La República suspendió tres veces El Debate: «Azaña hizo constar en sus diarios su desdén hacia el periódico»

La prensa siempre ha estado en el punto de mira del poder político. Eso lo sabe bien Justino Sinova, veterano periodista, miembro fundador y director de Diario 16, que en su extensa carrera ha trabajado además en otros medios como El Mundo, Europa Press, Telecinco, RTVE u Onda Cero.

Como escritor y profesor universitario, catedrático de Teoría de la Comunicación en la Universidad San Pablo-CEU, ha dedicado parte de su vida profesional al estudio de las relaciones entre el poder político y la comunicación.

Fruto de esas investigaciones ha publicado obras como El poder y la prensa, La censura de prensa durante el franquismo, y su último libro, La prensa en la Segunda República española, historia de una libertad frustrada (Almuzara). Una obra extensa en la que documenta cómo el régimen sometió a periódicos de diferente signo político con censura, multas y suspensiones arbitrarias.

Hablamos con su autor sobre esa censura, el papel que jugó Azaña, la persecución que sufrió El Debate durante la República y cómo fue la relación de la prensa y el poder en la Segunda República.

— Usted desmiente con documentos la idea de que la II República era una democracia en la que se respetaba la libertad de prensa, pero esa es una concepción muy extendida, ¿De dónde viene tal idea?

— Durante mucho tiempo, parte de la historiografía no reflejó la verdadera naturaleza de la Segunda República al aceptar el tópico de que fue una democracia sin tacha que acabó destruida por un golpe militar sin motivo.

Explica muy bien el fenómeno Andrés Trapiello al decir que la República ganó la guerra de la propaganda desde el principio.

Una corriente de opinión ha unido, y aún sigue haciéndolo, los términos república y democracia, pese a la evidencia de que España alumbró una eficaz democracia liberal con impulso de la Monarquía, democracia que hoy pasa por muy malos trances hostigada por antidemócratas y republicanos que han encontrado en el Partido Socialista su socio propulsor. Uno de los factores, y no el menor, que evidencia que la II República no fue una verdadera democracia, es su ataque a uno de sus fundamentos: el derecho a la libertad de información y de expresión.

La II República nació como una democracia, y así lo refleja el estatuto jurídico del que se dotó y que promulgó al proclamarse el cambio de régimen, pero ese documento primigenio contenía un último párrafo que sometía la libertad y los derechos proclamados a las decisiones políticas, lo que amenazaba el esperanzador dibujo del sistema y que al fin lo destruyó.

Pérez Serrano, un notable jurista de aquellas horas, ya advirtió del peligro de la «fiscalización gubernativa». Y acertó.

— ¿En la II República la prensa ejercía como cuarto poder o no tenía fuerza suficiente?

— La prensa estaba sometida al poder político, eran sancionados periódicos y periodistas por el Gobierno, no por el poder judicial, mediante decisiones del ministro de la Gobernación y de los gobernadores civiles, en la mayoría de los casos sin dar explicaciones.

Durante muchos periodos hubo censura previa y suspensiones de diarios arbitrarias. Los primeros periódicos suspendidos, los días 10 y 11 de mayo de 1931, cuando no había pasado ni un mes de la proclamación de la República, fueron el monárquico ABC y el católico El Debate. El primero estuvo suspendido 25 días.

El Debate, 9 días, sin que se le dieran razones del castigo, pese a que desde el principio había aceptado el cambio de régimen, siguiendo su director, Ángel Herrera Oria, la doctrina del papa León XIII, que establecía que se deben acatar los poderes constituidos «de hecho».

Malamente podía la prensa ejercer como «cuarto poder» siendo silenciada por el primer poder, de manera arbitraria, cuando le molestaba o cuando preveía que podría hacerlo. Y cuando, además, no se informaba públicamente de las sanciones, con la colaboración de periódicos fieles al Gobierno, que despachaban la sanción en unas pocas líneas o simplemente la ignoraban.

— ¿Por qué los líderes republicanos mostraron tantas reticencias y oposición a la prensa libre?

— Muchos líderes republicanos demostraron que no eran verdaderamente demócratas. Esto puede molestar a quienes añoran aquella República, pero es la verdad. Lo revelaron con sus decisiones.

Un dirigente demócrata respeta los derechos fundamentales de los ciudadanos, todos, no unos pocos y otros no. Y cuando se trata de sancionar las faltas o los delitos, el poder político ha de someterse a las decisiones del poder judicial, no reemplazarlo.

El derecho a la libre expresión, o sea, información y opinión, fue acometido con frecuencia por el poder político de manera arbitraria, como demuestran los cuantiosos documentos que incluyo en el libro, obtenidos de los archivos históricos públicos.

Aunque los archivos sufren lagunas, la información contenida en ellos es suficiente para conocer y describir esa realidad. Y queda una cosa clara: en la mayoría de los casos, los periódicos no cometieron actos ilícitos, sino que el Gobierno los combatía porque lo que publicaban les molestaba o no cuadraba con sus intereses.

