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