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29 de abril de 2024

Dina Boluarte, presidenta de Perú

Dina Boluarte, presidenta de PerúAFP

Perú

Perú amplia el estado de emergencia a todo el país durante 30 días

El gobierno analiza la posibilidad de declarar el toque de queda para terminar con los disturbios desde la detención del expresidente Pedro Castillo

El gobierno peruano tomó este miércoles la decisión de declarar el estado de emergencia en todo el país por 30 días, lo que implica la suspensión de los derechos de reunión, inviolabilidad del domicilio y libertad de tránsito, entre otros, mientras evalúa la posibilidad de declarar un toque de queda.
«Se ha acordado el estado de emergencia a todo el país, debido a los hechos vandálicos y violentos, toma de carreteras y caminos que ya son actos que se están estabilizando (...) y requieren de una respuesta contundente y de autoridad», dijo el ministro de Defensa, Alberto Otarola, en respuesta a las protestas antigubernamentales por la destitución del expresidente Pedro Castillo, en las que han muerto al menos siete personas.
El juez César San Martín leyó la resolución que rechaza la apelación de Castillo y, por lo tanto, confirmó su detención.
El magistrado dijo que Castillo afronta un delito penado con entre 5 y 10 años de cárcel, y que, lo planteado por la Fiscalía, hasta el momento, es «suficiente» para ser procesado por tentativa del delito de rebelión o conspiración, tras el pronunciamiento público del 7 de diciembre en el que anunció una serie de medidas consideradas como un autogolpe de Estado.
En ese sentido, confirmó que es improcedente la solicitud de nulidad en primera instancia contra la detención preliminar del exmandatario.
San Martín precisó que se trata de una detención en flagrancia, después de que Castillo emitió su mensaje a la nación y se dirigió a la Embajada de México en Perú, pero fue detenido inmediatamente en camino a esa locación.
Además, indicó que se da la posibilidad de peligro de fuga porque el investigado pretendía recurrir al asilo, «cuyos primeros pasos ya había adelantado», según informaron las autoridades de México que han aceptado estar dispuestas a otorgarle ese estatus.
El magistrado explicó que los demás poderes públicos «censuraron» el comportamiento y las medidas anunciadas por Castillo, y que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no las acató.
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