Cuando el poder ficha a los periodistas: de los expedientes de la Guerra Fría al dosier de Interior

En febrero de 2024, el Ministerio del Interior elaboró información sobre la orientación ideológica atribuida a periodistas. No únicamente quiénes eran, dónde trabajaban, en qué radio hablaban o a qué tertulias acudían. También qué ideología se les atribuía y, en algunos casos, cuál era su posición respecto al Gobierno.

El resultado fue un dosier de 54 folios titulado Tertulianos radio y televisión que incluye alrededor de 280 periodistas y colaboradores de medios de comunicación, con nombre, fotografía, cargo, medios en los que trabajan y comentarios sobre su supuesta adscripción política.

Hay «tendencia centro derecha», «reconocido antisanchista», quien es «claramente de izquierdas y apoya al Gobierno» y quien «últimamente es más combativa». Dos años después, El Confidencial ha revelado su existencia. Interior no la niega.

El ministro Fernando Grande-Marlaska lo ha definido como un «documento de trabajo», ha asegurado que no perseguía «ningún fin espurio» y ha pedido disculpas a quienes hayan podido sentirse ofendidos.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España ha ido bastante más lejos y ha recordado que «ningún organismo del Estado tiene legitimidad para fichar» a periodistas en función de su ideología. Incluso Patxi López, portavoz socialista en el Congreso, ha rechazado este tipo de clasificaciones. El episodio permite establecer algunos antecedentes históricos.

La vigilancia de periodistas durante la Guerra Fría

La Guerra Fría convirtió al periodista en una figura particularmente sensible para los aparatos de seguridad. Podía cruzar fronteras, preguntar, relacionarse con diplomáticos, políticos y disidentes, observar lo que otros no podían observar y, sobre todo, contarlo fuera. Exactamente las mismas características que hacían valioso a un corresponsal podían convertirlo en objeto de interés para un servicio de inteligencia.

En la Unión Soviética, los corresponsales extranjeros estaban sometidos a un sistema de control. El Ministerio de Exteriores concedía las acreditaciones y los periodistas debían desenvolverse dentro de una infraestructura preparada para ellos: viviendas, chóferes, traductores y personal que podía informar sobre sus movimientos. Sus alojamientos podían estar intervenidos y determinados comportamientos podían costarles la acreditación y terminar con su expulsión del país.

No era necesario publicar una lista negra en un periódico. El sistema permitía identificar, clasificar, abrir expediente, vigilar los contactos y decidir hasta dónde podía llegar cada individuo.

El caso de Nicholas Daniloff mostró en 1986 el alcance que podía adquirir ese control. Era jefe de la oficina de U.S. News & World Report en Moscú cuando fue detenido por agentes del KGB después de que un conocido soviético le entregara un paquete. Fue acusado de espionaje, encarcelado e interrogado diariamente.

Estados Unidos sostuvo que no era un espía y su detención terminó convertida en una importante crisis diplomática. La sospecha formaba parte de las circunstancias a las que podían enfrentarse los corresponsales extranjeros.

El sistema de vigilancia de la Stasi

Si el KGB fue el gran símbolo del espionaje soviético, la Stasi de la República Democrática Alemana desarrolló un amplio sistema de vigilancia interior. No se limitaba a controlar al adversario. También recopilaba información sobre sus relaciones, sus opiniones, sus movimientos y las personas con las que se encontraba.

El periodista extranjero reunía varias de las características que podían atraer la atención de aquellos servicios: acceso al exterior, capacidad de difusión y contacto con ciudadanos que podían proporcionarle una versión del país distinta de la oficial.

Otro ejemplo es el de la Securitate rumana. Documentos divulgados recientemente por el Consejo Nacional para el Estudio de los Archivos de la Securitate muestran cómo los periodistas extranjeros que entraban en la Rumanía de Nicolae Ceaușescu podían ser sometidos a vigilancia permanente, seguimientos e interceptaciones.

Se practicaban registros secretos y, en determinados casos, fotografías, grabaciones y notas eran destruidas clandestinamente para impedir que determinada información crítica saliera del país.

