Historiadores cuestionan la 'Comisión de la Verdad' de Garzón: «La memoria se ha convertido en arma política»

La reciente decisión del Gobierno de encargar al exjuez Baltasar Garzón la dirección de una nueva «Comisión de la Verdad» ha reavivado la tensión política en torno a la memoria democrática en España. Este movimiento institucional evidencia cómo la historia del país ha dejado de ser una disciplina estrictamente académica para consolidarse como el epicentro del debate público y partidista.

Ante la proliferación de iniciativas políticas que buscan reescribir o fijar el relato oficial del pasado, cuatro historiadores de las nuevas generaciones –Miguel Alonso (Universidad Nacional de Educación a Distancia), Jorge Álvarez (Universidad San Pablo CEU), Lino Camprubí (Universidad de Sevilla) y Alberto Venegas (director de la revista Presura y profesor de Secundaria)– analizan los episodios más controvertidos de España. Sus visiones apuestan por el rigor documental para despolitizar una identidad nacional en constante disputa.

Memoria histórica y leyes en el siglo XX

Marcelino Menéndez Pelayo ya advirtió en su día que «pueblo que no sabe su historia es pueblo condenado a irrevocable muerte». Más de un siglo después, sus palabras resuenan con vigencia en las aulas, los parlamentos y las calles de nuestro país.

El anuncio de la Comisión de la Verdad liderada por Garzón impacta de lleno en el análisis de la Guerra Civil y el franquismo. El historiador Jorge Álvarez se muestra crítico con la intervención legislativa en la disciplina, describiendo el escenario como una «anomalía historiográfica, porque el periodo 1936-1975 es el único de toda nuestra historia que está legislado». Teme que este precedente «abra la puerta de forma muy peligrosa a que futuros gobiernos decidan legislar sobre otras etapas, como la Transición».

Por su parte, Lino Camprubí reconoce la legitimidad de las familias que buscan cerrar sus heridas, afirmando que «oponerse a eso es absurdo». Sin embargo, lamenta que «casi inmediatamente, esa memoria se convirtió en un arma política». El riesgo, advierte, es que fijar una memoria legal puede «convertirse en un modo tentador de silenciar las versiones alternativas».

Desde otro enfoque, Miguel Alonso asegura que el marco legal no frena el rigor científico, ya que «las fuentes están a disposición de cualquier investigador o ciudadano que quiera consultarlas». Considera que la historiografía ha superado ya el relato de las «dos Españas», aunque subraya que el conflicto fue desencadenado por una insurrección contra el marco legal republicano.

Alberto Venegas secunda esta viabilidad de un estudio riguroso citando trabajos actuales como los de David Alegre o Fernando del Rey. Duda de la implantación real de una «verdad oficial» en la investigación, aunque insiste en la necesidad de exhumar las fosas comunes para garantizar el derecho al duelo privado.

Sobre la Transición, las posturas divergen. Alonso define la amnistía como «una decisión tomada al calor de los acontecimientos», mientras que Álvarez juzga la reconciliación social como «más superficial que real». Camprubí puntualiza que aquel proceso «se basaba en la reconciliación, sí, pero [...] se basaba también en el miedo» a factores desestabilizadores como el terrorismo o el ejército. En este contexto institucional, Álvarez defiende que «la monarquía es en España un elemento constitutivo [...]. Sin el pegamento monárquico, como ocurre en Reino Unido, sería difícil mantener la cohesión».

América, la Hispanidad y la Leyenda Negra

El análisis sobre el papel del Imperio español en América sigue marcado por discursos enfrentados. Jorge Álvarez enmarca este debate en una corriente global: «La historia de España, como la de todos los países de Europa, se ha enfrentado en las últimas décadas a la ola de los discursos anticoloniales». Para este historiador, la Leyenda Negra sigue plenamente activa y tiene una utilidad política contemporánea, ya que «permite construir una identidad nacional indígena en estos países que sustituya a la identidad común hispana que nos une».

