Foto de la sesión plenaria del Tribunal de Estrasburgo
Persiste la influencia de las asociaciones de Soros en el Tribunal de Estrasburgo
Corría el mes de febrero de 2020 cuando The European Center for Law and Justice (Eclj), entidad acreditada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Tedh) publicó un informe que demostraba, con exhaustiva documentación –sumaba 200 páginas– los estrechos vínculos entre jueces del tribunal y otras entidades acreditadas, la mayoría de sesgo progresista: Comisión Internacional de Juristas, Aire International, Comités Helsinki, Human Rights Watch, Interights. Muchas de ellas forman parte del entramado satelitario de The Open Society, fundada, financiada y gestionada por el magnate George Soros, que a menudo participa directamente.
Hace tres años, el Eclj aportó las pruebas de cómo, entre 2009 y 2919, 18 jueces se implicaron, en un total de 88 ocasiones, en casos planteados o patrocinados por 7 Ongs de las que habían sido, antes de tomar posesión en el Tedh, directivos o colaboradores. El conflicto de intereses era, pues, evidente.
El estruendo causado por aquellas revelaciones obligó a los Estados miembros del Consejo de Europa –bajo cuyo amparo actúa el Tedh– a tomar cartas en el asunto. Lo han hecho de forma más bien blanda, mediante declaraciones en las que animaban al Tribunal a fortalecer sus controles éticos. A día de hoy, el Comité de Ministros del Consejo de Europa sigue sin contestar si piensa exigir a los jueces, tal y como le pide la Asamblea Parlamentaria (Apce), la publicación de una declaración de intereses.
Y será difícil: el propio presidente de la Apce, el neerlandés Tiny Kox, ha decido no seguir tramitando al Consejo de Ministros las preguntas de los diputados. Con todo, se han producido mejorías: la petición hecha a la Apce, y firmada por 60.000 ciudadanos europeos, será examinada el mes que viene. Asimismo, el nuevo informe del Eclj, al que ha tenido acceso en exclusiva El Debate, constata que, en marzo de 2023, solo 9 de los 47 jueces que integran el Tedh fueron anteriormente responsables de las Ongs en causa. Eran 13 en 2023. Incluso fue rechazada la candidatura, presentada por Bélgica, de una asalariada de The Open Society, Maïté De Rue, para ser juez del Tedh.
Mas estas mejoras son un espejismo: según este nuevo informe, los conflictos de intereses detectados entre 2020 y 2022 se han incrementado: 54 en 34 casos, 18 de los cuales acaecidos en la Gran Sala. En relación a las 7 Ongs incriminadas, su participación se ha multiplicado en dos años: 38 casos frente a 17 entre 2022 y 2022. Más del doble.
Además, en asuntos cruciales, dado que la influencia del Tedh –cuya jurisprudencia se aplica inmediatamente a los Estados miembros– es cada vez más importante en ámbitos como la inmigración o los derechos sexuales.
Por ejemplo, el Tedh falló en 2020 a favor de dos paquistaníes –y contra Rumanía– implicados en actividades terroristas. Los demandantes estaban defendidos por la sección rumana del Comité Helsinki y apoyados por Amnistía Internacional. Dos de los jueces que fallaron a su favor tienen vínculos mantuvieron vínculos con ambas organizaciones. Lo mismo ocurrió en el caso de dos periodistas contra Hungría.
A veces ni se menciona la participación de esdas Ongs en los fallos: así ocurrió, sin ir más lejos, en el caso que enfrentó a Muhammad y Muhammad contra España: la defensa de los demandantes corrió directamente a cargo de The Open Society. Ni rastro de esta relación en el enunciado del fallo.
Aunque la manipulación más gruesa por parte de la organización de Soros tiene que ver con Darian Pavli, el juez albanés del Tedh. Antiguo alumno de la «Central European University», Pavli fundada y financiada por Soros, trabajó por cuenta de Human Rights Watch y The Open Society entre 2003 y 2017, es decir, catorce años. Incluso en su último año al servicio de Soros, supervisó en nombre de este último sobre la reforma judicial de Albania, país en el que The Open Society invirtió más de 131 millones de dólares entre 1992 y 2020. Pues bien, Davli no se apartó en los tres casos en que la reforma fue impugnada ante el Tedh. No estaba obligado: el Tribunal con sede en Estrasburgo, guardián de las esencias del concepto de Estado de Derecho, no contempla la recusación de sus jueces.
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