El objetivo final no era únicamente el periodista: era controlar el relato. Este es uno de los elementos que permite relacionar la actuación de distintos servicios de inteligencia a lo largo de la historia: el interés del poder por conocer quién produce y difunde información.

Cuando los espías eran los periodistas

Existe, sin embargo, una segunda parte de esta historia que conviene contar para evitar una interpretación excesivamente simplificada. Occidente tampoco mantuvo siempre una separación escrupulosa entre espionaje y periodismo. Las investigaciones realizadas en Estados Unidos durante los años setenta revelaron las relaciones que la CIA había mantenido con profesionales de los medios.

El Comité Church identificó aproximadamente 50 periodistas estadounidenses que habían sido empleados por la CIA o habían mantenido algún tipo de relación clandestina con la Agencia. Entre ellos había corresponsales, colaboradores, autores y profesionales relacionados con editoriales.

La polémica provocó que la CIA estableciera posteriormente restricciones para impedir la contratación, con fines de espionaje, de periodistas estadounidenses acreditados.

La consecuencia podía resultar perjudicial para el propio periodismo. Si un corresponsal podía ser espía, cualquier corresponsal podía ser tratado como tal.

Y el KGB tampoco se limitó a vigilar periodistas occidentales. Los archivos de Vasili Mitrojin han permitido conocer durante las últimas décadas hasta qué punto los servicios soviéticos trataron de infiltrar medios occidentales y captar periodistas.

Francia ofrece casos especialmente interesantes: investigaciones posteriores han revelado agentes y colaboradores soviéticos dentro del mundo político, científico y mediático francés. Eran dos vertientes de una misma estrategia: vigilar al periodista que podía perjudicar los intereses propios y captar al periodista que podía resultar útil.

De la Guerra Fría a 2024

Sería histórica y democráticamente incorrecto establecer una equivalencia entre aquella realidad y la España actual. España no es la Unión Soviética. Fernando Grande-Marlaska no dirige la Stasi y los periodistas incluidos en el documento de Interior no han sido detenidos, interrogados por sus opiniones ni enviados a ninguna prisión.

Tampoco existe, con lo conocido hasta ahora, prueba alguna de que el dosier haya sido utilizado para retirar acreditaciones, negar información, ordenar seguimientos o represaliar profesionalmente a quienes aparecen en él. Por eso, la comparación no está en las consecuencias, sino en el principio de clasificación.

Todo gabinete de comunicación necesita conocer a los periodistas con los que trabaja. Saber qué medio representan, cuáles son sus áreas de especialización, qué asuntos cubren o qué programas frecuentan forma parte de la actividad ordinaria de cualquier departamento de prensa.

Pero existe una diferencia sustancial entre conocer a un periodista y clasificarlo ideológicamente. Y todavía otra entre saber que un profesional escribe sobre Interior y consignar si «apoya al Gobierno», es «antisanchista» o resulta «combativo».

La historia de los servicios de inteligencia durante la Guerra Fría muestra una secuencia basada en identificar, clasificar, vigilar, condicionar y, finalmente, represaliar. El documento conocido ahora acredita la identificación y la clasificación, pero no existen datos conocidos que permitan afirmar que se hayan producido los pasos siguientes.

Ello no impide considerar relevante que se hayan producido los primeros. La cuestión es especialmente delicada porque hablamos del Ministerio del Interior, el departamento del que dependen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y porque entre los datos tratados figura algo tan sensible como la ideología política atribuida a ciudadanos concretos.

Durante la Guerra Fría, los grandes servicios secretos comprendieron muy pronto que para ejercer control sobre la prensa necesitaban saber antes quién era quién. Los expedientes permitían establecer perfiles, identificar amistades y enemistades y diferenciar entre distintos periodistas en función de su utilidad o de su posición respecto al poder.

Las consecuencias de aquellos sistemas fueron muy distintas y nada semejante sucede hoy en España. La cuestión que plantea el documento es, por tanto, qué finalidad justifica que el Ministerio del Interior recopile y conserve por escrito información sobre la orientación ideológica atribuida a periodistas.