Por el contrario, Miguel Alonso rechaza la idea de que la disciplina deba exaltar el pasado patrio. Subraya que «la historiografía no tiene entre sus funciones la reivindicación de ningún proceso histórico en particular, mucho menos desde una óptica nacionalista». Alonso descarta el uso del término «aportación civilizadora» por establecer jerarquías culturales y prefiere poner el foco en el «carácter extractivista del modelo imperial español».

Buscando un punto de encuentro, Lino Camprubí sostiene que la complejidad del imperio impide análisis maniqueos: «Habrá historiadores que glorifiquen la labor de España en la historia política y religiosa de América y habrá historiadores que demonicen esa misma labor. Ambos son igualmente necesarios porque ambos tienen parte de razón».

Recuerda, además, que el control territorial no fue una imposición unilateral, sino que «la capacidad de acción de los europeos [...] dependía en todo momento de la capacidad de tender alianzas con los nativos frente a pueblos enemigos». Advierte de los peligros de usar la Leyenda Negra para «minar la unidad política de España», pero rechaza también la llamada Leyenda Rosa como escudo ante las críticas.

Alberto Venegas añade que el estudio histórico debe basarse en las fuentes documentales y no en las urgencias del debate actual. Considera que ambas «leyendas», la negra y la rosa, operan hoy como herramientas identitarias casi imposibles de desactivar, debido a la fuerte carga política que las sustenta.

Las aulas, las redes y la educación histórica

El conocimiento que los jóvenes tienen sobre su país cierra este diagnóstico. Camprubí lanza una dura advertencia sobre el sistema educativo: «Estamos formando generaciones que desconocen casi todo». Critica la disparidad autonómica de los temarios, considerando «terrible que en Andalucía se estudie el Califato de Córdoba y Blas Infante y se ignore a Feijoo o a Jovellanos». Álvarez coincide en que esta descentralización «hace muy difícil crear una conciencia común entre los jóvenes».

Alonso difiere y defiende el modelo educativo vigente. Afirma que «la historia de España que se estudia es lo suficientemente común como para que todos los estudiantes de colegio/instituto tengan unas nociones básicas». Añade que los currículos autonómicos son útiles para «aterrizar» grandes procesos históricos en la realidad local del alumno.

El tratamiento de la Iglesia católica en los manuales escolares también genera división. Camprubí denuncia que los textos «parten de un anticlericalismo que reduce el papel de la Iglesia católica a la Inquisición, el atraso científico y la represión franquista». Álvarez apoya esta queja, indicando que los estudiantes terminan su etapa formativa «sin saber nada sobre las órdenes religiosas como franciscanos, jesuitas, dominicos..., cuando su papel en la historia social, cultural, económica y política de España ha sido fundamental».

Por el contrario, Alonso defiende que la Iglesia es tratada correctamente en los temarios como «un actor de primer orden en la construcción de la España moderna y contemporánea».

Finalmente, Venegas aporta un enfoque puramente contemporáneo: el problema del conocimiento histórico actual no reside tanto en las aulas, sino en las pantallas. Según el historiador, los algoritmos de las redes sociales encierran a los usuarios en burbujas informativas que destruyen cualquier marco común de debate. Sobre los libros de texto y la Iglesia, sostiene que el sistema educativo refleja adecuadamente sus luces y sombras institucionales.

La historia de España no necesita ser reescrita con tintes de leyenda, ni rosa ni negra. Requiere, sencillamente, ser comprendida en toda su inmensa y abrumadora magnitud a través del rigor de historiadores como los aquí presentes. Como bien señaló el pensador Julián Marías: «La historia no es un fardo que se arrastra, sino una raíz de la que se vive». Conocer nuestro pasado no es un simple ejercicio de erudición, sino el único salvoconducto posible para garantizar nuestro futuro en común.