El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante un discurso el pasado lunes
Francia se asoma al abismo del incendio sindical por el retraso de la edad jubilación
Francia se asoma de nuevo al abismo de la conflictividad sindical con los incidentes protagonizados por los «chalecos amarillos» en 2018 y 2019 en la memoria.
El motivo: la reforma del sistema de pensiones que el gobierno del presidente Emmanuel Macron presentará este martes, y que prevé retrasar la edad mínima de jubilación de 62 años a 64 o 65.
El gobierno francés, a pesar de saber que podría causar un incendio social de consecuencias imprevisibles, ha dado luz verde a la propuesta de reforma al ser la única vía para garantizar el equilibrio financiero a partir de 2030.
Según informó Efe, todos los sindicatos se oponen de forma unánime y van a estar reunidos en la oposición a la reforma.
La primera ministra francesa, Elisabeth Borne, comparecerá junto a los titulares de Economía, Bruno Le Maire, Trabajo, Olivier Dussopt, y Función Pública, Stanislass Guerini, a partir de las 16:30 locales, para exponer los detalles de la reforma.
Se espera que, a continuación, los sindicatos realicen otra comparecencia para anunciar las movilizaciones.
Las filtraciones sobre el contenido de la reforma coinciden en que el Ejecutivo se ha decantado por dejar en 64 años la edad mínima de jubilación, y no en 65 como se contempló inicialmente, entre otras cosas porque es una de las condiciones del apoyo del partido conservador Los Republicanos (LR), imprescindible para sacar adelante el proyecto en el Parlamento.
Todas las encuestas muestran que la opinión pública se opone muy mayoritariamente a retrasar la edad de jubilación. En una encuesta divulgada el pasado viernes, el instituto demoscópico Ifop explicaba que un 68 % de los entrevistados están en contra de subirla hasta los 64 años y un 79 % contra los 65.
Consciente de ese estado de la opinión, y de que será aprovechado por la oposición de izquierdas y de la ultraderecha de Marine Le Pen, que rechazan igualmente la reforma, el ministro de Hacienda, Gabriel Attal, ha tratado de dramatizar advirtiendo de que la disyuntiva es «la reforma o la quiebra» del sistema.
Según Attal, si no se lleva a cabo, los números rojos de las cuentas públicas se van a hinchar con medio billón de euros más de agujero en la deuda en los próximos 25 años, unas cifras que se asientan en las del Consejo de Orientación de las Pensiones (COR), un organismo público independiente que elabora análisis técnicos para alimentar un debate informado.
En sus últimos informes, que son la base de discusión entre Gobierno e interlocutores sociales, el COR predice que el superávit puntual que ha tenido el sistema en los dos últimos años se va a invertir rápidamente y de forma duradera.
En concreto, anticipa un déficit de las pensiones que en los próximos diez años supondrá cada año entre cinco y ocho décimas del producto interior bruto (PIB), y eso continuará en el periodo de sus proyecciones hasta 2050.
Rechaza lo que proponen algunos sindicatos y partidos de izquierda, aumentar las cotizaciones patronales, porque estima que eso haría menos competitivas a las empresas y sentenciaría a decenas de miles de empleos, además bajar los salarios.
Una de las incógnitas que quedan por despejar esta tarde es si también se incluirá otra de las condiciones que puso este domingo el presidente de LR, Éric Ciotti, sobre las pensiones mínimas.
Se trataría de extender el compromiso del presidente francés de que los que hayan cubierto el periodo de cotización completa reciban cuando se jubilen al menos el 85 % del salario mínimo, es decir unos 1.200 euros actualmente en 13 mensualidades, no sólo para los futuros jubilados, sino también para los actuales.
En caso de que fuera así, habría que buscar otro mecanismo de compensación financiera para cumplir con la regla de un régimen equilibrado.
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