No se puede decir que la República fuera un período de libertad informativa entre dos períodos negros, las dictaduras de Primo de Rivera y de Franco. Fue una esperanza para muchos malograda por el abuso de poder de los propios republicanos.

— Este periódico, El Debate, ya existía entonces. ¿Qué tipo de represión o censura sufrió durante la II República española?

— El Debate nació en 1910, veintiún años antes de la República y desapareció en 1936, el 19 de julio, tras el golpe militar que dio origen a la guerra civil, incautado por el Gobierno republicano, que cedió sus instalaciones a Mundo Obrero, periódico del Partido Comunista.

El Debate sufrió la vigilancia política como los demás periódicos, que se tradujo en persecución para unos, tolerancia para otros y utilización de algunos. Sufrió tres largas suspensiones: la primera, ya citada, de 9 días; una segunda el 19 de enero de 1932 que se extendió 66 días junto con una multa de 1.000 pesetas; y una tercera de 58 días desde el 10 de agosto de 1932.

Además, en diciembre de 1935 le fue impuesta una multa de 10.000 pesetas, exorbitante, por el gobierno de Manuel Portela. La incautación en 1936 supuso su muerte, pues el Gobierno franquista tras la guerra no autorizó su reaparición.

Era un periódico denostado por su ideología derechista y católica. Manuel Azaña dejó constancia en sus diarios de su desdén hacia el periódico y su director, Ángel Herrera Oria, que después eligió el camino sacerdotal y llegó a ser cardenal de la Iglesia.

— ¿También sufrieron censura periódicos de izquierdas?

— Sí. Censura en sentido lato, represión podríamos decir. Los diarios de la extrema izquierda y los anarquistas la sufrieron tanto por los Gobiernos de izquierda como por los de derecha.

Los diarios republicanos más profesionales fueron más respetados. Y cuando el Frente Popular, la represión se generalizó. Hasta el periódico republicano por excelencia, Heraldo de Madrid, fue censurado como han demostrado los diarios personales de su redactor jefe, Alfredo Muñiz, publicados por su hija hace unos años tras su fallecimiento. La censura fue general.

En sus diarios Muñiz escribió, por ejemplo, «¡triste sino el de la prensa española! Con Gobiernos de derecha o con Gobiernos de izquierda, su símbolo es siempre la mordaza».

— ¿La suspensión de periódicos era algo arbitrario o seguía una directriz marcada desde el gobierno?

— La suspensión de periódicos era en general arbitraria, como la actuación de los gobernadores civiles en su vigilancia a periódicos y periodistas.

Sabemos de sus decisiones por documentos hallados en los archivos públicos: comunicaciones del ministro al gobernador para que impusiera una multa, suspendiera un periódico o le dictara una consigna acerca de publicar o no sobre determinado asunto, multas decididas por el propio gobernador a periodistas por noticias o comentarios, multas incluso a ciudadanos por expresiones públicas...

Ante esas evidencias es imposible afirmar que en la República existía una intachable libertad de expresión. En mi libro reproduzco numerosos documentos históricos que demuestran la vigilancia política, la represión ejercida contra la prensa, que afortunadamente se conservan en los archivos.

— ¿Se promulgó alguna ley para limitar o prohibir el derecho a la información y la prensa libre?

— La ley que amparó el inicio del control de la prensa, tras el párrafo añadido al Estatuto Jurídico que facultaba al Gobierno para anularlo, fue la llamada de Defensa de la República, que fue una fijación de Azaña, que ponía en manos del poder político todas las facultades de control que deben estar adjudicadas a la Justicia.

Azaña incluso logró que esa ley se añadiera a la Constitución republicana cuando fue aprobada en diciembre de 1931, lo que en la práctica la anulaba, como fue al poco tiempo criterio extendido entre los analistas del derecho.

Posteriormente se aprobó una ley de Orden Público que fue también un instrumento de control. Esas leyes se aprobaron en el primer bienio, dominado por la izquierda, y fueron también usadas en el segundo bienio, dominado por la derecha, y en el Frente Popular que, según su disposición a perseguir cualquier discrepancia, no las habría necesitado.

— ¿Qué relación tenía Azaña con la prensa?

— Azaña, que era un intelectual y había trabajado algunas temporadas como periodista, tenía una peculiar aversión a la prensa. Fue el autor de la norma que amparaba la actuación política contra periódicos y periodistas, la ley de Defensa de la República, una dura ley de excepción.

No toleraba bien las críticas, se sabe de sus intentos de controlar a periodistas y de sus opiniones muy negativas sobre casi todos ellos. No es difícil conocer su belicosa relación con los periodistas, pues la describe en varios retazos en sus amplios diarios personales.

En una reunión con directores de periódicos, preocupados por la suspensión de La Correspondencia Militar que ya se alargaba dos meses, les comunicó su resolución de «romper el espinazo al que toque a la República».

La crítica y hasta la falta de adhesión eran para él motivo de sanciones, aplicadas desde la instancia política. En el libro dedico un capítulo a la relación con los periodistas de un Azaña que en las Cortes se autodefinió una vez: «Yo no soy liberal».

