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24 de junio de 2024

José María Ballester Esquivias
José María Ballester Esquivias

Meloni impulsa una revisión constitucional para acabar con la inestabilidad política

Según el proyecto, el primer ministro será elegido por los ciudadanos, se impedirá el transfuguismo y se prohibirán los senadores vitalicios

Actualizada 10:26

Giorgia Meloni, primer ministro Italia y líder de Fratelli d'Italia

Giorgia Meloni, primer ministro Italia y líder de Fratelli d'ItaliaLudovic Marin / AFP

Giorgia Meloni no se paró en barras ayer al describir su proyecto de revisión constitucional como la «madre de todas las reformas». En una inusual comparecencia ante los medios tras el Consejo de ministros, la jefa del Gobierno señaló que se trata de «una reforma constitucional que introduce la elección directa del primer ministro y garantice dos objetivos con los que nos hemos comprometido desde el principio».

El primero es el «derecho de los ciudadanos a decidir quién les gobierna, acabando con el transfuguismo, las intrigas palaciegas y los gobiernos técnicos» o «investidos por encima de la cabeza de los ciudadanos», dijo la primera ministra italiana en rueda de prensa. El otro objetivo es «garantizar que los elegidos por el pueblo gobiernen» con «estabilidad».

Para alcanzarlos, el Gobierno ha elaborado, bajo la batuta de la ministra de Reformas Institucionales, María Elisabetta Casellati, un proyecto en cinco puntos. El primero afecta al cargo del que hoy es titular Meloni, al introducir «un mecanismo de legitimación democrática directa» del presidente del Consejo de ministros, elegido por sufragio universal en votación popular específica.

De salir adelante, el presidente de la República perdería el margen de discrecionalidad del que ahora dispone en el nombramiento del jefe del Ejecutivo. Meloni ha garantizado que el presidente conservará íntegras el resto de las competencias.

Este punto también establece que la elección del primer ministro «tendrá lugar al mismo tiempo que las elecciones a las Cámaras, mediante la misma papeleta electoral». No solo eso: el primer ministro debe ser «elegido en la cámara para la que se presenta» y debe ser «necesariamente diputado». Este último implica, de facto, la desaparición de los llamados «gobiernos técnicos», encabezados por personalidades ajenas a la política como Mario Monti en 2011 o Mario Draghi en 2021.

Según el último borrador, se requiere que el primer encargado de formar Gobierno en funciones obtenga un voto de confianza de los diputados y senadores que apoyaron a la mayoría que ganó en las urnas. Cualquier voto de la oposición será bienvenido, siempre que no sea sustitutivo.

Sin embargo, tal y como informa Il Corriere della Sera, «la propia no está del todo convencida en relación con este último apartado, (…) siendo partidaria de un mandato seco de jefe de Gobierno seco con la fórmula simul stabunt simul cadent, que vincularía su destino al del Parlamento. [Antonio] Tajani [ministro de Asuntos Exteriores y líder de Forza Italia] estaría de acuerdo, pero [Matteo] Salvini [titular de Transportes y mandamás de la Liga Norte] se ha atrincherado y ha exigido que se atempere el poder del premier para chantajear a los diputados amenazando con una repetición de las elecciones».

El segundo punto, consecuencia directa del primero, alinea el mandato del presidente del Consejo de Ministros con el de las Cámaras parlamentarias: cinco años. Así se favorecería «la estabilidad del Gobierno y de la dirección política».

El tercero tiene por objetivo, acabar con el transfuguismo, el ribaltone en la jerga italiana, una de las lacras de la política transalpina: para garantizar «el respeto del voto popular y la continuidad del mandato electoral conferido por los electores», se prevé que el presidente del Consejo «solo podrá ser sustituido por un miembro de la mayoría y únicamente con el fin de proseguir la aplicación del mismo programa de Gobierno». Solo si cesara el mandato de este sustituto, habría que disolver las Cámaras.

El cuarto punto concierne el cambio de ley electoral: se encomendaría a la norma «la determinación de un sistema electoral de las cámaras que, mediante un premio otorgado a nivel nacional, garantice que el partido o coalición de partidos vinculados al Primer Ministro obtenga el 55 % de los escaños parlamentarios, de forma que se asegure la gobernabilidad».

El quinto y último punto contempla suprimir la categoría de los senadores vitalicios, nombrados por el Presidente de la República entre personalidades de prestigio político, intelectual o empresarial. Los ya nombrados seguirían en funciones y los antiguos jefes del Estado seguirían disfrutando del privilegio.

Esta especificidad constitucional italiana, encaminada a aportar experiencia y sabiduría a los debates parlamentarios. Senadores vitalicios fueron, por ejemplo, la premio Nobel de Medicina Rita Levi-Montalcini o el presidente de Fiat, Gianni Agnelli. Pueden llegar a ser decisivos: preguntado en 2006 sobre si apoyaría la investidura de Romano Prodi, el senador vitalicio –desde 1991– Giulio Andreotti, que presidió siete gobiernos entre 1972 y 1992, respondió «Decideró sul momento». Al final, votó a favor. Pero la estabilidad política de Italia dependió de una persona que no había sido ungida por el voto popular. Una anomalía democrática para Meloni.

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