La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen
Así ha logrado Dinamarca reducir drásticamente la inmigración
Una política restrictiva y consensuada entre los principales partidos ha generado una reducción del 28 % en inmigración y del 82 % en demandas de asilo
El 1 de noviembre de 2022, hace exactamente un año, la coalición de centro izquierda, encabezada por la primera ministra saliente, la socialdemócrata Mette Frederiksen, mejoró sus resultados respecto de los comicios anteriores, celebrados en 2019. El corolario fue el desmoronamiento –2,6 % de los votos– del Partido del Pueblo, la formación populista de derechas, la misma que años antes había logrado colocar a una de sus dirigentes, Pía Kjaersgaard, como presidenta del Folketing, el parlamento monocameral danés, uno de los más antiguos del mundo.
Pero no cundió del todo el desánimo en el seno de las filas: el dulce precio de la derrota electoral fue una rotunda victoria en materia de inmigración, pues los principales partidos daneses –las diversas coaliciones, y no solo la de Frederiksen– habían ido paulatinamente votando leyes que recogían las propuestas de los populistas. Habían entendido que el Partido del Pueblo, más allá de sus excentricidades, era portador de una demanda social consolidada, a la que había que atender si se quería preservar la identidad del país, la convivencia en su territorio y, sobre todo, un Estado de bienestar eficaz y generoso.
Una toma de conciencia –plasmada en un consenso político y social– que ha desembocado, con el paso de los años, en un arsenal de leyes y disposiciones, a cada cual más restrictiva desde el principio hasta el final del proceso migratorio. Así las cosas, en Dinamarca, el acceso a la nacionalidad está condicionado a la superación de un examen de lengua y una prueba de conocimiento de la historia y la sociedad danesas. Esos dos requisitos no agotan la obtención del pasaporte en el país de Hamlet: cualquier condena a pena de cárcel, incluso suspensiva, impide con carácter permanente el acceso a la nacionalidad danesa.
Uno de los pilares más originales del duro arsenal legislativo es la conocida como «Ley de Joyería»: aprobada por el Folketing en enero de 2016, bajo un Gobierno de centroderecha, está destinada a potenciar el efecto disuasorio, concepto alrededor del cual se articula toda la política migratoria. Entre sus disposiciones figuran la facultad, para las autoridades, de confiscar los objetos de valor de los inmigrantes para contribuir a los gastos de recepción, primer alojamientos y tramitación de los casos.
Los bienes en cuestión son dinero, joyas y otros objetos si su valor supera las 10.000 coronas danesas (unos 1.340 euros) y carecen de significado sentimental como, por ejemplo, los anillos de matrimonio. La «Ley de Joyería» fue aprobada por 81 de los 109 diputados presentes aquel día en un Folketing que cuenta con 179 escaños. Entre los que la apoyaron estaban los parlamentarios del Partido Socialdemócrata, entonces en la oposición. Incluida una joven –aunque ya aguerrida política– Frederiksen, cuya etapa como ministra de Justicia contribuyó decisivamente a la evolución de su posicionamiento, desde el idealismo hacia el realismo.
La estrategia danesa en materia migratoria también contempla penas más severas en determinadas zonas del país donde se perciba un alto nivel de delincuencia e inmigración, pues los políticos del país escandinavos no se acomplejan cuando se trata de relacionar la primera con la segunda. Asimismo, Dinamarca retira sin contemplaciones prestaciones y demás ayudas sociales si lo estima oportuno y estimula, a través de indemnizaciones, el regreso a sus países a las personas a las que se ha denegado el asilo en su territorio.
Y puede llegar a hacerlo directamente en los países afectados: sin ir más lejos, en 2015, mientas las crisis migratoria alcanzaba su punto álgido, el Gobierno, a través de su embajada en Beirut, compró páginas enteras de publicidad en periódicos libaneses. En esos espacios se detallaban las nuevas normas aplicables a los refugiados: una reducción del 50 % de las prestaciones sociales concedidas a los nuevos refugiados y la introducción de un periodo de espera de un año antes de poder solicitar la reagrupación familiar.
Los resultados de esta política restrictiva, consensuada y aplicada a largo plazo ha alcanzado sus objetivos: la inmigración cayó un 28 % entre 2014, el año anterior a la crisis de los refugiados, y 2019, el año anterior a la crisis sanitaria. El número total de solicitudes de asilo cayó, por su parte, un 82 %, de 14.792 a 2.716, para un país de 5,8 millones de habitantes.
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