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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald TrumpAFP

Trump anula la ley que prohíbe pagar y recibir sobornos en el extranjero a las empresas de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos pretende modificar la legislación que impide dar mordidas, de ida y vuelta, en el extranjero para aumentar la competitividad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva suspendiendo una ley que prohíbe a las empresas estadounidenses recibir y pagar sobornos de gobiernos extranjeros. El objetivo de Trump es cambiar la actual legislación que también penaliza las mordidas de las inversiones nacionales en el extranjero.

La decisión, como publica el Finantial Times y recoge Efe, también congela los procedimientos penales de estadounidenses que hayan sido acusados de romper la legislación, vigente desde 1977.

El republicano defendió su decisión asegurando que traerá «muchos más negocios a EE.UU.», según comentó a reporteros desde el Despacho Oval.

Junto con la orden ejecutiva, el presidente planea instruir a la fiscal general Pam Bondi a revisar las acciones actuales y pasadas relacionadas con la ley, mientras prepara nuevas directrices para su aplicación, según un documento filtrado a medios estadounidenses.

En el escrito, el Gobierno alega que la seguridad nacional de EE.UU. depende de que el país y los negocios estadounidenses obtengan «ventajas comerciales estratégicas en todo el mundo».

Trump «está deteniendo la aplicación excesiva e impredecible que hace que las empresas estadounidenses sean menos competitivas», indica la Casa Blanca, según las filtraciones.

La ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) prohíbe, en términos generales, los pagos corruptos a funcionarios extranjeros a cambio de obtener o retener negocios.

El Congreso promulgó la FCPA en respuesta a una investigación realizada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) tras el escándalo de Watergate. Esa investigación reveló que empresas estadounidenses habían gastado cientos de millones de dólares sobornando a funcionarios extranjeros para asegurar negocios en el extranjero, según explica el Servicio de Investigación del Congreso.

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