25 de septiembre de 2022

Segunda República

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Un arma para el control político: el desmoche de ayuntamientos durante la II República

Desde 1932 los gobernadores civiles pasaron a depender de la Presidencia del Gobierno y los republicanos se negaron a eliminar o cambiar la ley, al utilizarla para controlar la mayor parte de los ayuntamientos españoles

Las elecciones municipales de abril de 1931 demostraron la victoria electoral de la coalición republicano-socialista en las grandes urbes, pero en la mayor parte de las pequeñas ganaron los monárquicos, que se alzaron con la mayoría de concejalías a nivel nacional. Sin embargo, la indiferencia de los militares, el desánimo, la apatía, la cobardía y el miedo a que estallara una violenta revolución hicieron que la mayoría de ministros apoyara la salida de la familia real de España.
Pese a la consiguiente explosión de manifestaciones republicanas en las calles, fueron numerosos los recelos de sus dirigentes políticos que plantearon que, para evitar perder el poder, resultaba necesario «repetir» las elecciones en algunos distritos municipales, para favorecer a sus propios candidatos. Todo muy democrático. Pero ¿cómo hacerlo? Las herramientas clave fueron los gobernadores civiles republicanos.

Así se explican los ceses, las deposiciones y restituciones de alcaldes y concejales, en muchas ocasiones motivados por cuestiones meramente personales

Nombrados mediante decreto del Ministerio de Gobernación, desde 1932 los gobernadores civiles pasaron a depender de la Presidencia del Gobierno. Esta mudanza conllevó, necesariamente, que las variaciones en la alta política nacional tuvieran su más inmediato reflejo en los cuadros administrativos intermedios y éstos terminaron por hacerlo en la configuración de las células básicas de representación ciudadana, los ayuntamientos. La composición de los municipios podía variar de base –como así ocurrió- de acuerdo a los artículos 52 a 56 de la ley municipal de 1877. Esos cambios, por orden del gobernador, fueron conocidos como «desmoches», los cuales facilitaron el control del poder local. A pesar de ser una ley de tiempos pasados, los republicanos se negaron a eliminarla o cambiarla, al utilizarla para controlar la mayor parte de los ayuntamientos españoles.
Así se explican los ceses, las deposiciones y restituciones de alcaldes y concejales, en muchas ocasiones motivados por cuestiones meramente personales y que marcaron el funcionamiento de la vida municipal durante el primer bienio republicano-socialista (1931-1933). En consecuencia, se volvieron a convocar, en varias provincias, nuevos comicios a finales del mes de mayo de 1931, como consecuencia de las reclamaciones presentadas en ciertos municipios por minorías republicanas que impugnaron los resultados de las elecciones de abril. El ministro Miguel Maura apoyó el proceso, ya que, en su opinión, permitiría «la definitiva republicanización del poder local», por lo que tampoco se mostró en contra de realizar desmoches. Multitud de ayuntamientos donde habían ganado los monárquicos fueron gobernados por gestoras nombradas por los nuevos dueños del gobierno central, que expulsaron del poder municipal a los primeros. Una muestra más, según algunos historiadores, de la debilidad que íntimamente tenían algunos líderes republicanos, inseguros todavía de su inesperada victoria política, que no electoral.

De esta manera, numerosos ayuntamientos fueron sustituidos por nuevas gestoras controladas por las izquierdas

El 30 de diciembre de 1932, el Gobierno de izquierdas ordenó el cese de todos los concejales elegidos en abril del año anterior por el famoso artículo 29 de la época monárquica. Según el mismo, si en un distrito electoral se presentaba sólo un candidato de un partido, al no haber competencia, quedaba elegido automáticamente. Eso había garantizado la colaboración entre el Partido Conservador y el Liberal en los últimos cincuenta años, pero también numerosos partidos se habían beneficiado de ese año, pues basta recordar el ejemplo del socialista Indalecio Prieto que obtuvo su escaño de esa manera en 1923 en Vizcaya. Cabe recordar que, como actualmente, no todas las agrupaciones políticas tenían capacidad suficiente para presentar candidatos en todos los distritos electorales.
De esta manera, numerosos ayuntamientos fueron sustituidos por nuevas gestoras controladas por las izquierdas, dando paso más tarde a elecciones municipales en aquellos lugares afectados por la medida. De ahí que el 25 de abril de 1933 se celebraran nuevos comicios, que dieron –de forma inesperada– el triunfo a los candidatos del centro y a la derecha. Elecciones que, obviamente, no se estudian en la ESO y Bachillerato actuales, aunque resultan sintomáticas de que, en apenas dos años, las izquierdas habían perdido la mayoría debido a su tendencia al monopolio del poder, falta de negociación, la exclusión del adversario e imposición de sus políticas. Y es que, para numerosos líderes izquierdistas, palabras como «consenso, acuerdo, turno» sonaban a tiempos de la Restauración monárquica.

Las izquierdas o bien acusaron de fraude en las urnas a los ganadores o culparon a las mujeres del cambio en vez de realizar una autocrítica de su labor en el gobierno durante los dos últimos años

A mediados de noviembre se repitió la victoria del centro-derecha en elecciones generales y el vuelco electoral se consolidó. La respuesta de los anarquistas resulta conocida pues intentaron realizar conatos revolucionarios; las izquierdas o bien acusaron de fraude en las urnas a los ganadores o culparon a las mujeres del cambio en vez de realizar una autocrítica de su labor en el gobierno durante los dos últimos años. Nuevos gobernadores civiles comenzaron a ejercer desmoches, favoreciendo el cambio político a nivel local, sobre todo tras la revolución de Asturias y el intento de golpe de Estado catalanista en octubre de 1934. Hasta entonces no abundaron como explican casos como el de la población cordobesa de Doña Mencía, donde, a finales de junio de 1934, todavía los ediles izquierdistas pudieron secularizar el nombre de las calles de Bendición y Santa María por Pi y Margall y Pérez Galdós, así como la plazuela de la Cruz, transformada en Salmerón. Tras las elecciones a Cortes del 15 de febrero de 1936, con la victoria del Frente Popular, se volvieron a repetir los desmoches, creándose reiteradamente ayuntamientos de izquierdas donde habían ganado las derechas hasta el estallido de la guerra civil en aquel trágico verano.
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