Si el presidente Emmanuel Macron renuncia a su proyecto de reforma del sistema de pensiones, su segundo mandato quedará lastrado de forma irreversible. Es el único punto que goza de consenso entre la clase política y sindical francesa ante la «jornada de acción» prevista para hoy.
El jefe del Estado y su primera ministra, Élisabeth Borne, se muestran dispuestos a algunos ajustes menores –en relación con las profesiones más penosas y con las mujeres–, pero han advertido que no cederán un ápice sobre el núcleo de la reforma: situar en 64 años la edad para poder jubilarse con una pensión plena.
Hasta la fecha, y desde la reforma, impulsada por Nicolas Sarkozy en 2010-2011, es de 62. Macron prometió elevarla a 65 en su campaña electoral del pasado año. De ahí que los esfuerzos realizados son más que suficientes. De lo contrario, asegura, se pondría en riesgo la viabilidad del sistema.
Y actúa en consecuencia: el proyecto ha sido aprobado en primera lectura por la Asamblea Nacional (cámara baja) y está siendo examinado durante estos días por el Senado. Volverá a la Asamblea antes de final de mes de cara a la votación definitiva, con o sin presión de la calle.
Por parte de los sindicatos –convocantes de la «jornada de acción»–, de los partidos de izquierda radical congregados en torno a la Nupes, y de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, se considera el proyecto como un ataque en toda regla al modelo francés de Estado de Bienestar.
El protagonismo principal de hoy corresponde a los sindicatos, que han fijado en 1,5 millones –según el «recuento de la Policía», precisan– el número de huelguistas a los que pretenden movilizar para, según han anunciado, intentar «paralizar el país» y alcanzar su su objetivo de forzar al Gobierno a «dar una respuesta». En otras palabras, ceder.
Disponen de varias bazas, siendo la principal una unidad de acción poco frecuente en los últimos años: hasta la socialdemócrata y reformista Confederación Francesa Democrática del Trabajo, cuya moderación fue crucial en la aprobación de reformas anteriores –y no solo las relativas a las pensiones–, exige la retirada del proyecto.
Para que el éxito de la cita sea mayor que las convocatorias de enero y febrero, apuestan, asimismo, por el apoyo de la opinión pública: de las últimas encuestas se desprende una mayoría, no holgada, pero sí sensible, hostil al proyecto. La tendencia podría invertirse si se producen actos violentos.
En su contra juegan los antecedentes: la «paralización del país» de diciembre de 1995, las más importante desde mayo de 1968, impactó en un 0,2 % en el PIB trimestral, según estadísticas oficiales. También la inflación galopante y las dificultades de un importante número de hogares para llegar a fin de mes, podría disuadir a muchos de embarcarse en la aventura.