Las fosas de la Guerra Civil y el baile de cifras del gobierno español para defender un relato político

El Consejo de ministros aprobó en julio de 2022 el Proyecto de Ley de Memoria Democrática. Un texto que consta de 65 artículos, agrupados en 5 títulos, estructurados en torno al protagonismo y la reparación integral de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, así como a las políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

La Ley de Memoria Democrática española no deja de enmarcarse como el último intento de mantener una defensa idealizada de uno de los últimos y más crueles movimiento totalitarios, como fue el comunismo y el socialismo revolucionario en todo tipo de variantes.

Entre 1976 y 1993 se anunciaron leyes y decretos por parte de los ejecutivos de UCD y del PSOE de Felipe González, siguiendo el espíritu de la transición. La equiparación de las víctimas y descendientes del bando republicano, con los nacionales, en los mismos aspectos económicos, sociales y profesionales. Un ejemplo son las leyes y decretos que se emitieron a su favor:

-Decreto 670/1976 del 5 de marzo, por el que se regulan pensiones a favor de los españoles que, habiendo sufrido mutilación a causa de la pasada contienda, no puedan integrarse en el cuerpo de caballeros mutilados en la guerra por la patria.

-Ley 46/1977 del 15 de octubre de Amnistía.

-Ley 5/1979 del 18 de septiembre, sobre reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social a favor de las viudas, hijos y demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la pasada guerra civil.

-Ley 35/1980 del 26 de junio sobre pensiones a los mutilados excombatientes de la zona republicana.

-Ley 6/1982 del 29 de marzo de pensiones a los civiles mutilados en la guerra.

-Ley 37/1984 del 22 de octubre de reconocimiento de los derechos y servicios prestados a quienes durante la Guerra Civil formaron parte de las fuerzas armadas, fuerzas de orden público y cuerpo de carabineros de la República.

-Disposición adicional decimoctava de la Ley 4/1990 del 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, que determina las indemnizaciones a favor de quienes sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977 del 15 de octubre de amnistía.

Esta batería de leyes y decretos vaciaron de contenido la razón primigenia de una Ley de Memoria en España al fomentar el espíritu de conciliación.

Por el contrario, bajo el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, y después por el de Sánchez Castejón, el proceso ha sido de romper el consenso social de la transición, contrariando el espíritu que emano del desarrollo de las leyes de memoria por parte de la ONU, y por el contrario creando un relato oficialista que blanquee los crímenes del totalitarismo comunista y socialista.

A su vez, el Parlamento Europeo ha condenado el comunismo y ha pedido la conmemoración de sus víctimas en varias ocasiones.

En 2019, aprobó una resolución que equiparaba el comunismo con el nazismo por considerarlos dos regímenes totalitarios responsables de crímenes masivos, genocidios y deportaciones.

En el 2023, propuso designar el 7 de noviembre como el Día Europeo de Conmemoración de las Víctimas del Comunismo, basándose en estimaciones de más de 100 millones de víctimas, que calificaban aquella ideología de criminal.

El gobierno español contrariando la línea de los países democráticos de la UE defiende un relato político a través del cambio de cifras.

Cuando en el pasado se cifraba en 72.500 asesinados en la zona republicana y de 35.500 en la zona nacional, ahora se invierten las cifras. Cuando la represión nacional se centró en una zona que era un tercio del territorio nacional y la eliminación de cuadros y activistas de los partidos del Frente Popular fue en un área hegemónica de derechas.

Por el contrario, la zona republicana controlaba casi dos tercios y los principales centro urbanos, siendo el mayor número de muertos por parte de los comités revolucionarios, quienes durante todo el conflicto iniciaron una caza sistemática del enemigo emboscado, exterminando a aquellos colectivos considerados contrarrevolucionarios, como fue el clero católico, militares, sindicalistas católicos, miembros de partidos de derechas y suscriptores de periódicos de derechas y de cofradías o asociaciones piadosas.

Mientras historiadores socialistas como Ian Gibson divulgaron la cifra de 2.500 asesinados en Paracuellos, resulta que ya se han identificado con nombre y apellidos a 4.200 asesinados, sin contar a los 414 fusilados en el Soto de Aldovea en Torrejón de Ardoz, procedentes de la saca de la cárcel de San Antón.

Lo mismo ocurre con los asesinados en Cataluña, donde se han identificado, según fuentes de la Generalidad de Cataluña, una cifra total de víctimas de 8.352 asesinados.

En la represión posterior a la guerra civil, hasta 1952, las cifras hablan de 22.716 penas de muerte emitidas por los consejos de guerra, de las cuales unos 15.000 resultaron en la ejecución de los condenados, como demostró Miguel Platón a través de su investigación basada en la consulta de la documentación oficial, y en clara contradicción con el propagandista Gabriel Jackson.

Con respecto a la población interna, los presos ascendieron a 270.719, en su mayor parte soldados rendidos del ejército popular. No obstante, con la política de redención de penas, en 1947, quedaron en las cárceles 36.379 reclusos.

Cómo se ve, la guerra causó una profunda herida en la sociedad, y la sociedad actual es hija de unos y otros, pero la escasez de ideas y la ambición favorecen que algunos fabriquen nuevos relatos de falsedad con el olor podrido de los fenecidos estados totalitarios del este.