— ¿Qué otras formas de control de la prensa se utilizaron durante la República?

— Los distintos Gobiernos republicanos utilizaron todos los medios de control posibles desde el poder político, no simultáneamente ni durante toda la duración de la República: censura previa, secuestro de ejemplares a la venta, suspensión arbitraria de periódicos, multas a empresas y a periodistas, consignas... que provocaban graves problemas económicos a las editoras y también ridículas decisiones.

Por ejemplo, se prohibió a la prensa utilizar el término «asesinato» en la información sobre el atentado que acabó con la vida de José Calvo Sotelo, uno de los líderes de la derecha, y se obligó a usarlo para el del teniente José Castillo, de la Guardia de Asalto, tiroteado horas antes. La situación de amplia agitación y desconcierto que causaron los crímenes hizo que la consigna se cumpliera sólo en las primeras horas, pero quedaron en las hemerotecas las pruebas de tan absurda orden.

Durante los cinco años de la República el control de la prensa no fue constante y uniforme. Hubo periodos de tranquilidad y ausencia de la obsesiva vigilancia política a los periódicos, pero la libertad de expresión fue una víctima habitual, también en las conferencias públicas, a las que asistía un enviado del Gobierno, y en la radio.

— Hubo multas a empresas y periodistas, pero ¿se encarceló o asesinó a periodistas durante la República?

— No hay noticia de asesinatos a periodistas, que sí sucedieron cuando estalló la guerra. Benjamín Bentura, un redactor de Ya que había elaborado la información del asesinato de Calvo Sotelo y aportado datos a La Vanguardia de Barcelona, tuvo que protegerse avisado por otros colegas, según desveló él mismo. Julián Zugazagoitia, director de El Socialista y ministro de Gobernación durante la guerra, y Francisco Cruz Salido, su hombre de confianza en el periódico, fueron ejecutados tras la contienda, en 1940, por sentencia de la jurisdicción militar franquista.

Rafael Salazar Alonso, que ejerció de periodista y de ministro de la Gobernación durante siete meses, fue condenado a muerte en septiembre de 1936, ya declarada la guerra, por un tribunal revolucionario, no indultado por el Gobierno de Largo Caballero y ejecutado en la cárcel Modelo de Madrid.

— ¿En qué se diferenciaba el control de la prensa ejercido por la Segunda República respecto a etapas anteriores, como la dictadura de Primo de Rivera, o posteriores, como el franquismo?

— No había muchas diferencias. Las líneas maestras del control político de la Prensa son muy parecidas en todas las épocas y países, pues los Gobiernos que lo implantan persiguen que los medios respondan a sus intereses, que los halaguen, no los critiquen y no los investiguen demasiado. Para ese objetivo sirven los mismos métodos con mayor o menor intensidad. La disparidad puede encontrarse en la intensidad.

Las dictaduras de Primo y de Franco implantaron un control constante, con algunas escapatorias puntuales en el primer caso, y que en el segundo caso se fue aminorando con el paso del tiempo. En la República hubo periodos de mayor y menor intensidad, incluso algunos en que el ejercicio del periodismo se pudo realizar sin graves límites. Pero en todo ellos imperaba la arbitrariedad en las decisiones, que en sí mismo es un riesgo latente.

— Su libro se centra en la República, usted ya investigó sobre la prensa en el franquismo ¿Existe ahora la prensa libre?

— Hoy existe libertad de expresión en España, protegida por la Constitución de 1978, la Constitución que implantó la democracia, que en su artículo 20 reconoce y protege el derecho a la información en todas sus manifestaciones, que expresamente prohíbe la censura previa y establece unos mínimos límites basados en el respeto a otros derechos fundamentales y que remite las decisiones en los conflictos a los tribunales de justicia.

Es un planteamiento impecable. Si un Gobierno abusivo no mete la mano en este artículo seguiremos disfrutando en España de una libertad de expresión al máximo nivel.

— ¿Que un periódico reciba ayudas gubernamentales limita la libertad?

— Las ayudas de un Gobierno a los medios de comunicación entrañan un riesgo si no son públicas, neutrales y proporcionadas. Los medios de comunicación pertenecen a empresas que pueden tener dificultades como cualquiera otras y pueden necesitar ayudas para seguir en el mercado.

Esas ayudas, públicas y generales, son un impulso a la libertad de expresión, que necesita apoyarse en medios sanos e independientes. En resumen, las ayudas del Estado a la Prensa pueden ser un negocio sucio si un Gobierno discrimina a los medios y ayuda solo a unos con el propósito de atraerlos y aprovecharse de en ellos, pero son una ayuda a la información libre si son generales y el poder político no se entromete.

La prensa es una instancia de protección de los ciudadanos mediante la vigilancia de la acción de todos los poderes, en especial del poder político. Por ello es un vehículo de la democracia a cuya fortaleza colabora. Los políticos que atacan a la Prensa y pretenden controlarla con amenazas, insultos a unos y ayudas arbitrarias a otros, se llamarán demócratas, pero no lo son.