La primera ministra italiana, Georgia Meloni
Europa
La avalancha de pateras obliga a Italia y Reino Unido a blindarse ante la entrada de ilegales
Roma y Londres han optado por endurecer sus políticas migratorias para atajar las llegada de solicitantes de asilo a sus costas
La inmigración ilegal siempre ha supuesto un desafío para Europa que se encuentra dividida entre sus obligaciones con el derecho internacional y de asistencia a aquellas personas que huyen de sus países de origen en busca de una vida mejor y la necesidad de controlar y gestionar una inmigración ordenado y regulada. La tendencia en el Viejo Continente a la hora de hacer frente a los flujos migratorios está cambiando y países como Italia y Reino Unido han optado por endurecer sus legislaciones en este campo.
La tragedia de Calabria ha supuesto un punto de inflexión para el Gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ha anunciado nuevas medidas para atajar la llegada de embarcaciones a sus costas y evitar otra catástrofe como la del pasado 26 de febrero, que le costó la vida a 74 personas, entre ellos 14 menores, incluido un bebé.
Los testimonios de los supervivientes del naufragio son estremecedores. «Los contrabandistas nos tiraron al mar», relató un joven al medio italiano La Stampa. En esta ocasión, la mayoría de los pasajeros de la embarcación huía de Afganistán, un país que sufre una de las peores crisis humanitarias tras la llegada de los talibanes al poder hace ya más de un año y medio. No se trata de la primera tragedia que ocurre a escasos kilómetros de las costas italianas y tampoco será la última.
Asimismo, Roma aprobó un decreto ley que aumenta las penas a los traficantes de seres humanos en el Mediterráneo. Según explicó la primera ministra, se introducirá una nueva tipología de delito de «muerte y lesiones por el tráfico de inmigrantes clandestinos», que contempla condenas de entre 20 y 30 años de cárcel. Este nuevo delito, incluido en el Código Penal, explicó, se considerará «universal», por lo que podrá ser perseguido «incluso si se comete fuera de los confines nacionales».
La reforma de ley también establece un endurecimiento de las políticas migratorias, mediante la restricción de la «protección especial», una tutela que el ordenamiento de Italia añade a las disposiciones de las convenciones internacionales en materia de inmigración y que Meloni, aseguró, pretende «abolir». Por último, Roma reactivará los conocidos como «Decretos Flujos», que establecen cuotas de entrada legal por motivos laborales en función con las exigencias del mercado.
Unas medidas que van en consonancia con las anunciadas recientemente por Reino Unido para hacer frente a la crisis migratoria del Canal de la Mancha. La ministra de Interior británica, Suella Braverman, defendió la nueva normativa explicando que su objetivo era desalentar los cruces y acabar con el negocio de los traficantes de personas que cobran sumas exorbitantes por la peligrosa travesía. La nueva normativa también facilita la detención y expulsión de los inmigrantes, a quienes se prohibirá regresar de por vida, así como pedir la nacionalidad británica, un aspecto que ha provocado las críticas de varias organizaciones de derechos humanos.
El primer ministro británico, Rishi Sunak, aseguró que entre sus prioridades se encontraba atajar el problema de la inmigración ilegal y para ello también se reunió ayer con el presidente francés, Emanuel Macron, en una cumbre que no se celebraba desde 2018. «Compartimos la misma idea: las mafias no deben decidir quién viene a nuestros países», declaró Sunak, delante de un impertérrito Macron. Londres busca la colaboración de París para hacer frente a la llegada de miles de inmigrantes ilegales a las costas inglesas desde el norte de Francia. Un hecho que ha provocado que las relaciones entre ambos países sean más tensas que nunca.
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